La reforma de la justicia universal subleva a los fiscales de la Audiencia
Los acusadores públicos consideran que la laminación de la jurisdicción internacional “cercena cualquier posibilidad de persecución de delitos de derechos humanos”
El País, FEERNANDO J. P Madrid 26 FEB 2014
El grupo popular en el Congreso impuso el pasado 17 de febrero una tramitación parlamentaria ultrarrápida para la reforma de la justicia universal con el objetivo de que a finales de marzo estén archivados los sumarios que más quebraderos de cabeza diplomáticos han generado al Gobierno español. El Ejecutivo prevé que el texto se apruebe incluso este mismo jueves en el Congreso definitivamente tras su paso por el Senado.
La junta de fiscales de la Audiencia Nacional, presidida por el fiscal jefe Javier Zaragoza, se suma a la posición expresada por las asociaciones progresistas de jueces y fiscales y por las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos más relevantes. En el escrito remitido a Torres-Dulce, los fiscales que más de cerca siguen los sumarios de crimen transnacional, señalan que la reforma “limita notablemente la investigación y persecución de actividades delictivas especialmente graves como el terrorismo, el tráfico internacional de drogas, la trata de seres humanos en sus distintas modalidades o la piratería”. También señalan que tendrá efectos nocivos para la persecución de secuestros de aeronaves, prostitución y corrupción de menores o los delitos “de naturaleza intrínsecamente transnacional” relacionados con el uso de nuevas tecnologías, como la pornografía infantil o la ciberdelincuencia.
El texto que propone el PP no solo alarma a jueces, fiscales y ONG. El Ministerio del Interior se ha movido para modificar una redacción que dificulta en gran medida la posibilidad de que la policía asaltara barcos con bandera de conveniencia en aguas internacionales cargados de droga. En el trámite de enmiendas, el texto ha sido retocado para hacer factible esta persecución.
El texto de los fiscales de la Audiencia Nacional señala que “la introducción de criterios tan marcadamente excluyentes” en la jurisdicción universal “solo contribuirá a generar espacios de impunidad” en la persecución de los delitos transnacionales, y a “neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales”. Esto supone el riesgo, según los fiscales, de “entorpecer el cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales asumidos “por España y que forman parte del ordenamiento jurídico español. Algunos jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se plantean la posibilidad de interponer cuestiones de constitucionalidad en el momento en que se vean obligados a archivar los sumarios de justicia internacional cuando entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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