Banqueros, paralizad inmediatamente todos los desahucios. Os perjudican.
La expulsión (“evicción”) de familias morosas de su hogar habitual por no poder pagar la hipoteca es una flagrante injusticia. Una muchedumbre equivalente a los habitantes de Logroño, o Badajoz, o Lleida, perdió en 2013 su vivienda a manos de los bancos acreedores: 38.961 familias (a multiplicar por 3,5/4 miembros), según el Banco de España (EL PAÍS, 20/5/2014).
Es la demostración de una (avisada) incompetencia legislativa. La ley de 18 de abril de 2013 no arregló casi nada, apenas benefició a un 10% de los afectados. Los desahucios aumentaron de 30.034 en 2012, uno cada quince minutos, a los citados 38.961 el año pasado. Las daciones en pago ¡bajaron!, del 38% al 33%.
Expulsar de la vivienda propia al arruinado es la siembra de un veneno social, la creciente desigualdad, que aúna a los sin trabajo y a los sin techo. Y rompe la mínima cohesión social indispensable para evitar una revuelta social generalizada.
Expulsar de la vivienda propia al arruinado es la siembra de un veneno social, la creciente desigualdad, que auna a los sin trabajo y a los sin techo.
Desahuciar es pues injusto, nada inteligente y atenta contra el orden.
Pero además, resulta innecesario. Porque es empresarialmente ineficiente.
Una entidad se dio cuenta de ello a tiempo. La única que no ha practicado ningún desahucio durante toda la crisis, ninguno: el Banco de Sabadell. Lo han certificado así la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) (Cinco Días, 27/5/2014). Como el banco no es sor Teresa de Calcuta, sino una entidad con ánimo de lucro, habrá que colegir que no echar a la gente le sale a cuenta. Y habrá que suponer que si le sale a cuenta, también debería ser beneficioso para los demás bancos.
El Sabadell partía de un nivel más sólido: pocos clientes de renta débil y jamás hipotecas superiores al 80% de la tasación. Pero sobre todo, fue más rápido al montar un operativo que sacó de las oficinas la presión de la pesada interlocución vertical con los deudores (jefatura territorial, departamento de riesgos, asesoría jurídica) e instauró una interlocución horizontal: un solo confesor para cada cliente moroso.
Le hizo un traje a medida: le alargó el plazo de la hipoteca, o le dio nueva carencia de capital, o le concedió una segunda hipoteca, o, al final, se quedó con la propiedad de su vivienda pero otorgándole un alquiler social (de 150 a 400 euros/mes). Esta solución última ha resuelto el drama a más de 3.000 afectados, en un 80% largo procedentes de las diez entidades que compró en el último decenio.
¿Coste de la operación? Unos 35 millones de euros, contando capital y mantenimiento de inmuebles. ¿Beneficios? Reputación, marca, menor presión social, confianza, fidelización de clientes... Al Sabadell le salen las cuentas, y los dividendos. ¿Por qué los otros no lo ensayan? Me avisen si lo hacen. También tendrán cuadro de honor.
[PD. Ampliación de la última columna: el Boston Consulting Group ofreció al Ministerio de Industria su informe sobre la reindustrialización pro bono, sin cobrar].
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