De camaleones no vestidos

Los discapacitados genéticamente para administrar lo común no son educables como tales.

La capacidad para administrar lo individual, está condicionado genéticamente. Estos individuos humanos constituye una subespecie de la que procede la subespecie humana con capacidad para administrar lo común. A esta subespecie humana se le denomina "política", mientras que aquella de la que proviene se le denomina "idiota". Los idiotas se agrupan geográficamente en "poblaciones", mientras que la subespecie politica lo hacen sociedades.

Las poblaciones son agregaciones de individuos que tienen la propiedad de no ser racionales sino creacionistas, o dependientes de un señor, recimiendo el nombre de asociaciones teocráticas, o confesionales.

Las sociedades son relaciones de interacción, o acción recíproca. Tienen la propiedad de ser racionales, o constitucionales, en el proceso evolutivo no tienen la propiedad de la ola evolutiva anterior de dependencua, o servidumbre con un ser creador. En las sociedades no existe el individuo sino la relación.

La envidia es propiedad singular de las poblaciones, siendo el robo la actividad propia de ellas.

Los idiotas y sus poblaciones no son educables a la condición de politicos y soviedades. Cuando geográficamente participan del mismo terriyorio, o cohabitan, las sociedades denominan a las poblaciones "agrupaciones de delincuentes" por su minuvalua discapacitante para actuar según los criterios, o normas establecidas por la sociedad.

Los idiotas utilizan palabras, gestos, con el fin de confundirse con los politicos. Sin embargo, su discapacida política les desenmascara. En otras ocasiones, su propiedad idiota se impone como fuerza genética que es.

EDITORIAL »

La coartada no vale

Trillo y Pujalte deben explicar sus cobros; el Congreso necesita normas más rigurosas

El País, 24-04-15

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Dos políticos de larga trayectoria, Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, han cobrado elevadas sumas de dinero por asesorar a una constructora que, sin ser de las más grandes del sector, es contratista de Administraciones públicas. Ambos alegan un permiso genérico del Congreso para desempeñar actividades privadas. ¿Por qué, entonces, resulta tan sorprendente que un par de diputados cobren de una constructora, como ha desvelado este periódico? Porque no tenemos la menor idea de las razones por las que ganaban tanto dinero con actividades ajenas a sus electores. Y no lo sabemos por la simple razón de que ni siquiera aparecen los informes de asesoría.

Editoriales anteriores

Transparencia, ya (15/11/2014)

Democracia de calidad (29/09/2013)

Diputados y pluriempleo (29/03/2009)

El problema de fondo es la laxitud del Congreso de los Diputados sobre las compatibilidades de sus miembros. La cuestión se ha planteado por grupos minoritarios y la solución de las sucesivas mayorías ha sido en general favorable a la compatibilidad con la actividad privada. El presidente del Congreso, Jesús Posada, se muestra comprensivo con los diputados que “complementan” la retribución que perciben de la Cámara con otros ingresos, siempre que estos procedan del sector privado; pero en este caso era un contratista del sector público. ¿No le parece un punto importante?

Los ciudadanos tienen perfecto derecho a indignarse con una clase política que se autoriza a sí misma lo que no está permitido a los demás. En cualquier trabajo, para cobrar el salario completo es necesaria la dedicación exclusiva, pero no en el Parlamento, donde se cobran todas las retribuciones oficiales sin perjuicio de dedicar tiempo a la actividad privada, y sin necesidad de dar ninguna explicación más precisa de lo que se hace.

El pagador de Trillo y Pujalte ha intentado corroborar la versión de los diputados cobradores: el asesoramiento era verbal, no se les pedía nada por escrito, bastaba con verse en hoteles de vez en cuando. Pero la coartada pretendida para justificar los pagos a ambos políticos no tiene un pase.

El exdiputado Federico Trillo, actual embajador en Reino Unido, está obligado a explicar en qué consistió la asesoría que le valía un sueldo de 9.000 euros mensuales, lo mismo que el diputado Pujalte, retribuido con 5.000 euros cada mes. Y el Partido Popular debería tomar medidas, porque la realidad es que ya no puede endosar más escándalos.