Estábamos en espera del listado de bienes del Partido Populartras la reforma, así como la de los miembros y miembros de su Dirección Nacional, Regional y "Medio pensionista", cuando el Ejecutivo, que no parece ser el responsable del Partido Popular sometido a la acusación judicial de robo y extorsión, nos sale que somos los ciudadanos los que tenemos que publicar nuestras propiedades como idiotas, no como políticos.
He de decir que el Estado Español no tiene competencias en Lughonia, por lo que la política de "buena vecindad" ha de ser la que siga manteniendo nuestra convivencia en el territorio peninsular, insular y de más allá de los mares.
El Estado de Lughonia ya ha tiempo que tiene su mano izquierda presta sobre la vaina y la siniestra libre tras tomar con los dientes la espada corta, tan singular arma lughona. El campo de Puhria está dispuesto para ser pasto de quien ose pisarlo con intenciones de robo.
El Gobierno hará un listado de bienes para la seguridad nacional
Santamaría insiste en que no se suspenderán libertades
La vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaria durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / EL PAÍS
El Gobierno elaborará un inventario de medios de interés para la seguridad nacional, en manos públicas o privadas, que podrán ser movilizados en caso de crisis, según anunció este viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Lo primero que hay que hacer para poder atender una catástrofe es saber qué tienes, dónde y [poder utilizarlo] con una debida indemnización” a sus propietarios, dijo la vicepresidenta, quien citó como ejemplo los helicópteros propiedad de las Administraciones o de particulares.
El Consejo de Ministros acordó remitir al Consejo de Estado, para su preceptivo informe, el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional (LOSN). Una de las novedades del texto es la creación de una nueva categoría, la de “situación de interés para la Seguridad Nacional”, que “viene a llenar un vacío normativo”, ya que regula las crisis que no puedan ser abordadas con los recursos ordinarios de la Administración central, pero tampoco alcancen suficiente gravedad para activar los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, de 1981. La vicepresidenta insistió en que la declaración de una crisis como de “interés para la Seguridad Nacional”, que corresponderá en exclusiva al presidente del Gobierno, sin participación de las Cortes, “no puede implicar la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública”, como sucede en los estados de sitio y excepción, “pero sí permite coordinar mejor” a la Administración central con autonómicas, locales e internacionales.
Santamaría rechazó vincular la nueva ley con “los últimos acontecimientos” —el ataque yihadista al semanario satírico francésCharlie Hebdo— y recordó que su elaboración estaba prevista en la Estrategia de Seguridad Nacional de mayo de 2013, pero admitió que será “un instrumento útil en la lucha contra el terrorismo”.
También negó que la ley tenga como objetivo poner bajo mando de la Administración central a las policías autonómicas o locales. “No se trata de que se asuma el mando de nada, sino de poner nuestros instrumentos a disposición de la envergadura de una situación”, dijo. Y apostilló: “Otras cuestiones son objeto de otros artículos de la Constitución en los que no entra la ley”. Se refería al artículo 155 de la Carta Magna, que prevé la suspensión, total o parcial, de una autonomía si se situara al margen de la ley.
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