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9 ago 2015

¿Que se quiere alterar la Constitución sin dar razón de los motivos de tal decisión?. No consiento.

Mariano Rajoy deberá dar las razones, o motivos por la decisión de proponer una "reconsideración" de la Constitución en la próxima Legislatura.

No hay que decir lo que se pretende hacer, sino los motivos por los cuales se pretende hacer.


Basta ya de chiquilladas y necedades en el discurso del pseudopolítico, o idiota disfrazado de político con el fin de engañar al electorado - que no es lo mismo que ciudadano, o individuo español con capacidad legal de votar, sea o no legítimo elector del mentiroso.


Mariano Rajoy ha de aportar el Material utilizado para concluir que se ha de reconsiderar La Constitución de 1978. De igual modo ha de aportar el Método seguido, los Resultados obtenidos, la Discusión seguida y  el porqué eligió como "clave de búsqueda", o "clave de distracción" del discurso político pre-electoral, "reconsideración de la Constitución".

Si, durante la Legislatura actual eligió la política económica como "palabra clave" de distracción, o desinformación, incluso diciendo que el vocero de la misma iba a ser solo él, ¿porqué se abandona esta "liebre", o "zoquete" al que estar anclada la atención del electorado?

No es cuestión de actuar como "emisor". El "receptor", que soy yo, no es pasivo y, por ello, que necesita la "matriz" del "sistema de desinformación que ahora me propone, unilateralmente. Pasivo no quedaré, sino que actuaré con una "señal de mando de entrada" al servo que me permitirá tomar conducta adaptada al Medio Político e Idiota.


Mariano Rajoy ha hecho una propuesta de transformar los cimientos del Estado del Reino de España: "reformar la Constitución".

Ha de comparecer ante el Congreso de los Diputados y el Senado, reunidos en acto solemne para escuchar del Presidente del Ejecutivo y, en presencia del Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, los motivos que han conducido a tomar en consideración una reforma del Acta Constitucional del Estado del Reino de España. Otra fórmula puede ser que, el Jefe del Estado, lea las razones y la propuesta del Presidente del Ejecutivo, no del Ejecutivo como órgano colegiado.


Los partidos desconfían de la reforma constitucional ofrecida por el PP

El PSOE recuerda que el PP ha frenado esta legislatura todas las iniciativas en este sentido




La posibilidad de que el PP proponga una reforma constitucional en la próxima legislatura, que capitaliza la agenda política, provoca las reticencias del resto de partidos. El proyecto, aceptado el viernes por el propio Mariano Rajoy, es visto con desconfianza por el PSOE que recuerda que el PP ha frenado esta legislatura todas las iniciativas en este sentido. Por ejemplo, los populares bloquearon en el Congreso una iniciativa del PSOE para crear una subcomisión que estudiara esa reforma de la Constitución.

Los demás partidos desconfiaron este sábado de la oferta de reforma constitucional realizada el viernes por Rajoy para la próxima legislatura. Así, Isabel Rodríguez, miembro de la dirección del PSOE aseguró que el presidente “de nuevo llega tarde, mal y a rastras” y que supone “la última mentira de Rajoy” y “una nueva artimaña para intentar arañar algún voto”. En su opinión, “cada vez que hay elecciones, tiene una nueva ocurrencia, y en su irresponsabilidad como gobernante igual nos presenta unos Presupuestos Generales del Estado en pleno verano y antes de las elecciones “que una reforma constitucional”. A juicio del PSOE, Rajoy “sabe de las dificultades de su partido y comete la irresponsabilidad de tratar un asunto tan importante en clave electoralista y de partido”.

La diputada recordó que el PSOE enarbola una propuesta de reforma de la Carta Magna desde hace muchos meses, para lo cual registró en diciembre la creación de una subcomisión en el Congreso que fue rechazada por el PP. Es por ello que la parlamentaria plantea al Ejecutivo que “si de verdad quiere trabaja” en la reforma acepte “se ponga a trabajar” en la subcomisión parlamentaria.

La dirigente socialista se ha mostrado convencida de que la reforma se hará “en la próxima legislatura” bajo un gobierno socialista y que al PP no le quedará más remedio que sumarse.

La propuesta de Duran

 

Por su parte, el presidente del comité de gobierno de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que no sabe “si el PP, con su propuesta, quiere racionalizar o recentralizar el Estado de las autonomías”. En declaraciones a Efe, Duran precisó que no entiende “el sentido” de la propuesta del PP y que lo proponga a cuatro días de las elecciones catalanas”. “Creo que la mejor solución para las demandas de Cataluña no pasa tanto por una reforma constitucional como por añadir a la Constitución una disposición adicional que reconozca la específica identidad de Cataluña”, añadió.

De esta disposición adicional, aseguró Duran, se tiene que derivar “una garantía constitucional como mínimo para materias como la lengua, la cultura, la enseñanza y la proyección internacional”. “Obviamente, esto tendría que ir acompañado de un acuerdo de financiación que reduzca sensiblemente el déficit fiscal catalán”, concluyó insistiendo en que hay una vía de solución entre “el independentismo y el inmovilismo, entre los que quieren romperlo todo y los que hacen todo y más para provocar la ruptura”.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, avisó de que la reforma de la Constitución “no es un fin en sí mismo”, por lo que “hay que abrir un periodo de reflexión para saber qué es lo que se necesita, y así saber lo que hay que hacer”. Xavier García Albiol, candidato de PP al 27-S, rechazó este sábado en Badalona que la reforma persiga quitar competencias a las comunidades y señaló que se debería lograr que los servicios públicos sean más eficientes. “No es razonable que un ciudadano de una comunidad no pueda ser atendido en los servicios sanitarios de otra”, dijo avisando que si se “abre el melón” de la Carta Magna será respetando las reglas del juego. Andrea Levy, vicepresidenta de Estudios y Programas del PP, afirmó que su partido está estudiando la posible reforma que pasaría por actualizar el texto de acuerdo con la nueva realidad institucional y el modelo autonómico evolucionado en 35 años.

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