Privatización de pensiones y obligación de la pública devaluada retrospectivamente

Las pensiones públicas se reducen, manteniendo su abono anticipado de carácter obligatorio.

Los pensiones públicas se reducen. El decir que suben el 0.25% es en realidad, reducirlas en un 2%, si tenemos en cuenta que los costes de vivir suben un 2.25%, como mínimo, si no se tiene en cuenta la elevación del coste de la energía, que ya se anuncia en 100€ anuales si se opta por una tarifa fija que es la opción mayoritaria en base a la imposibilidad de hacer c.alculos que tienen todos los españoles, incluidos el ministro y los técnicos del Ministerio de Energía.

Dado que desciende la pensión pública, si queremos tener una pensión de cuantía similar se ha de contratar una pensión privada por más de treinta años. El coste mensual de una pensión privada que complemente el robo de la pública, sólo lo eS posible durante no menos de treinta años. Es decir, hay que pagar una pensión pública y privada durante toda la vida laboral para poder tener una pensión como la que se tenía con la pública en el año 2011.

Esta actuación, de carácter retroactivo a la firma del contrato del trabajador es ilegal.

Las pensiones subirán solo el 0,25% hasta 2017

La revalorización mínima costará unos tres puntos de poder adquisitivo en tres años

El mayor coste de la deuda se compensará con un menor pago de nóminas públicas

• Los impuestos bajarán en 2.000 millones tras subir en 30.000 
• Descargable: Actualización del Programa de Estabilidad

El País, Jesús S. González/ Manuel V. GóMadrid,  02-05-14

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, en un acto del PP / EFE

Las pensiones de jubilación subirán solo un 0,25% en los tres próximos años, el mínimo previsto por la última reforma del sistema de pensiones.La nueva fórmula de revalorización —el mecanismo que limita el alza de las pensiones en función de las cuentas públicas— entrará en vigor por primera vez en 2015. Sin embargo, el Ejecutivo ha comunicado a la Comisión Europea que el incremento para los próximos tres años será del 0,25%, lo que supondrá una pérdida de unos tres puntos de poder adquisitivo de los pensionistas, según la evolución de los precios que el Gobierno prevé para ese periodo.

En el programa de estabilidad remitido a Bruselas, el Gobierno señala que las prestaciones sociales reducirán su peso entre 2013 y 2017 por dos razones. La primera, el ahorro de 6.000 millones en prestaciones por desempleo. "La segunda, relacionada con la introducción desde 2014 del factor de revalorización en el sistema de pensiones, que generará un incremento de las mismas en un 0,25% durante todo este período", dice el documento, que muestra la forma en que España reducirá su déficit público. El ajuste dejará un país con menos gasto y más ingresos públicos en 2017 en proporción del PIB, según el Ejecutivo.

Se mantendrá la congelación de sueldos de los funcionarios

Aunque ya en 2014 las pensiones han subido un 0,25%, ha sido por una decisión discrecional del Gobierno. A partir de 2015, subirán en función de la nueva fórmula de revalorización. Esta utiliza los ingresos y los gastos del sistema previstos en el año del cálculo, los habidos en los cinco años anteriores y los pronósticos para los cinco futuros. Esta fórmula tiene dos límites: una revalorización mínima garantizada del 0,25% anual para evitar que en las malas épocas, como la actual, las pensiones bajen y una subida máxima del IPC más el 0,5%.

Proyecciones Presupuestarias del Gasto Público en España. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad/El País

La tímida subida de las pensiones hasta 2017 se debe a la acumulación de números rojos en las cuentas de la Seguridad Social desde 2011. El Ejecutivo espera restablecer la salud del sistema de pensiones dentro de tres años.

El plan de estabilidad, también, anticipa un fuerte aumento del coste por intereses de la deuda y una rebaja del dinero para pagar el sueldo de los empleados públicos y de los gastos corrientes de las Administraciones Públicas. Los pronósticos realizados por el Ejecutivo pasan por reducir el gasto público desde el 44,9% del PIB en 2013 al 40,1% en 2017. Aunque sobre el papel el ajuste supone una reducción del gasto de casi cinco puntos de PIB, el equivalente a unos 50.000 millones, en realidad el gasto público aumentará en 3.687 millones en los próximos tres años. El crecimiento económico que espera el Gobierno —hasta un 3% en 2017— elevará el PIB y con ello el denominador de una ecuación que cambia la composición del gasto público.

El coste por intereses crecerá en unos 8.700 millones hasta 2017 debido al incremento del volumen de la deuda pública que superará el billón de euros ya este año. La reducción de la prima de riesgo y de las condiciones que exigen los mercados por colocar la deuda pública no compensan el aumento de la deuda hasta más del 100% del PIB. Para compensarlo, el Gobierno reducirá los sueldos de los funcionarios en 6.500 millones de euros. "Esto pone de manifiesto una mayor eficiencia en el funcionamiento interno de la Administración Pública, que sin abandonar la provisión de servicios ni prestaciones sociales básicas realiza sus funciones a un menor coste", señala el programa de estabilidad. El documento revela que se "mantendrán la austeridad en las políticas de gestión de personal (por ejemplo, las reglas sobre limitación de reemplazamientos o la congelación del sueldo a los funcionarios públicos)".

Es decir, que pese a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó esta semana en el Congreso que el ajuste de las plantillas públicas está acabado se mantendrá la congelación de las plantillas y los funcionarios que se jubilen apenas se sustituirán con otros. Las Administraciones Públicas también reducirán sus gastos corrientes en unos 3.432 millones en los próximos tres años. El mayor ahorro procederá de los Ayuntamientos que impulsarán el plan para eliminar competencias duplicadas y aligerar su cartera de los servicios que prestan a los ciudadanos.

La sanidad y la educación perderán peso en el PIB. También, los gastos de protección social— "en buena medida por la disminución del desempleo"—. El documento achaca la rebaja los gastos en sanidad "a medidas relativas a la mejora de la capacidad de compra de insumos a precios más bajos o la racionalización en la financiación de medicamentos, más que por ningún nivel más bajo de prestación de servicios".