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Es inaceptable no dar la cara tras las graves acusaciones de corrupción hechas por la Fiscalía
El Partido Popular no ha tenido empacho en definirse como “ajeno” a las gravísimas acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que pide 800 años de cárcel para los 41 procesados en la primera fase del caso Gürtel, entre ellos tres extesoreros de la dirección nacional del partido. En los países serios, los principales responsables de la organización afectada habrían salido de inmediato a dar explicaciones y asumir las consecuencias tras un escrito de cargos de tales características. Sin embargo, el partido que gobierna España se esconde tras un simple comunicado desde el que lanza balones fuera.
No estamos en 2009, cuando Mariano Rajoy y su equipo hablaban del caso Gürtel como de “una trama contra el PP”, sino de un sumario en el que ya se han producido dos pasos capitales hacia el juicio: el cierre de las investigaciones por parte del juez instructor, Pablo Ruz, y la formalización de las acusaciones del ministerio público. Salir ahora con la teoría de que el partido no tiene nada que ver con todo eso es poco más que un chiste.
La fiscalía da por confirmada la existencia de una caja B en el partido, una contabilidad paralela opaca manejada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Y además, el ministerio público incluye al PP como participante a título lucrativo, dato este último que el vicesecretario general, Carlos Floriano, presenta como si el partido fuera ajeno a los hechos delictivos. No puede ser más lamentable la gestión política llevada a cabo respecto al caso más voluminoso en la historia de la Audiencia Nacional, con más de 2.000 tomos, el que más recursos ha consumido y en el que decenas de comisiones rogatorias han tratado de desentrañar la compleja red de blanqueo de dinero que habían montado los principales acusados en países de tres continentes.
En nada disminuye la gravedad del asunto el hecho de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal permita la salida de la cárcel de Luis Bárcenas, tras 19 meses en prisión provisional, con 200.000 euros de fianza. Es una decisión de efectos todavía no precisados, pero la reacción pública de la cúpula popular ha sido la misma que frente a las acusaciones de la fiscalía: Bárcenas ya no está en el partido. Como si haber dejado de ser miembro fuera suficiente para pretender que el PP no tenga nada que ver.
Experta en las tácticas del regate, la dirección de esta organización política practica la huida hacia adelante, al parecer confiada en que el balance de la recuperación económica y la agitación del voto del miedo contra “la inestabilidad” le ahorrará en las urnas el pago de las facturas de la corrupción. Difícil empeño ante el peso de las evidencias que vinculan al Partido Popular con una trama de corrupción política de enormes dimensiones. En vez de aclarar los excesos cometidos, el partido gobernante prefiere practicar la política del avestruz.
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