Doñana cumple medio siglo amenazada por minas y gasoductos
Uno de los humedales más valiosos del mundo sufre la presión de los pozos ilegales, el dragado del Guadalquivir, los planes de almacenamiento subterráneo de gas y la reapertura de la mina de Aznalcóllar
Peces muertos recogidos en Entremuros tras el vertido tóxico de Aznalcóllar, en 1998 /BANCO AUDIOVISUAL CSIC ANDALUCÍA
Parque Nacional de Doñana, principios de los años 90. Un grupo de delegados de la Unión Europea lleva muchas horas recorriendo el lugar en todoterreno, dando tumbos entre marismas, dunas y pinares habitados por los últimos linces ibéricos y hogar de una de las mayores concentraciones de aves migratorias del mundo. En aquellos días, la Reserva Biológica de Doñana competía por conseguir el título oficial de “gran instalación científica europea” que otorgaba el Ejecutivo Comunitario. Cansado de la visita, el jefe de la delegación habló por todos los pasajeros al preguntar: “¿Cuándo veremos, al fin, su gran laboratorio?”.
Los enviados de la UE no habían comprendido de qué se trataba: el laboratorio era el campo.
La anécdota la relata Miguel Delibes de Castro, ex director de la Estación Biológica de Doñana (EBD) y uno de los investigadores que mejor conocen la historia de este enclave único en la desembocadura del Guadalquivir. El próximo 22 de diciembre se cumplen 50 años de la creación de la estación biológica. Aunque la cara más conocida de Doñana es como reserva natural, uno de los humedales más valiosos del mundo y patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo cierto es que su germen fue la ciencia: la necesidad de conservar las marismas para estudiar su excepcional fauna y flora, como recuerda Delibes en un artículo para la revista Arbor.
El relato de este biólogo, hijo del escritor Miguel Delibes y consejero editorial de Materia, da una idea de lo mucho que ha cambiado todo en este medio siglo. “Yo llegué a Doñana en 1972, cuando no había electricidad ni teléfono”, recuerda. Una de las cosas que más se han notado, dice, ha sido “la transición de un régimen señorial a un tipo de vida del siglo XXI”. Durante siglos, los reyes iban a Doñana a cazar cualquier animal que se les pusiese a tiro. Felipe IV mataba toros desde el balcón los días de lluvia. Alfonso XIII cazaba ciervos y luego mandaba que le sirvieran un banquete en pleno campo. Años después, durante la dictadura de Franco, los tiros los pegaban la hija del caudillo (en zonas prohibidas, según relata José María Valverde, primer director de la EBD, en sus memorias) o el propio ministro de Agricultura, Carlos Rein, que posaba orgulloso ante la cámara con un ciervo abatido.
Todo empezó a cambiar a partir de 1963, cuando la organización World Wildlife Fund hizo una colecta internacional para comprar fincas a sus dueños y, un año más tarde, cuando las cede a la estación biológica. “Quince años después de que se fundase la estación, un guarda pronosticó, ‘o mucho me equivoco o aquí acabarán mandando los biólogos”, recuerda Delibes.
“En estos 50 años hemos pasado de no hacer ciencia a ser competitivos internacionalmente en calidad”, dice Delibes
Actualmente la estación, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), figura en la lista de centros de investigación de mayor excelencia de España y aglutina el trabajo de unos 100 investigadores, algunos llegados desde 22 países de Europa, América y Asia para estudiar su entorno. De Doñana se investiga casi todo, desde el cambio de las aves que lo pueblan a medida que aumentan las temperaturas a los signos de alerta que da un ecosistema antes de su colapso, pasando por la llegada de virus emergentes a bordo de parásitos. “En estos 50 años hemos pasado de no hacer ciencia a ser competitivos internacionalmente en calidad”, dice Delibes.
A sus 50 años, Doñana también afronta varias amenazas. Los pozos ilegales que desecan la marisma, el dragado del Guadalquivir, los planes de almacenamiento subterráneo de gas o la reapertura de la mina de Aznalcóllar están entre las más acuciantes, según un reciente informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). El estudio declara el parque en estado de “preocupación significativa”. La propia Unesco acaba de pedir explicaciones al Gobierno sobre el almacén de gas proyectado bajo este espacio protegido.
La Balsa de lodos tóxicos con pared reconstruida de la mina de Aznalcóllar. /BANCO AUDIOVISUAL CSIC ANDALUCÍA/HÉCTOR GARRIDO
El 15 de diciembre finaliza el plazo oficial para que las dos empresas candidatas presenten a la Junta de Andalucía sus planes detallados para reabrir la mina de Aznalcóllar, paralizada desde el accidente de 1998. La ruptura de una balsa de lodos tóxicos de la empresa sueca Bolidén provocó uno de los peores desastres medioambientales del país. Limpiar la riada negra en el entorno de Doñana costó 89 millones de euros. Tras un culebrón judicial con la empresa sueca que explotaba la mina, la Junta de Andalucía aún no ha conseguido que esta pague la factura.
Las condiciones del nuevo concurso detallan que esta vez no podrá haber balsas de lodos tóxicos y se priman las condiciones de protección medioambiental sobre otros criterios. Pero estas garantías sobre el papel no bastan para calmar a los científicos y ecologistas que llevan trabajando décadas en esta reserva y que piden más participación en el proceso de reapertura. “El proyecto de la mina me parece preocupante, aún no se ha explicado cómo se va a hacer la extracción de mineral”, explica a Materia Juanjo Negro, actual director de la Estación Biológica de Doñana. Negro resalta que una mina necesita agua y que la de Aznalcóllar vertió al río Guadiamar, que hoy por hoy es la principal aportación de agua para Doñana y sus marismas. “He reclamado que este asunto se dirima en el Consejo de Participación de Doñana [el órgano consultivo del parque] y este estudie si hay o no un riesgo real”, resalta.
“Por obligación, debemos estar preocupados por la mina, pero si deciden que se reabre será con muchas garantías, quiero pensar”, explica Delibes de Castro, ex director de la EBD y actual presidente del Consejo de Participación, que agrupa a los gobiernos centrales y autonómico, el director de la EBD, empresarios, agricultores, propietarios de fincas y otros colectivos. “El CSIC podría hacer un estudio sobre el proyecto o el propio consejo de participación encargar a alguien que lo hiciera”, argumenta Delibes.
Vertidos en México y EEUU
Antes del anterior accidente, científicos del CSIC alertaron en varias ocasiones de que la balsa de Aznalcóllar era muy peligrosa. “La última fue un mes antes de que se rompiera”, recuerda Miguel Ferrer, investigador del CSIC que fue director de la EBD durante el desastre medioambiental. Ferrer pide ahora lo mismo que Delibes: que dejen a los científicos analizar la viabilidad del proyecto antes de que pueda haber otro vertido y no después, cuando hay que limpiarlo, como sucedió, dice, en 1998.
La Junta de Andalucía no tiene previsto crear un comité especial de expertos para analizar la viabilidad ambiental del proyecto pese a su cercanía al Parque Nacional y los antecedentes de Aznalcóllar. Así lo ha explicado a Materia un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Andaluz. Será la empresa promotora del proyecto la que elija a otra empresa para que haga el estudio de impacto ambiental. Este después será revisado por la consejería para conceder la autorización ambiental si corresponde, señalan.
Las dos empresas que se disputan la mina se están comportando de forma muy diferente. México-Minorbis, formada por la unión de la cordobesa Magtel con el Grupo México, apenas ha dado detalles de sus planes, a pesar de un largo expediente de contaminación por vertidos en las minas del grupo. Grupo México es la tercera empresa minera del mundo, la primera en cuanto a reservas de cobre, uno de los metales que espera extraer en Aznalcóllar, donde también hay plomo y zinc. En agosto de este año,una mina de este grupo minero mexicano causó un vertido de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora, en el noroeste de México, el peor accidente minero del país, según el The Wall Street Journal. Asarco, subsidiaria de Grupo México en EEUU, tuvo que pagar en 2009 una compensación récord de 1.790 millones de dólares por vertidos ocasionados en sus minas repartidas por 19 estados del país. La empresa no va a explicar ningún detalle de su proyecto en Aznalcóllar hasta el 15 de diciembre, según ha explicado a Materia una portavoz de Magtel. Los vertidos citados, dice, “no suponen un problema y, en el caso de México, el establecimiento de un fondo de compensación demuestra la capacidad de respuesta impresionante” de Grupo México, añaden.
La oferta rival es la de la empresa canadiense Emerita Resources y el grupo financiero Forbes Manhattan. Estos postores sí han dado datos de cómo explotarán Aznalcóllar. Su objetivo, dicen, es crear “un complejo ambiental” donde la mitad de la inversión será para restauración de espacios de la vieja mina. Los promotores prevén la creación de unos 450 empleos directos y 1.400 indirectos. En variasentrevistas han señalado que la extracción de metales será subterránea, no a cielo abierto como hasta ahora, y que los residuos generados se reinyectarán en el terreno en las zonas que vayan quedando vacías. Emerita Resources no respondió a una solicitud de entrevista de Materia para explicar este proceso.
Antonio Ramos, ingeniero industrial y responsable de minería de Ecologistas en Acción, duda de que esas medidas sean suficientes para garantizar que no habrá una balsa de residuos en la nueva mina. “No me explico cómo podrán hacerlo”, señala. “De los residuos en este tipo de minas, el 60% sirve para el relleno y el otro 40% no sirve para ello”. Una mina que emplea un proceso de relleno similar en Huelva, dice, sí usa una balsa de residuos.
La decisión de la Junta sobre qué empresa será elegida para reabrir la mina se espera para finales de marzo de 2015.
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