Uno de los aspectos que mayores controversias ha suscitado en el contexto de las reformas emprendidas por el actual Gobierno es el que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. Y es que el incesante proceso de digitalización en la última década ha transformado sustancialmente la manera de entender muchas actividades tradicionales, como las dedicadas a la edición y comunicación.
El actual Proyecto de Ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual prevé el “derecho irrenunciable” de los editores de prensa a percibir una compensación equitativa (canon) por parte de los prestadores de servicios electrónicos de agregación, por la puesta a disposición del público de fragmentos no significativos de sus contenidos. Los cambios propuestos, de ser finalmente aprobados, podrían afectar de manera significativa al desarrollo de Internet en nuestro país, impactando directamente sobre una actividad de enorme relevancia para la modernización de la economía española. De hecho, existen importantes argumentos basados en la racionalidad económica que cuestionan la pertinencia de la reforma.
Precisamente, entre los instrumentos que han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información se encuentran los agregadores de contenidos digitales. Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen servicios de categorización, filtrado y selección de la información relevante para cada usuario. Estos instrumentos facilitan el acceso de los usuarios a un mayor abanico de fuentes de información. Por otro lado, al reducir los costes de búsqueda, disminuye el tiempo necesario para acceder a la información deseada, generando, por consiguiente, ganancias de productividad.
La CNMC ha emitido recientemente un informe en el que subraya la dudosa existencia de competencia directa entre los editores de prensa y los agregadores de noticias, cuestionando la necesidad de que exista una compensación irrenunciable e incluso la dirección en la que, en su caso, debiera producirse esta contraprestación. Adicionalmente, además del perjuicio que se generaría a los usuarios de la Red, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse, observándose potenciales distorsiones de la libre competencia.
En su redacción actual, la modificación propuesta eliminaría la posibilidad de alcanzar acuerdos entre editores y agregadores de contenido, limitando gravemente la libertad empresarial y obligando a quienes voluntariamente desean aplicar otras fórmulas de colaboración a pasar por el aro de la compensación obligatoria.
Álvaro Martín y Diego Vizcaíno son socios de Analistas Financieros Internacionales (AFI)
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