El Ejecutivo admitica su discapacidad política y entiende que su capacidad, la que le es propia, es la capacidad idiota.
Comienza por entregar su responsabilidad política en los barrios a la gestión privada.
Supongo que subiendo de nivel, la gestión política del Ejecutivo pasará a ser gestionada con carácter idiota, o "privado".
La pregunta que me hago es: ¿para que se han elegido?.
Ya se ha pasado de la privatización de servicios públicos a la privatización de la administración pública. Esta, no obstante, ha sido hecha por todos los Ejecutivos habidos. Solo hemos de tener en cuenta la cantidad de asesores contratados por su discapacidad.
Lo que está sucediendo con este Ejecutivo es propio de la estructura corrupta del Partido Popular, resultado del lavado de cara de la corrupcion del Partido Alianza Popular.
El Gobierno planea abrir la gestión de los barrios a entidades privadas
Los comerciantes de los distritos pagarían para mejorar sus servicios
Lluís Pellicer lLBarcelona 23 Junio 2014
Escaparate de una tienda en la calle de Serrano de Madrid. / GORKA LEJARCEGI
El sistema que llevó de la degradación a la exuberancia a lugares como Times Square, la plaza por excelencia de Nueva York, puede llegar a España si prosperan los planes del Ministerio de Economía. Se trata de cambiar el modelo de gestión de un barrio o un distrito de una ciudad y encomendarlo a una nueva figura, el distrito de mejora empresarial (BID, por las siglas en inglés de business improvement district), en el que se entrega al menos una parte de su gobernanza a manos privadas. Esa figura ha supuesto la creación de zonas de primera más limpias, con más seguridad y mejores servicios. El PP ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Congreso instando al Gobierno a poner en marcha esta figura, “desarrollando los programas de incentivos y propiciando todos los cambios normativos que para ello fuese necesario”.
Casi medio siglo después de que se creara el primer BID en Toronto (Canadá), una veintena de países emplean ya esa figura. Asociaciones de comerciantes o empresarios asumen tareas que van desde el mantenimiento, la limpieza y la promoción del barrio hasta cuestiones mucho más polémicas como la seguridad. Todo depende de hasta dónde esté dispuesto a llegar el legislador y la entidad que se cree. La principal diferencia con las actuales asociaciones de comerciantes radica en que la pertenencia no es voluntaria: todos los comerciantes deben abonar una tasa que recauda el Ayuntamiento y que luego ingresa en las arcas del BID. “La fórmula permite eliminar la figura del free rider, es decir, del comerciante que no paga las cuotas, pero que se beneficia de las mejoras que consiguen los asociados que sí las abonan”, explica Helena Villarejo Galende, profesora de Derecho Público de la Universidad de Valladolid.
La constitución de un BID no supone en ningún caso que la Administración deje de actuar en ese barrio. Sigue proporcionando los mismos servicios que antes de su creación, pero sí delega, o al menos comparte, competencias, lo cual supone una cierta privatización de la gestión y el gobierno del espacio público. “Se está creando un gobierno privado, por lo que en muchos casos la Administración forma parte del consejo de la entidad”, expone Villarejo. Además, la autoridad municipal debe aprobar su creación, que requiere de dos condiciones: un plan de negocio y un referéndum entre los comerciantes. Cada país exige una mayoría más o menos cualificada en esa consulta para que el proyecto salga adelante.
Los profesionales del comercio llevan tiempo pidiendo la creación de esa figura legal en España. “Históricamente, las asociaciones de comerciantes se han encargado de dinamizar los centros de las ciudades. Las actividades que se hacían, como los shopping night[noches de tiendas abiertas], tenían una parte de financiación pública que con la crisis ha desaparecido. Los BID permitirían afrontar esos gastos”, señala Carlos Bejarano, secretario de la comisión de Comercio y Ciudad de la Confederación Española de Comercio. La idea de la patronal es que a finales de año ya se haya elaborado una normativa básica que cada comunidad autónoma pueda luego adaptar.
Las áreas de mejora empresarial
- ¿Qué es un BID? Los Business Improvement District (BID) —en castellano distritos de mejora empresarial— son una forma de colaboración público-privada que se materializa en organizaciones privadas que comparten con la Administración la gestión de barrios de una ciudad.
- ¿El Ayuntamiento deja de prestar servicios? No. El sector público sigue ofreciendo las mismas prestaciones, pero los comerciantes añaden servicios extra.
- ¿Quién paga los extras?Los comerciantes los cubren con una aportación vinculada al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que recauda el Ayuntamiento. Posteriormente, el consistorio devuelve las cantidades a la organización empresarial.
