Registro de pasajeros

El registro de pasajeros que ultima el Gobierno divide a los partidos

Varios países de la UE ya lo tienen, pero el Parlamento Europeo lo rechazó en 2013

El País, Fariza/José Maria Jiménez Gálvez, Bruselas / Madrid 8-01- 2015

Archivado en: Comisiones PE UPyD Parlamento europeo IU PSOE Yihadismo Partidos políticos UE Organizaciones internacionales Europa Terrorismo Política Relaciones exteriores

Concentración en Madrid en repulsa por el atentado de París /Gorka Lejarcegi

De la prudencia, al total rechazo. La decisión del Gobierno de Rajoy de crear un macrofichero con datos de pasajeros de líneas aéreas reaviva las discrepancias entre los principales partidos políticos españoles con representación en la Eurocámara, el ente que debe dar el visto bueno a cualquier iniciativa comunitaria. El Ejecutivo español ultima la incorporación de España al ramillete de 15 países que cuentan con su propio registro de pasajeros (PNR, por sus siglas en inglés) o que apuran los plazos para su puesta en marcha con el respaldo financiero de la UE. Este instrumento, pensado para detectar a tiempo el regreso de excombatientes islamistas a territorio europeo, cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, que recela sin embargo de una aplicación parcial —solo en algunos Estados— que limitaría su radio de acción y dejaría fuera al resto de socios europeos.

Los técnicos comunitarios matizan que este instrumento no sería un registro de pasajeros en sí, tal y como lo concibe Bruselas para el conjunto de los Veintiocho, sino de una unidad de información de pasajeros que podría erigirse en “embrión” del futuro fichero europeo. Se trata, añaden, de una “fase preliminar” de un PNR comunitario. La propuesta recibió el rechazo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara en abril de 2013.

MÁS INFORMACIÓNEl Parlamento Europeo rechaza el registro de datos de pasajerosLa UE reclama controles de fronteras contra el yihadismoLa UE vigilará los viajes de los europeos sospechosos de yihadismoLos seis grandes de la UE plantean reforzar el control a los yihadistasEspaña creará un fichero de viajeros en avión para detectar a yihadistas

La negativa parlamentaria, con la oposición frontal de parte de la izquierda, verdes y liberales, que denunciaron la violación de derechos fundamentales, impidió que el instrumento común saliese adelante y provocó críticas en aquellas capitales que abogan por la creación inmediata del registro paneuropeo —entre ellos los seis Estados más poblados de la Unión: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Polonia—, que consideran que, sin la herramienta, la UE corre el riesgo de que los yihadistas que se encuentran ahora Oriente Próximo regresen a territorio europeo.

La delegación española más nutrida en Bruselas, la del PP, mantiene su apoyo sin fisuras al registro paneuropeo de datos de pasajeros. Agustín Díaz de Mera, eurodiputado y exdirector general de la Policía, se muestra “inequívocamente a favor” de un instrumento que califica de “muy útil” para la prevención de atentados terroristas como el cometido el miércoles en París. “Vamos a trabajar intensamente para que se convierta en realidad; es inconcebible que países como Francia o Reino Unido ya lo tengan y que no esté disponible en todos los Estados miembros”, añade. Díaz de Mera confía en que el atentado contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo cambie la sensibilidad de los eurodiputados que más reticencias han mostrado.

El eurodiputado socialista y expresidente de la Comisión de Libertades, Juan Fernando López-Aguilar, se muestra favorable de la adopción de un PNR europeo, pero expresa sus reservas sobre la privacidad de los ciudadanos y sobre la proporcionalidad de la medida propuesta por los Gobiernos al Parlamento. “El Consejo quiere que los datos se puedan retener durante cinco años y nosotros queremos limitarlo a tres”, sostiene. Además, el exministro de Justicia añade que la herramienta debería ser ideada para proteger a los Veintiocho frente al terrorismo, sin que se incluya la comisión de delitos graves —“cuya definición cambia en función de la legislación de los Estados miembros”—, tal y como quiere el Consejo. “Solo estaríamos dispuestos a incluir estos delitos si se elabora una lista cerrada, no con una definición genérica”, matiza. López-Aguilar tampoco está de acuerdo con su aplicación asimétrica, únicamente en algunos Estados miembros, y aboga por una regulación “para todos los países de la UE”.

"El PSOE, en base al pacto antiterrorista, considera que le corresponde dirigir al Gobierno esa política", señala, por su parte, Antonio Trevín, portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. El principal partido de la oposición, en consonancia con ese pacto y "respetándolo siempre", quiere sentarse a hablar ahora con el Ejecutivo para que les expliquen cómo se concreta ese proyecto y cómo se desarrollan dentro de la UE las políticas coordinadas en materia antiterrorista. “Queremos saber qué papel juega España”, remacha Trevín al valorar la puesta en marcha de este nuevo fichero.

"Creo que el Gobierno está aprovechando el clima creado por el atentado de París de forma oportunista y partidista", subrayaGaspar Llamazares, portavoz adjunto de IU en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. “Este fichero se suma a muchos otros que ya existen y supone una restricción de la libertad. No se puede legislar en caliente. Hay que reflexionar”, recalca. “Lo tienen desde hace décadas los aeropuertos de EEUU e Israel. Solo implica menos libertad y ninguna seguridad”, ha afirmado el diputado, A su juicio, la intención del Ministerio de seguir adelante con el fichero, pese a la oposición de la Eurocámara, responde a su “empecinamiento y obsesión represiva”.

La líder de UPyD, Rosa Díez, destaca la importancia de que convivan los derechos de seguridad y libertad. "Es preocupante que estas decisiones se tomen al margen del debate, prolijo y largo, que se ha llevado a cabo en la comisión de libertades del Parlamento Europeo", subraya. "¿Más seguridad? Sí. ¿En qué condiciones y a cambio de qué? Eso es lo que hay que debatir". Por su parte, Podemos, contactado por EL PAÍS, ha preferido no entrar a valorar este asunto.