Para formar parte de una sociedad se necesita el trabajo mínimo necesario, por debajo del cual no se forma parte. Y también, se necesita un trabajo máximo necesario, por encima del cual no se forma parte. Es decir, para formar parte de una sociedad se necesita un "trabajo umbral"; entre un mínimo y un máximo.
El trabajo se puede medir a través de la renta equivalente, aunque no es igual.
Se está excluído de la sociedad si el trabajo se encuentra extra-muros del "trabajo umbral"
Hemos de tener en cuenta que el medio de participación social, o formación social, es el TRABAJO.
El medio de participación social, no es la RENTA.
Es decir, el ”éxito social", o, "éxito de participación social" no es la RENTA, sino el TRABAJO.
LA EXCLUSIÓN SOCIAL SE OBTIENE A TRAVÉS DE LA ELEVACIÓN DE RENTA.
Gráficamente vemos como conforme se eleva la renta de un individuo, este se atalanta, se encierra.
La inclusión social se obtiene a través de la REDUCCIÓN DE RENTA.
EL HAMBRE AÚNA, MIENTRAS QUE LA SACIEDAD DES-AÚNA, SEPARA. el HAMBRE CREA SOCIEDAD Y LO HACE CON VIOLENCIA, CON CAMBIO BRUSCO, CAMBIANDO EL SENTIDO DEL GRUPO; lo hace mediante LISIS, o REVOLUCIÓN. La SACIEDAD CREA POBLACIÓN Y LO HACE CON SUAVIDAD, LENTAMENTE, CAMBIANDO LA DIRECCIÓN, NO EL SENTIDO, DEL GRUPO.
En Europa, en España, se está produciendo saciedad y hambre, lo cual lleva, necesariamente al cambio de sentido, o ENFRENTAMIENTO.
Ya he anotado sobre la USURA, o SACIEDAD; de su regulación, o acotamiento en la Edad Media. Su culminación terminó con la expulsión de los prestamistas.
El Tratado de Roma, es el comienzo de la regulación, de la POBREZA, O HAMBRE que produjo tres tres revoluciones: Gran Guerra, Revolución de los Soviets y Segunda Gran Guerra.
Curiosamente, esta última coincide con el control de las hambrunas periódicas naturales de los cereales, o plagas. La USURA CONTROLÓ EL HAMBRE 5000 años atrás con la creación de los "silos" y el control de estos por la fuerza. En los años cuarenta del siglo pasado se comenzó a controlar el HAMBRE con la creación de los "mercados de futuros"
El instrumento regulador del UMBRAL DE RENTA SOCIAL es el IMPUESTO "o recorte" de sus excesos para el aporte a sus defectos. El llamado IMPUESTO SOCIAL, SOBRE EL TRABAJO Y LA RENTA.
La política umbral es la política social. La política extra-umbral, es la política anti-social.
La política del Estado de Europa y, en particular de España, es una política anti-social, o disociativa, o de enfrentamiento.
Las familias que cobran rentas de inserción se duplican desde 2007
Las entidades sociales piden actualizar la prestación a la nueva realidad de la crisis
Cola de solicitantes de la renta de inserción en Cataluña. / CARLES RIBAS
Un año antes de que explotara la crisis, en 2007, 103.071 familias en España recibían una renta básica de inserción, el último salvavidas destinado a aquellas personas que no tienen ningún otro ingreso y están en riesgo de exclusión por no poder cubrir sus gastos más apremiantes. Este número se ha duplicado en cinco años, llegando a las 217.358 registradas en 2012, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. que conceden las comunidades autónomas y cambia de nombre y dotación según el territorio, para adaptarla a la nueva realidad, la precariedad laboral y la pobreza sobrevenida.
La distribución geográfica de la ayuda está lejos de ser uniforme, lo que altera la interpretación de su alcance. La mayor tasa por cada 1.000 habitantes está en País Vasco, donde su Renta de Garantía de Ingreso (658 euros al mes) llega a 69.976 titulares. Al otro lado de la lista está Murcia, donde 1.876 personas recibieron la Renta Básica de Inserción en 2012, unos 300 euros al mes. El 61% de los receptores de estas ayudas son mujeres, según precisa Pilar Aguilar, técnica de la Fundación Instituto de Reinserción Social, ubicada en Cataluña. “Este tipo de prestación es eminentemente femenina”, explica.
“Yo no estoy así porque quiera”
Maite tiene 52 años. Está desempleada desde hace tres y solo ha logrado trabajos precarios como cocinera o fregando pisos por días, sin ningún tipo de estabilidad. Después de un ERE en una empresa en Barcelona, donde trabajaba como telefonista, no ha podido dar con un trabajo fijo. “¿Quién me va a contratar a mí, con esta edad?”, se queja.
Los 450 euros que recibe cada mes, como receptora de la renta mínima de inserción (RMI) catalana, están estrictamente controlados. Comparte piso con tres personas. “Si alguno tiene un problema con el dinero del alquiler, nos quedamos sin casa”, explica. Los recibos, la comida, la ropa, ayudar a su madre enferma… “Cualquier imprevisto se vuelve una tragedia”, apunta. Hace dos meses se le quebraron sus gafas. Una vecina le regaló una montura y otra la ayudó para los lentes. “Te desesperas. Quieres valerte por ti misma pero siempre estás al borde del precipicio”, asegura.