- ¿Es obligatorio pagar? Sí. Para crear el BID se realiza una votación entre los empresarios. Si la mayoría que fija la ley se halla de acuerdo, todos los propietarios deben abonar la tasa.
- ¿Qué servicios presta?Depende del barrio y de la legislación del país, pero, sobre todo, se dedican a la promoción comercial, la comunicación, la celebración de
- ¿Hay experiencias de BID?El primero se creó en Toronto (Canadá), en 1969. Desde entonces se ha implantado en países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Alemania y Holanda.
Fuentes de Economía aseguran que ya se está trabajando en esa figura, aún sin plazos. La proposición no de ley aprobada por la comisión correspondiente del Congreso insta al Gobierno a avanzar en la implantación de los BID en España. El texto considera que las calles comerciales requieren de “estrategias de promoción y gestión” similares a los centros comerciales y “disponer de un sistema propio de financiación”.
La propuesta del PP define estas figuras como “organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente” que prestan “servicios públicos adicionales dentro de un área geográfica específica” con los ingresos que obtienen a raíz del pago de un “impuesto por parte de los propietarios y/o comerciantes”. “En ellos, los propietarios comerciales pagan tasas extra para recibir servicios extra”, reza la proposición, que pone la figura como fórmula para competir con los centros comerciales ubicados fuera de las ciudades y para dotar a los centros urbanos de más recursos sin necesidad de subir los impuestos a los ciudadanos. Solo Izquierda Plural se opuso.
A la espera de que Economía disponga de un borrador, Cataluña y Madrid han ido perfilando esas áreas.El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) y los comerciantes llevan años reivindicando esa regulación. “Hemos firmado un convenio con el sector que hemos llamado preBID,pero nos falta la legislación pertinente”, explica su teniente de alcalde de Promoción Económica, el socialista Amadeu Aguado. Ese acuerdo, afirma el concejal, supone crear una “mesa de trabajo permanente” que decide de forma concertada sobre actividades de ocio, cultura, limpieza, mantenimiento o promoción.
El Gobierno catalán trabaja también en la creación de esas áreas, a las que denomina “comunidades de promoción de iniciativas empresariales”. El PSC presentó incluso el pasado diciembre una proposición de ley para regular las “áreas de promoción de la economía urbana” que acabó siendo rechazada. El Ayuntamiento de Barcelona ha realizado un estudio jurídico para delimitar esas zonas, aunque por ahora las ha aparcado al concluir que primero requiere un marco regulatorio estatal y autonómico, indican fuentes municipales.
En cambio, el consistorio de Madrid sí ha aprobado este año crear lo que ha denominado “zonas de iniciativa emprendedora”. Su subdirectora general de Comercio y Mercados, Concha Díaz de Villegas, explica que “esas entidades, que se conciben como los BID españoles, deben servir para que los comerciantes puedan prestar servicios suplementarios a los que da el Ayuntamiento”.
A falta de una regulación estatal, la Corporación propone que la recaudación se realice a través de contribuciones especiales. Los comercios pueden proponer, por ejemplo, una iluminación para Navidad y requerir que el Ayuntamiento recaude una contribución especial. La solicitud debe estar avalada por un 51% de los comerciantes y dos terceras partes de quienes deben abonar lo que se quiere recaudar.
Estas zonas no solo son de tiendas. En España algunos polígonos industriales y áreas de oficinas se han interesado por constituir estas entidades, y en Alemania incluso ha habido alguna experiencia en el sector residencial. En Escocia, por ejemplo, en seis años se han implantado 40 áreas de este tipo. Una portavoz de Business Improvement District Scotland, la organización que coordina los BID escoceses, explica que, después de esa primera fase, los esfuerzos se dirigen ahora a crear entidades temáticas: para parques empresariales, ocio y turismo, marina, cultura y arte, alimentación o la moda.
El grado de privatización del espacio público dependerá del legislador. Miguel Bratos, investigador de Sociología de la Universidad de Valladolid, prevé que el modelo español se basará en el británico y el norteamericano. El único documento que desarrolla las funciones de unos eventuales BID es la rechazada proposición del PSC. Este texto incluía actividades de promoción o regeneración comercial, pero también la mejora de “los grados de prestación de servicios públicos municipales, así como medidas que mejoren la vigilancia y la seguridad de las calles y los espacios urbanos donde se concentra su ámbito de actuación”.
