Recomiendo su lectura para considerar el drama de la sanidad que actualmente está en curso.
El asalto a la sanidad pública
Pedro Díaz Cepero
El Pais. Opinión, pág. 31, 30-05-13
Por amplia que sea su mayoría, un partido no puede desmontar un sistema de salud.
Tras algunas vicisitudes, en febrero de 1908 se crea, de la mano de Antonio Maura y con la rúbrica del rey Alfonso XIII, el Instituto Nacional de Previsión (INP), la primera institución oficial encargada de la seguridad social y asistencia sanitaria en España. El régimen franquista implanta en 1944, dependiendo del INP, el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) para los trabajadores con rentas más bajas, que va ampliando en sucesivos años sus prestaciones en lo que se conocería como la Seguridad Social. Los Pactos de la Moncloa terminan en 1978 con el INP para transformarlo con una voluntad de mejor control, racionalización y especialización en distintos organismos autónomos: INSALUD, INSS, INSERSO, ISM y la Tesorería General de la Seguridad Social. En 1981 se inicia, hasta su culminación en 2001, el proceso de transferencias de los servicios de sanidad a las CC AA, anotándose en 1986 la promulgación de la Ley General de Sanidad por el Gobierno de Felipe González, colofón de un recorrido centenario hacia un sistema sanitario público, universal y accesible para todos los españoles.
Con un PIB muy inferior al actual y las aportaciones de muchas generaciones fue posible construir, incluso a la sombra tenebrosa de la dictadura, el edificio abierto de una sanidad pública ejemplar. No es legítimo, y estoy por asegurar que tampoco es legal (Ley General de Sanidad, título IV, capítulo II —de las Entidades Sanitarias— artículo 89- 94) que en una legislatura un Gobierno y un solo partido político, por mucha mayoría que les asista, pero en contra de todos los estamentos sociales y médicos, pueda desmontar un sistema de salud urdido dispensario a dispensario, hospital a hospital, persona a persona.
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