Un sector del Poder Judicial pedirá al Gobierno que retire la ley del aborto
El borrador de informe de una de las ponentes tacha la norma de “criminalizadora"
El anteproyecto pone a la mujer por detrás del concebido, dice la vocal
Gallardón se dispone a besar a Santamaría, en presencia de Báñez, tras la votación del aborto. / ULY MARTÍN
El anteproyecto de ley del aborto, que ha provocado el rechazo en bloque de la oposición parlamentaria y de distintos colectivos sociales, y la división interna en el PP, va camino de fracturar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo, que debe pronunciarse sobre el anteproyecto antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente, encargó el informe a dos ponentes: una del sector del CGPJ más cercano al PSOE y otra del más cercano al PP. Ayer se conoció el borrador de informe que ha elaborado la primera de ellas, la abogada Pilar Sepúlveda. Un texto durísimo que pide la retirada del anteproyecto de ley y acusa al Ejecutivo de atentar contra los derechos de la mujer con una ley “anacrónica” y “criminalizadora”.
La autora del informe subrayó en un comunicado que se trata solo de “un documento de trabajo preliminar” sobre el que aún está trabajando, aunque fuentes del Consejo aseguran que lo fundamental se mantendrá. Incluida la exigencia de que el anteproyecto de ley sea retirado. En cualquier caso, esas tesis de Sepúlveda tendrán que confrontarse luego con las de la otra ponente, Carmen Llombart, del sector conservador, y ambos informes (porque es muy improbable que ellas lleguen a un acuerdo, según dichas fuentes) serán votados por el pleno del CGPJ, previsiblemente en marzo. Ese informe final, que es el que será elevado al Gobierno, no es vinculante. Los vocales nombrados a propuesta del PP tienen mayoría absoluta en el Consejo.
El asunto del aborto partió en dos el CGPJ en 2009, cuando tuvo que informar sobre la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hubo un empate y, por primera vez en su historia, el Poder Judicial no fue capaz de emitir una opinión sobre un anteproyecto de ley.
El informe preliminar de la vocal Pilar Sepúlveda empieza lamentando que la ley de plazos actual vaya a ser sustituida por un modelo de supuestos despenalizados “más restrictivo” que el de 1985, “que no solo nos aleja de la práctica europea mayoritaria sino que nos sitúa en el ámbito de las regulaciones más restrictivas”. Ese nuevo modelo considera a la mujer un “mero instrumento al servicio de la maternidad” y supone “un retroceso en la igualdad”.
Según Sepúlveda, el anteproyecto “representa un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales” de hace 30 años. “Son sobradamente conocidos los resultados de la legislación restrictiva de 1985: aborto clandestino para las mujeres sin recursos económicos, y turismo abortivo para las que disponían de los medios económicos necesarios, sin olvidar el fraude de ley, tan denunciado, a que condujo la aplicación de dicha ley”, afirma.
En el anteproyecto del PP, sostiene la vocal —que hace una introducción muy política para luego entrar en el aspecto jurídico—, los derechos de la mujer “decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido”. No existe, prosigue, ninguna “demanda social” para cambiar la ley actual; al contrario, señala: el anteproyecto “ha creado una verdadera alarma social” y ha motivado las críticas de “todos los sectores jurídicos, sociales y políticos, salvo los ultraconservadores”.
La futura ley, dice el borrador de informe, “desconoce la evolución de la sociedad española” y opta “por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, que retrotrae a tiempos pasados” y elimina “el ámbito de decisión de la mujer”. Lo hace, según Sepúlveda, aferrándose a una “interpretación estática de la jurisprudencia constitucional”. En consecuencia, la vocal propone que el Consejo pida al Gobierno que espere a la sentencia del Constitucional sobre la ley de plazos y que, entre tanto, retire el anteproyecto.
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