Bratos recalca que la seguridad es uno de los aspectos “más polémicos”, pues supone dar más peso a la vigilancia privada. “En algunos BID existen los safety ambassadors, unas patrullas que circulan por la zona para disuadir de ciertos actos y que avisan a la policía. Trasladarlo a España es complicado”, incide. En algunos, incluso, se actúa contra la mendicidad. No se echa a los mendigos, cuenta Bratos, pero se llega a presionar a quienes piden en la calle para que abandonen el barrio. Villarejo coincide en que la controversia de los BID tiene que ver con “el ejercicio de las funciones públicas”. “Se plantea un problema cuando se instalan cámaras de vigilancia o cuando se decide qué actividades son o no deseables”, asevera.
La seguridad no supone una prioridad para todos los BID. Lo ha sido en barrios con problemas de delincuencia, pero no en los que requerían, sobre todo, de actuaciones de promoción económica. Díaz de Villegas rechaza que la regulación española alcance ese extremo. “En algunos países han llegado incluso a dictar normas de convivencia. Aquí no se piensa en eso”, dice.
Los comerciantes demandan crear esas zonas para realizar más acciones de impulso, pero piden una legislación “flexible” que no cierre ninguna puerta. Tampoco la de la seguridad. El director de la Confederación de Comercio de Madrid, Guillermo González, explica que el barrio londinense de Candem pidió montar un BID para afrontar la inseguridad. “Eso no significa que vaya asumir competencias en seguridad, sino que los recursos van a ir a promover una zona comercial más segura. Y en el caso de Candem, una vez lo consiguieron, dedicaron sus esfuerzos a mejoras en promoción comercial o iluminación”, incide.
Villarejo reconoce que los BID han sido una herramienta para regenerar barrios, atraer a más visitantes y subir las ventas de los comercios. Pero su éxito conlleva procesos de gentrificación: cada vez más ciudadanos se interesan por el barrio, que incluso se pone de moda. Y eso revaloriza las propiedades e incrementa los alquileres de las viviendas y los locales, lo cual puede llevar a la expulsión de los vecinos de siempre y el comercio tradicional y derivar en la conformación de barrios de primera y segunda. “Algunas actuaciones pueden contribuir a eso. Si se disuade a los mendigos de quedarse en un barrio, se van a otro”, razona Bratos.
Nueva York: 75 millones de euros en servicios
Si bien los Business Improvement Districts (BID) nacieron en Canadá a finales de la década de los sesenta, fue en Estados Unidos donde se produjo su eclosión. El modelo que el mundo mira hoy es el de Nueva York, que suma 69 áreas. Algunas de ellas apenas se ciñen a un par de calles o plazas y gastan 50.000 dólares (unos 36.000 euros) anuales, pero otras cubren grandes zonas y cuentan con un presupuesto que ya quisieran para sí muchos Ayuntamientos españoles. Por ejemplo, el BID de Downtown Alliance, en el sur de Manhattan, dispone de 16 millones de dólares (11,7 millones de euros) para prestar servicios.
Las principales áreas a las que se dedican los BID de Nueva York son saneamiento y limpieza, que se comen la cuarta parte del presupuesto; seguridad (20%); mercadotecnia, comunicación, eventos y atención turística (16%) y luces para periodos vacacionales (16%).
Los números de 2012, los últimos disponibles, dan cuenta del éxito de sus actuaciones: se borraron de las fachadas casi 75.000 grafitos, se mantuvieron más de 230.000 plantas, se realizaron más de 3.000 eventos públicos, se recogieron 3,5 millones de bolsas de basura y se instalaron 107 obras de arte en la calle. Además, los 69 BID de la ciudad emplean a más de un millar de ciudadanos.
Sin embargo, estas figuras también tienen sus detractores en Nueva York. Las campañas por el noestán protagonizadas por tenderos que no quieren abonar la tasa o bien por vecinos que no quieren ver su barrio convertido en un centro comercial y turístico al aire libre y que temen ser expulsados de allí cuando se ponga de moda. Es el caso del Soho, donde grupos de residentes se opusieron al proyecto.
El Ayuntamiento de Nueva York, sin embargo, ve esas áreas como una oportunidad para regenerar barrios y crear riqueza. El consistorio no decide qué zonas deben ser un BID, pero asisten a las comunidades que deciden optar por este instrumento a través del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas. Una portavoz explica que los 69 BID prestan “servicios suplementarios” por “más de 100 millones de dólares” (73,5 millones de euros). “Los BID están creando lugares más limpios, seguros y atractivos para visitar, vivir, trabajar, comprar y tener una empresa”, asegura.
El Ayuntamiento añade que en Nueva York los BID están diseñados para “sopesar y dar voz a las necesidades de propietarios, arrendatarios y las partes interesadas de la comunidad antes de su formación”, lo que, afirma, también sucede durante la elaboración del presupuesto, cuando se evalúan los fondos que se destinarán a servicios complementarios y de mejora del barrio.
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