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17 jun 2014

Te casas por interés económico, siempre, por imperativo del Estado y la ayuda de la Iglesia.


La marquesa se vio obligada a casarse con un homosexual,futuro heredero, por parte de su hermano que recibió, a cambio, el dinero con el que pagar sus deudas de juego y de sus relaciones homosexuales. El homosexual se casaba a cambio de tener un hijo su nueva esposa; hijo que debía cumplir quince años para él poder heredar. Este homosexual era estéril por una enfermedad vírica de la infancia, por lo que no podía tener hijo, requisito para ser reconocido como heredero. Su esposa debía tener un hijo con el compañero sentimental del futurible heredero. Así se hizo.


Para procurar tener un hijo con quince años el parto de realizó en una localidad fuera de Oviedo y se le hizo un registro con fecha de nacimiento muy anterior a la del nacimiento.

Cuando se iba a cumplir la edad de quince años falsa, surgió un imprevisto, el homosexual potencial heredero es declarado no hijo por un Tribunal Superior de Justicia de Madrud, por lo que cambio de identidad mediante la colaboración de funcionarios del Registro Civil, Notario y Juez.

Una historia real propia de un Estado fallido creado por la muestra traidora de españoles que, liderada finalmente con el hombre de trapo, Francisco Franco, sembró de homicidios a la España consentidora y alcahueta.

La redacción y documentación de esta historia será editada en el momento oportuno, según decisión testamentaria mía, en base a mis intereses históricos familiares.

Ella irá acompañada por aquella historia del médico homosexual que se casa por interés de obtener un título académico, con una mujer extranjera.



Obligar a una persona a casarse ya es un delito en Inglaterra y Gales

La ley, que también castiga a los que promuevan matrimonios forzosos en el extranjero, contempla penas de hasta 7 años de cárcel

El País, Patricia Tubella Londres 16 Junio 2014 

  • Obligar a una persona a contraer matrimonio ya es un delito en Inglaterra y Gales, con la entrada en vigor desde hoy de una ley que contempla penas de hasta 7 años de cárcel. Los más de 1.300 casos que el Gobierno británico tuvo que encarar el año pasado revelan la magnitud de un problema social que en su mayoría afecta a mujeres de comunidades procedentes de Pakistán, India y Bangladesh.

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    Desde hace seis años, los tribunales británicos estaban habilitados para emitir disposiciones judiciales con el objetivo de impedir que una víctima sea obligada a casarse a la fuerza. La nueva legislación, sin embargo, pasa del ámbito civil al penal y prevé por primera vez la imposición de penas de prisión para castigar este tipo de delitos “y emitir un contundente mensaje a quienes sigan promoviéndolos en el futuro”, en palabras de la ministra del Interior, Theresa May, promotora de la iniciativa.
    Un matrimonio forzoso, según la definición que recoge la nueva ley, “es aquel en el que uno o los dos contrayentes no han consentido esa unión pero son coaccionados” por medios que incluyen “la presión física, psicológica, financiera y sexual”. El 15% de sus víctimas son niñas menores de 15 años, confirman los datos del Home Office, que en los casos más trágicos acaban convirtiéndose en esclavas domésticas de día y en esclavas sexuales por la noche.
    Uno de los puntos más destacados de la normativa es que también busca castigar a aquellos ciudadanos británicos que promuevan los matrimonios forzosos en el extranjero. El verano pasado, el Home Office pidió a profesores, médicos y personal de aeropuertos que estuvieran alerta ante el periodo de receso escolar para detectar si familias de potenciales víctimas se llevaban a sus hijas “de vacaciones” con el objetivo real de casarlas a la fuerza en un país tercero. Tan sólo entre los meses de junio y agosto, la unidad policial que persigue esa práctica recibió más de 400 denuncias.
    Los 1.302 casos investigados por las autoridades británicas a lo largo de 2013 como uniones forzosas afectan a comunidades procedentes de hasta 74 países diferentes, aunque la gran mayoría se produce entre familias originarias de Pakistán (43%), seguido de India (11%) y Bangladesh (10%). Los afectados son principalmente mujeres (82%), aunque también un 18% de hombres son víctimas de ese delito.
    Las organizaciones que trabajan y apoyan a esas mujeres y hombres, con especial atención a los menores, han acogido muy favorablemente la nueva legislación que tendrá su réplica en Escocia a finales de año. Casos como el de una chica de 17 años que se fue con su familia de vacaciones a Pakistán, donde fue forzada a casarse con un primo hermano a quien no conocía, serán a partir de ahora perseguidos por la justicia. La joven, que relató su calvario a la BBC bajo condición de anonimato, escapó de sus parientes a su regreso a Londres y fue asistida por las autoridades. Desde entonces no ha vuelto a ver a su familia, que le ha impedido volver a casa y proseguir con sus estudios porque ha sido repudiada.

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