El portal de transparencia arranca con 500.000 datos
El Ejecutivo publica información como sueldos, subvenciones y convenios pero fija límites
No se sabrá quién visita un ministerio; se podrá conocer el sueldo bruto de altos cargos
Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado octubre. / ULY MARTÍN
El Gobierno español ofreció este martes detalles del primer gran ejercicio de transparencia en la Administración, con un portal que arranca a las doce del mediodía de este miércoles(transparencia.gob.es) con más de medio millón de informaciones de interés público.
El Ejecutivo, que prometió desde que llegó a La Moncloa una ley de transparencia que entra en vigor ahora, al final de la legislatura, ha hecho un gran esfuerzo, con un coste de unos 300.000 euros en servicios externos y muchas horas de trabajo. José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha dirigido a unos 80 funcionarios para poner en marcha el portal y dejar a disposición de todos los ciudadanos datos que nunca habían sido públicos, como todo tipo de subvenciones o convenios, junto a otra documentación que ya lo era, como los contratos, que estaban dispersos y que ahora se centralizan en esta página web. También se incluyen todos los sueldos en bruto de los altos cargos, esto es, de director general para arriba, por lo que se podrá comprobar, por ejemplo, que un secretario de Estado cobra bastante más que un ministro, su superior.
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El Gobierno convocó este martes una sesión informativa en La Moncloa para explicar todo lo que se halla en este portal, “más de 50 gigas” de información, precisaron. Sin embargo, también es muy relevante lo que no está. Por una parte, hay datos que solo llegarán cuando los ciudadanos, periodistas o historiadores —estos últimos colectivos han sido en otros países los principales usuarios de las leyes de transparencia— los reclamen. La petición, a través del portal es muy sencilla, aunque nunca será anónima. Un equipo, con tres personas en cada ministerio hasta un total de 36 funcionarios, tramitará la solicitud para hacerla llegar a quien realmente tiene el dato. Se ha formado a otros 800 funcionarios para que estén preparados para responder. En 30 días el ciudadano recibirá una respuesta.
Si esta no llega o no es satisfactoria, podrá acudir al Consejo de la Transparencia que tendrá que dilucidar si la Administración tenía alguna razón —sobre todo de seguridad, alega el Ejecutivo, que excluye todo lo referido al CNI aunque sí incluye a la Casa Real— para no conceder el dato solicitado. El Gobierno aclara que la información que se pida tiene que estar procesada, es decir, que no se van a elaborar apuntes específicos a petición de los solicitantes. El Ejecutivo asegura que ha comprobado los datos que se piden en otros países y está convencido de que podrá satisfacer la gran mayoría de las peticiones antes de los 30 días establecidos.
El Ejecutivo espera una oleada de peticiones para los primeros días. En la web no figura el número de asesores de cada ministerio, pero es un dato que se puede reclamar y que se ofrecerá sin problemas, aseguraron los responsables. Las peticiones más frecuentes se incorporarán al portal, que irá creciendo a medida que lo vayan usando los ciudadanos. En él solo están consignados los datos que afectan a la Administración central. Las autonómicas y locales disponen de un año para desarrollar sus propias páginas webs.
El portal de transparencia está repleto de datos relevantes y de fácil consulta, aunque su funcionamiento real se comprobará hoy cuando empiecen a entrar en él los ciudadanos y, en especial, las organizaciones y expertos vinculados a estos asuntos, que se han mostrado muy críticos.
La ley española tiene claros límites si se compara con otras del entorno, que además llegaron mucho antes. En la cita informativa se dejó muy claro, por ejemplo, que los datos sobre los registros de entrada y de salida de los ministerios o de La Moncloa, algo clave para poder comprobar quién se reúne con los políticos para intentar influir en ellos, no se harán públicos. El Ejecutivo explica que en España, por su legislación de protección de datos, las informaciones de los registros de entrada y salida se eliminan cada mes y, en cualquier caso, considera que no se pueden facilitar.
Un caso reciente muestra las diferencias entre la situación en España y en el resto de Europa. Miguel Arias Cañete, para ser comisario de Industria de la UE, ha tenido que prometer que va a publicar con quién se reúne cada día para que los eurodiputados puedan ver quélobbistas y qué empresarios le visitan. Sin embargo, en España ni él cuando era ministro de Agricultura ni ninguno de sus colegas hacen nada similar.
La agenda del presidente del Gobierno, por ejemplo, que también estará en el portal de transparencia, aunque ya figura en la web de La Moncloa, es la más escueta de todas las de su entorno europeo. La mayoría de las semanas tiene solo dos entradas: sesión de control en el Congreso, el miércoles, y Consejo de Ministros, el viernes. El resto de su actividad, muy intensa especialmente con reuniones con empresarios, banqueros o personas influyentes, queda oculta. Mariano Rajoy ha llegado a considerar “privadas” y secretas reuniones con el lehendakari, Iñigo Urkullu, o el presidente catalán, Artur Mas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de “anécdota” el asunto de la agenda del presidente y aseguró que el proceso de la ley es mucho más de fondo,pensado sobre todo para dar a conocer los contratos y, en general, cómo se gasta el dinero público.
No está previsto que esta opacidad de las agendas cambie de momento, aunque muchos en el Gobierno creen que una vez iniciado el camino, poco a poco España se irá equiparando a los países de su entorno. Otros organismos como el Poder Judicial, tras el escándalo de la dimisión de su presidente Carlos Dívar, ya han creado su propio portal de la transparencia donde se publican todos los viajes. Sin embargo, instituciones como el Congreso y el Senado aún no se han decidido a publicar todos los viajes de sus miembros. Las Cámaras baja y alta elegirán hoy a sus representantes en el Consejo de la Transparencia, donde además habrá cinco vocales del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. El organismo estará presidido por la veterana funcionaria Esther Arizmendi, hasta hace poco directora general de Modernización Administrativa, algo que también se ha criticado porque es un alto cargo de la Administración y no alguien totalmente independiente. PP y PSOE no se han puesto de acuerdo para repartirse los dos puestos de Congreso y Senado, por lo que los populares no presentarán candidatura en la Cámara alta y este será ocupado probablemente por el PNV.
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