Mariano Rajoy fue solemne el pasado 1 de agosto ante el Congreso: “El juez determinará lo que proceda sobre cada una de las insinuaciones; pero ya les adelanto yo que en el Partido Popular ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito”, dijo el presidente del Gobierno ante la Cámara baja, reunida de forma extraordinaria para tratar el escándalo del caso Bárcenas. Con retórica más prudente, pero con la misma rotundidad de fondo, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, puso ayer en evidencia esta afirmación presidencial: “El conjunto de elementos bajo análisis (...) permite confirmar, a nivel indiciario (...) la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”. Es decir, que el primer partido de España manejaba una contabilidad b, según el magistrado.
Ruz recibió el pasado jueves —un día antes de la fecha límite— un informe que había reclamado a la policía sobre la documentación intervenida en el registro del despacho del arquitecto Gonzalo Urquijo, a quien el PP encargó la reforma de su sede central, en la calle de Génova, 13, de Madrid. Estas obras, realizadas entre 2005 y 2011, fueron abonadas con dinero negro, según la contabilidad secreta del extesorero del PP Luis Bárcenas, publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía ha hallado facturas, cuadernos y otros documentos que corroboran estos pagos en b, que también fueron reconocidos por el propio Bárcenas en su última declaración ante el juez Ruz, el pasado 15 de julio.
Los agentes cruzaron los datos intervenidos el pasado 27 de septiembre en el registro de la sede de Unifica —la empresa del arquitecto Urquijo— con las anotaciones de la contabilidad de Bárcenas y con otros documentos aportados por el extesorero popular al juez Ruz. También los cotejaron con la documentación entregada por el PP el pasado 12 de agosto, a requerimiento del magistrado, sobre la obra de remodelación de la sede de Génova 13. El resultado ha sido un informe que certifica la “correlación directa”, tanto de fechas como de cantidades y de personas, entre los papeles de Bárcenas y los papeles de Urquijo.
Con este ansiado informe policial sobre la mesa, el juez Ruz sostiene que los pagos del PP al arquitecto Urquijo no se reflejaron “ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o b llevada en el seno de la citada formación”.
El magistrado indica, en definitiva, que los pagos se atendieron supuestamente “con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja b del partido”. Ruz dice que los extesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta eran los “encargados” de esta contabilidad, que atribuye en todo momento a la formación conservadora. Esta apreciación echa por tierra parte de la línea de defensa política del PP, que se ha empeñado en sostener que las cuentas manuscritas de Bárcenas son un mero apaño del extesorero.
En un auto —resolución judicial razonada— conocido ayer, Ruz insiste en que “se puede confirmar a nivel indiciario la veracidad de las salidas reflejadas” en la contabilidad de Bárcenas en 2008 con referencia a Urquijo, por importe global de 888.000 euros. Esta cantidad, resultado de la suma de cuatro entregas de fondos al arquitecto en ese año, supuestamente no fue declarada a Hacienda por Urquijo. La cuota tributaria defraudada supera los 120.000 euros, lo que supone un delito fiscal del que Urquijo sería autor. El juez considera que Bárcenas y el exgerente del PP Cristóbal Páez, que fue el ejecutivo del partido que trató más directamente con el arquitecto, deben ser imputados como “cooperadores necesarios o cómplices” del delito fiscal de Urquijo.
Con este razonamiento, Ruz da luz verde a una serie de diligencias de investigación. El magistrado ha citado como imputado el próximo 16 de diciembre a Urquijo y a Cristóbal Páez. También cita como testigos a dos empleadas del estudio de Urquijo que mantuvieron contacto con los responsables de la obra de Génova 13, y al exjefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente. Además, va a practicar una prueba caligráfica sobre las firmas, rúbricas y manuscritos hallados en Unifica, y ha pedido a esta empresa que entregue todos los documentos relativos a la remodelación de la planta séptima de Génova 13, donde los miembros de la cúpula del PP, entre ellos Rajoy, tienen sus despachos.
Mientras la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó pronunciarse sobre el auto y eludió una pregunta al respecto, el Partido Popular no cambia de postura y ayer volvió a negar tajantemente la existencia de una cuenta en b: “Hay una sola contabilidad en el PP, que es la enviada al juez Ruz, y está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. En ella constan todos los pagos”, señalan fuentes populares, informa Francesco Manetto.
No obstante, dentro del partido hay voces que consideran evidente que en el pasado existió una caja b, aunque la vinculan exclusivamente a los manejos y a los intereses del antiguo responsable de finanzas. Y el error que varios dirigentes reconocen ahora es que en su momento no se hizo nada para frenar a Bárcenas.
El PSOE exigirá la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que dé explicaciones sobre la contabilidad b del PP.
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