Inspectores sin cortapisas en Bankia
Los peritos, del Banco de España, revelan irregularidades al trabajar por libre para el juez
Rato y Goirigolzarri, su sucesor al frente de Bankia, / BALLESTEROS (EFE)
Dos veteranos inspectores del Banco de España, Víctor J. Sánchez Nogueras y Antonio González Ruiz, convertidos en peritos del juez Fernando Andreu desde hace dos años, han dado un palo al avispero del sistema financiero. El jueves se conocieron sus informes, que cuestionan la veracidad de las cuentas de Bankia en 2010, 2011 y la salida a Bolsa, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, así como la reformulación posterior del actual equipo gestor, capitaneado por José Ignacio Goirigolzarri, en mayo de 2012.
Los dos expertos, que llevan trabajando casi dos años para la Audiencia Nacional, han cuestionado la labor del Banco de España en la crisis, la de la CNMV y la del auditor Deloitte. Estas instituciones dudan de las conclusiones de los documentos, al igual que Rato y Goirigolzarri. Sin embargo, fuentes financieras creen que la rotundidad de sus acusaciones se debe a que han escrito “sin ninguna cortapisa” por parte de las autoridades supervisoras. “Pueden haber cometido algún error, pero dudo que tengan grandes fallos en las cuestiones relevantes. Han tenido tiempo para verlo todo con calma y son expertos. Saben las consecuencias de lo que han escrito”, apunta un veterano del Banco de España.
La actuación de Sánchez Nogueiras y González Ruiz recuerda la reclamación de los inspectores en 2013, cuando se quejaron de que, durante la crisis, los jefes del Banco de España dulcificaron sus informes para evitar que salieran a la luz graves problemas de algunas entidades. “Entre el informe de la inspección y la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva del Banco de España hay un excesivo nivel de filtros que solo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección”, rezaba el informe elaborado por los inspectores en aquel momento. Incluso acusaron al equipo del exgobernador Miguel Fernández Ordóñez de “mirar para otro lado” cuando aparecían indicios de delito, algo recordado al conocerse las operaciones delictivas que están en la Fiscalía.
La gravedad del asunto hizo que la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) incluyera en elmemorándum del rescate a la banca un artículo que cambió el sistema interno de inspección del Banco de España para que evitar que se pudieran ocultar deficiencias detectadas. El economista José Carlos Díez coincide en la crítica: “Es revelador que se haya descubierto el maquillaje en un trabajo para el juez y no para el supervisor”.
Todos los ojos están puestos en esas 406 páginas y ya han comenzado a escucharse duras críticas. Según fuentes cercanas a los inspectores, ambos eran conscientes de la gravedad de las acusaciones, pero se juegan su prestigio en la investigación.
Es difícil dudar de su preparación técnica. Antonio González Ruiz tiene más de 13 años de experiencia. Víctor Sánchez unos 25. Este último trabajó en el FROB con Mariano Herrera, actual director general de Supervisión, lo que hace pensar que es una persona de su confianza. Ambos fueron escogidos de entre más de 440 inspectores por el propio Banco de España cuando los reclamó Andreu.
El organismo presidido por Luis Linde sabía que tenía que enviar a veteranos a la Audiencia para una misión difícil. Los que les conocen dicen que son “fiables” y que no ocultan lo que piensan aunque algunos buscan razones ocultas del disparo de los inspectores. Por su trayectoria profesional, es difícil pensar en vendettas contra su institución. Su investigación ha sido explicada con detalle al juez, que envió a las partes personadas lo que se ha convertido en el mayor golpe a la credibilidad de los supervisores desde el hundimiento de Bankia en 2012.
El efecto de los informes ha llegado hasta Bruselas, que aceptó las cuentas como base de la recapitalización de Bankia con 18.000 millones, al margen de los 4.400 millones inyectados antes por el Estado. Desde la Comisión Europea se ha dicho que “los errores” en las cuentas deben aclararlos las autoridades españolas.
UPyD, que junto con la asociación 15MpaRato han impulsado este caso, ha pedido la imputación de Ordóñez, Julio Segura y Francisco Celma, socio de Deloitte. Algunas fuentes creen que los escritos también salpican al actual gobernador, Luis Linde y al subgobernador, Fernando Restoy, que fue vicepresidente de la CNMV cuando Bankia salió al parqué. Mientras, el Gobierno acepta que se estudie “el pasado de Bankia”, no el presente, como si fuera un tema que afecta al anterior Ejecutivo socialista, aunque la entidad siempre fue dirigida por hombres del PP. Otros, como Toni Cantó, de UPyD, oponen que los inspectores solo han enseñado “lo que otros quisieron tapar”.
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