Una vez agotada la prestación de desempleo y con una enfermedad renal, los servicios sociales del Ayuntamiento le ayudaron a tramitar la ayuda. Desde entonces su vida es un carrusel entre los programas de formación de la Generalitat y las entrevistas de trabajo. Ha participado en algunas prácticas en hostelería, siempre sin remunerar. “Sientes que buscan mano de obra gratis, no que te quieran ayudar a integrarte laboralmente", se queja.
Como receptora de la RMI, Maite se enfrentó en 2011 a la revisión a gran escala que hizo la Generalitat, con la excusa de acabar con el supuesto fraude y optimizar el sistema. Miles de personas dejaron de recibir la ayuda sin previo aviso en pleno verano. “Vivir así no es vida. Que hagan las investigaciones que quieran, pero yo no estoy así porque quiera”, finaliza.
El número de beneficiarios de la prestación no había parado de crecer en toda España desde 2002. Pero en 2012, por primera vez, se redujo el número de titulares de la ayuda en el recuento interanual, casi unos 6.600 menos, aunque el desglose territorial revela diferencias entre comunidades. Entre 2011 y 2012, 12 de ellas aumentaron el número de receptores. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se dobló, llegando a los 12.282, mientras que en el País Vasco bajó un 20% y se quedó en 69.976.
A falta de conocer los datos de 2013, algunos expertos creen que el descenso es un síntoma de que la ayuda está llegando al límite de su capacidad. “El incremento de beneficiarios se está frenando desde el 2009, pero esta moderación no se corresponde con el deterioro de las condiciones de vida actuales que reflejan los datos disponibles”, explica Guillermo Fernández, del equipo de estudios de Cáritas Española.
Desde 2011, debido a los recortes presupuestarios, varias comunidades modificaron los requisitos y la duración de la recepción de la ayuda. Las cantidades asignadas también están prácticamente congeladas. La media en 2012 fue de 420 euros, pero una vez más el desglose territorial muestra un desequilibrio. En Navarra es de 641 euros, mientras que en Murcia es de 300.
“En muchos casos las reformas de la prestación buscaban excluir a personas en situación de pobreza sobrevenida por la pérdida del empleo o la precariedad laboral, y hacían necesario demostrar una problemática social añadida”, explica el investigador Ernest Gutiérrez, autor del estudio Nueva Pobreza y Renta Mínima de Inserción, encargado por la mesa catalana de entidades del tercer sector. También se endurecieron las revisiones de la renta, para evitar la complementariedad con otras ayudas. O dejó de ser un derecho subjetivo para depender exclusivamente de las posibilidades presupuestarias.
MÁS INFORMACIÓN
- Receptores de la RMI rechazan contratos precarios por temor a perder la ayuda
- Cataluña destina diez veces menos dinero a la renta mínima que Euskadi
- Cinco millones de personas sufren exclusión social extrema en España
- Las entidades exigen medidas concretas contra la pobreza
- Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción
“Los datos nos muestran que unas 800.000 familias deberían poder acceder a las rentas mínimas y el sistema solo está llegando a 200.000. Se pone mucho énfasis en la precarización de las clases medias, pero las que lo están pasando peor son las familias que ya venían con problemáticas de exclusión”, puntualiza Fernández.
El otro reto es que la prestación, en algunos, se vincula con procesos de inserción laboral. Pero la precarización del mercado de trabajo hace que en muchos casos aceptar un trabajo temporal implique poner en riesgo la recepción de la ayuda y tener que volver a iniciar el proceso, explica Aguilar. “Es necesario clarificar el papel de las rentas y reconceptualizar las contraprestaciones del beneficiario, pues el mercado laboral es incapaz de absorber esta población y eso genera una sensación frecuente de frustración”, dice Gutiérrez.
La inversión que realizan los Gobiernos autónomos también es muy desigual. Gutiérrez subraya que, a pesar del aumento en el presupuesto, la renta en Cataluña solo representa el 0,5% del gasto público de la Generalitat, entre cuatro y 10 veces menos que en Navarra y el País Vasco. Asturias triplica la cobertura de Castilla y León o Andalucía.
Desde Cáritas abogan por un complemento estatal que permita un mayor equilibrio entre territorios, vía el sistema de Seguridad Social, como se intentó con la extensión de las prestaciones de desempleo. “A medio plazo nos va a costar mucho mantener la exclusión”, explica Fernández. Desde la Mesa del Tercer Sector catalana creen que la apuesta debe ser por una renta mínima garantizada (que ya ha sido propuesta por los sindicatos a nivel nacional) y un programa de complementos de renta, orientados hacia los asalariados que están por debajo de la línea de pobreza.
“Las personas que reciben las prestaciones no se convierten en vagos”, apuntan con vehemencia desde Cáritas. “La gente quiere buscar trabajo, el resto es mitología neoliberal”, apostilla Guillermo Fernández.
No hay comentarios:
Publicar un comentario