El Estado paga a los Registradores de la Propiedad por actividad que antes la hacia el Estado. Es decir, el Gobierno ha externalizado, ha privatizado, una administración pública.
Este hecho puede ser considerado delito de prevaricación, pudiendo ser entendido en base a que Mariano Rajoy es "registrador de la propiedad". También puede ser manifestación de la discapacidad del partido popular de administrar lo público. Dado que está siendo juzgado por malversación de fondos públicos, probablemente sea la discapacidad como partido político y la capacidad de banda armada de ladrones de lo común.
El Registro Civil de la calle de Pradillo/C. Rosillo
El Gobierno pagará cuatro millones de euros al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que sigan haciendo la gestión de los expedientes de nacionalidad que ya tenían encomendada desde 2012, sin que hasta ahora recibieran cantidad alguna. Esta resolución publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado se une a otras que ha ido adoptando el Gobierno en esta legislatura para incrementar los ingresos de los registradores de la propiedad. Por ejemplo, creando nuevos aranceles y gestiones obligadas en el registro para que incrementen sus ingresos.
El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió encomendarles la gestión de los expedientes de nacionalidad y del Registro Civil, pese a que no tenían nada que ver con ello, y el actual, Rafael Catalá mantiene la decisión. Su tesis es que son funcionarios y hubo compromiso expreso de que esas gestiones no supusieran gasto para los ciudadanos, ni para el presupuesto público. De hecho, según admite Justicia, hasta ahora no habían recibido más dinero, pese a que ya habían firmado dos acuerdos sucesivos para realizar estas funciones para desatascar los expedientes de nacionalidad. La versión oficial asegura que se trata de que puedan hacer frente a inversiones para adaptar su capacidad informática.
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Estas decisiones han provocado protestas que se materializarán el sábado en una manifestación en Madrid y en iniciativas parlamentarias. Así, el diputado de IU Gaspar Llamazares considera que se en la práctica se ha producido una privatización del registro civil, que obliga a los ciudadanos a pagar por gestiones que hasta hora eran gratuitas y que, al tiempo, se compensa al cuerpo de registradores por la pérdida de ingresos por la crisis.
Por eso, el diputado ha presentado en el registro del Congreso preguntas para que el Gobierno explique el motivo del pago de cuatro millones al Colegio de Registradores “por la gestión de los expedientes de adquisición de la nacionalidad que anteriormente no tenían coste adicional alguno para el Estado”. Llamazares también pregunta por el hecho de que el director general general de Registros y Notarías, Javier Gómez Gálligo, que negocia este acuerdo con el Colegio es, a su vez, registrador, con plaza en Las Palmas de Gran Canaria.
El Congreso tramita la ley sobre el registro civil y el Gobierno negocia con los registradores las enmiendas del PP que establecen el pago por gestiones hasta ahora gratuitas. De hecho, un documento de Justicia recogía exigencias y aportaciones en ese sentido de los registradores.
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