El escuchar las calamitosas palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo, me avergonzaron.
El percibir dinero y/o especies del Partido, supone malversación de fondos públicos, por cuanto tienen origen en el Estado que ya le hace pago por sus servicios en el Gobierno, Ejecutivo u Oposición, o en cualquier otro Poder del Estado como puede ser el Judicial.
El PP amenaza a Soraya Rodríguez con los tribunales por los sobresueldos
La bronca continúa entre populares y socialistas
Los primeros acusan a la portavoz del PSOE de “bajeza”, pero no niegan el cobro legal de extras
ANABEL DÍEZ Madrid 30 ABR 2014
No lo pregunta, lo afirma, porque así figura en la documentación que el PP ha remitido al juez Pablo Ruz, que investiga la presunta financiación ilegal de ese partido. Pero esos sobresueldos sí figuran en la contabilidad oficial, legal, limpia. “Si el PP ve normal cobrar esos extras, está bien, que lo diga. Yo lo que quiero saber es si no se han preguntado nunca de dónde saca su partido tanto dinero”. Por tanto, ahora la velada acusación de Soraya Rodríguez es tanto de índole moral —“si les parece bien cobrar dos sueldos en tiempos tan difíciles para la mayoría”— como de recibir dinero de un origen que podría ser ilegal.
El día anterior, en la sesión de control, la forma en la que planteó la pregunta a Sáenz de Santamaría, con un hilo perceptible de comunicación entre ese dinero y la presunta cuenta b del PP, provocó la irritación de la vicepresidenta. Esa interpretación generalizada es la que ha dado pie a todo el PP para arremeter contra la portavoz socialista. Del mismo modo, los dirigentes populares se han aferrado a esa velada acusación para obviar el meollo de la controversia: en el PP se cobran extras, pero a sus perceptores les incomoda hablar de ello aunque la práctica sea legal.
Los datos que el PP remitió al juez Ruz coinciden con los que aireó la portavoz socialista. Entre 2004 y 2011 el PP abonó a Santamaría como diputada 600.000 euros; en tanto que al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete su partido le abonó 300.000 euros. El exministro y actual candidato del PP a las elecciones europeas dice no tener tiempo ahora, pero después de la cita con las urnas, el 25 de mayo, dedicará tiempo a analizar “qué acciones criminales puede emprender” contra la portavoz socialista “por denuncia falsa, injuria y calumnia”. La afectada le anima a que en el despacho de abogados al que se dirija se estudien también “sus mentiras y omisiones respecto a las empresas del ministro que contrataban con la Administración y él omitió en el registro del Congreso”.
Al menos en la primera parte de la campaña electoral, el candidato del PP no se va a librar de ser interpelado por su actividad “de lobbista”, como le tilda el PSOE.
Una práctica de la casa
M. F., MADRID
Las raíces del pago de sobresueldos en el PP hay que buscarlas hace un cuarto de siglo. El extesorero ahora encarcelado, Luis Bárcenas, comenzó a retribuir a la cúpula de la formación en el año 90 con lo que desde entonces se llaman “gastos de representación”: cantidades mensuales fijas al margen de dietas, gastos de viajes y comidas, que se duplican en junio y diciembre a modo de pagas extraordinarias.
El sistema, según admitió el propio Bárcenas ante el juez, fue avalado por Miguel Blesa, entonces asesor jurídico de la formación conservadora, para “completar” el salario de los diputados bordeando el régimen de incompatibilidades.
Gracias a esta argucia, la cúpula del PP, entonces con José María Aznar a la cabeza, se ha beneficiado de importantes retribuciones. Aunque los tesoreros (Bárcenas y Álvaro Lapuerta) se anotaban las mayores cantidades, en nómina del PP estuvieron Aznar y Mariano Rajoy; los secretarios generales (Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, y Dolores de Cospedal) u otros cargos, desde Soraya Sáenz de Santamaría a Ana Mato o Cristóbal Montoro. El partido refleja las cantidades en sus cuentas, las envía a Hacienda y no remunera a los cargos públicos porque la ley lo prohíbe expresamente. Sin embargo, Aznar cobró en tres ocasiones tras su llegada a La Moncloa en 1996, según él por una liquidación de gastos devengados antes de su toma de posesión. El expresidente interpuso una demanda a EL PAÍS por destapar el caso, pero perdió en una sentencia conocida hace una semana que señalaba que esos pagos fueron sobresueldos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario