El futuro de Ruz al frente del ‘caso Gürtel’ fractura al Poder Judicial
Los conservadores son mayoría y prefieren no renovar al magistrado
El juez Pablo Ruz en marzo de 2013.
(Álvaro García)
La continuidad del magistrado Pablo Ruz al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye desde hace cuatro años el caso Gürtel y desde hace 20 meses el caso Bárcenas, divide al Gobierno de los jueces. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que atesora el presidente, Carlos Lesmes. Este órgano decidirá previsiblemente el próximo 9 de diciembre si saca a concurso la plaza que Ruz ocupa ahora en comisión de servicios.
La decisión sobre el magistrado influye en el calendario para el fin del caso y en el futuro político del PP, es decir, si se cierra o no antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y o de las generales del próximo año.
Ruz tiene aún la posibilidad de solicitar una prórroga más de seis meses para seguir en el juzgado. El Consejo General del Poder Judicial espera que esta petición se produzca en lospróximos días. Pero si la comisión permanente decide sacar su plaza a concurso el 9 de diciembre, la solicitud de prórroga quedará sin efecto y no se atenderá, salvo para aceptar que Ruz siga en el juzgado hasta que el adjudicatario de la plaza tome posesión de la misma.
Los casos del juez Ruz
JOSÉ MANUEL ROMERO
Desde que llegó a la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz ha dictado numerosas resoluciones judiciales que han disgustado a los partidos con más poder en España: PSOE, CiU y PP.
Cuando se hizo cargo del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, tras competir con otros 20 compañeros por esa comisión de servicios, heredó la investigación del chivatazo policial a colaboradores de ETA en el bar Faisán en Irún (Gipuzkoa) durante el mandato como presidente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Ruz imputó al ex director general de la Policía nombrado por el PSOE, y acabó procesando al ex jefe superior del País Vasco y a otro inspector. Ambos fueron condenados por revelación de secretos en una sentencia que confirmó hace solo dos meses el Tribunal Supremo.
Aunque al principio se resistió, el magistrado abrió una causa en enero de 2013 a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de Cataluña. Las primeras diligencias que ordenó le llevaron a investigar el supuesto pago de comisiones ilegales a Pujol Ferrusola por parte de empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña. En este proceso no solo ha imputado a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer, sino también a media docena de empresarios supuestamente beneficiados por contratos de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de CiU.
En el caso Gürtely su pieza separada de los papeles de Bárcenas, el juez Ruz ordenó hace 16 meses prisión incondicional contra el extesorero nacional del PP; sentará en el banquillo a dos decenas de ex altos cargos populares, entre los que destacan los tres extesoreros; mantiene imputados a ocho grandes constructores por supuestas donaciones ilegales y ha señalado al partido de Mariano Rajoy como partícipe a título lucrativo de las corruptelas de la trama.
Hay una tercera vía pendiente de explorar consistente en abrir la posibilidad de que en aquellos juzgados que instruyan causas de especial complejidad, el Poder Judicial, a petición de la Sala de Gobierno del tribunal afectado por esa situación, pueda aprobar el mantenimiento de un juez de refuerzo. Si esta vía prosperase, Ruz podría permanecer como refuerzo del juez titular para seguir instruyendo el caso Gürtel, uno de los muchos que dirige ahora.
La comisión permanente la forman tres miembros conservadores —dos vocales más el presidente Lesmes, que tiene voto de calidad en caso de empate—, dos vocales a propuesta del PSOE y una vocal de CiU, Mercé Pigem, que dimitió anteayer tras conocerse su incidente en Andorra. Pigem recibió allí 9.500 euros en efectivo de su madre y los pasó por la frontera en compañía de su hermana, a la que descubrieron en el bolso más de 10.000 euros, cantidad máxima permitida.
La comisión permanente se reunirá previsiblemente en las próximas sesiones sin haber cubierto la vacante que deja en ese órgano la vocal Pigem, con lo que serán cinco miembros de ese organismo los que decidan el futuro de Ruz: tres conservadores y dos progresistas. Más adelante será el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Antonio Álvarez Buylla, quien sustituya a Pigem como vocal, no en la permanente.
Los vocales progresistas Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta defenderán que no se saque la plaza a concurso de momento para que Ruz pueda seguir instruyendo al menos hasta junio el caso Gürtel, el caso Bárcenas y otros de similar complejidad relacionados con la corrupción.
Mientras, los conservadores defienden que la plaza del juzgado 5 de la Audiencia Nacional tiene que salir a concurso como cualquier otra en parecidas circunstancias. Si la plaza sale a concurso a mediados de diciembre, el nuevo juez tomará posesión a primeros de marzo de 2015, con lo que Ruz tendría apenas tres meses para cerrar muchos de los flecos pendientes en la instrucción de esas dos causas.
La instrucción del caso Gürtel y de su pieza separada de los papeles de Bárcenas, próximas a su finalización, quedaría así en manos de un magistrado nuevo sin conocimiento sobre un procedimiento especialmente complejo: acumula cientos de miles de folios en un sumario con cerca de 200 comisiones rogatorias tramitadas —y algunas bloqueadas por defectos en la instrucción de los tribunales suizos— más de un centenar de imputados y diversas piezas de investigación abiertas todavía que apuntan directamente al corazón financiero del PP.
Si la mayoría conservadora impone su criterio, el juez Ruz dejaría la causa en el momento de mayor apuro para el partido del Gobierno, cuando acaba de finalizar la instrucción de la primera fase del caso Gürtel (1999-2005) para abrir juicio oral, pero hay otras piezas de investigación pendientes de finalización con graves imputaciones de corrupción sobre dirigentes populares.
En el auto que concluye la investigación, Ruz atribuye al PP y a laexministra de Sanidad Ana Mato su participación a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.
La última resolución judicial de Ruz se hizo pública un día antes de la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar su plan anticorrupción. La decisión del juez llegó en un momento tan delicado para el PP que desencadenó la dimisión de la ministra Mato, bajo sospecha desde que en 2009 se descubrieron los regalos de la trama Gürtel a su exmarido, Jesús Sepúlveda.
Dirigentes populares consultados por este periódico consideran que la iniciativa del juez Ruz de firmar la resolución judicial el miércoles 26 de noviembre estuvo motivada por la celebración del pleno en el Congreso un día después, algo que niegan fuentes jurídicas conocedoras del trabajo del magistrado.
Algunos dirigentes populares interpretan además que Ruz dictó ese auto como venganza ante su próxima salida del juzgado como consecuencia de la decisión que adopte el Gobierno de los jueces en los próximos días.
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