Impuesto, es el tributo, o contribución que los ciudadanos aportan "a lo común". Es voluntario por parte de los Homo Políticos e impuesto para los Homo Idiotas.
El Cesto donde se depositan los tributos y los impuestos, hoy recibe el nombre de "fisco"
Cuando se habla del robo, o substracción fraudulenta del fisco, o "arcas del Estado", sólo se hace para referirse a los homo idiotas, nunca al homo político.
Cuando elegimos de entre los Homo, aquellos ecónomos del fisco, no es fácil reconocer a los idiotas como tales y, por ello, no elegirlos. Por este motivo, ha de hacerse pública su curricular para, con ella, ayudarnos a retirar la paja de entre el trigo, de ayudarnos a separar a los homo idiotas de entre los homo políticos. Cuando digo ayudar, no significa poner al descubierto los idiotas con máscara de políticos.
Lobos vestidos con piel de cordero son habituales y, porcentualmente representan 2/3 del total de homo idiotas y políticos.
Cuando los homo idiotas se transmutaron en homo políticos (mi abuela decía de estos, aquellos homo idiotas que hablaban, que decían cosas, propias de los homo políticos), siguen actuando de modo idiota, como corresponde a su naturaleza, por lo que transforman los tributos e impuestos. Los homo políticos, por nuestra naturaleza, tributamos; sin embargo, los homo idiotas, por su naturaleza vulgar, no pueden comprender nuestra propiedad, de ahí que ellos no tributan, sino, que roban lo público. Actitud que, como idiotas, les es propiedad.
EDITORIAL
Una alternativa fiscal
La economía necesita una reforma tributaria profunda, no rebajas oportunistas de impuestos
El País, 5 Mayo 2014
Un diagnóstico extendido y acertado recomienda acometer una profunda reforma fiscal para ayudar a que la economía española entre plenamente en una fase de recuperación. El primer objetivo de esa reforma debería ser el de garantizar un volumen adecuado de ingresos, incluso en una etapa de crecimiento débil, para hacer frente a los compromisos de déficit y las obligaciones de gasto social. Pero, al mismo tiempo, debería disminuir selectivamente la carga fiscal para estimular la demanda, el ahorro y la inversión, que son los instrumentos económicos obligados para apoyar el crecimiento y el empleo.
Los indicios que el Gobierno ofrece en su reciente Plan de Estabilidad no son alentadores. Parte de la suposición de que el modesto crecimiento económico previsible a corto plazo elevará los ingresos. Aunque tal cosa sucediera, ese aumento sería insuficiente para atender los costes de la crisis y de la deuda. Propone rebajas impositivas por un volumen aproximado de 2.500 millones —cuando las subidas fiscales en la legislatura superan los 30.000 millones—, aplicadas además de forma inorgánica y poco productiva.
La reforma fiscal que España necesita no es una rebaja oportunista de impuestos para recoger votos. Una obligación inexcusable de esa reforma debería ser la de repartir la carga fiscal de forma más equilibrada entre asalariados por una parte, que son los que soportan el mayor peso relativo, y autónomos y profesionales por otra. Es conveniente, por supuesto, reducir el marginal del impuesto sobre la renta, siempre que se coordine con esa redistribución fiscal más justa. El informe de la comisión de expertos fiscales proponía reducir el impuesto de sociedades a cambio de eliminar las desgravaciones del tributo. Es un propósito loable que debería aplicarse con rapidez. Proporcionaría recursos a la Hacienda pública y aliviaría la crítica generalizada de que algunas empresas disfrutan de un paraíso fiscal dentro de las fronteras españolas.
Parece evidente, y en eso no se puede criticar al Gobierno, que los impuestos especiales y los llamados verdes deben subir a medio plazo, no solo para aportar más recaudación, sino para corregir excesos de consumo o de contaminación. Pero la pieza decisiva de cualquier reforma fiscal inmediata es el IVA. El impuesto español ocupa los últimos lugares en recaudación en la Unión Europea y la OCDE. Debe rendir más —las reticencias por su impacto sobre la inflación no se sostienen en un periodo de práctica congelación de precios— y hay que simplificar sus tipos, de forma que los ingresos obtenidos se aproximen a los que se lograrían con el tipo más alto.
El reequilibrio fiscal quedaría incompleto si no se reduce la defraudación. El problema, hay que insistir en ello, no es el fraude de los declarantes sino las bases imponibles ocultas de los defraudadores. La Agencia Tributaria tiene que orientar su actividad hacia el dinero negro y no centrarse exclusivamente en las declaraciones de los asalariados.
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