Túnez revisa los crímenes de sus dictaduras
El Estado ha creado una Instancia de la Verdad y la Dignidad para reparar el daño infligido a las víctimas de sus dictaduras
Khadija Yahyaoui y Leîla al lado del retrato Zouhair Yahyaou. / ULY MARTIN
Túnez tiene apenas medio siglo de historia como país independiente. Pero buena parte de esa historia está enterrada. Hubo miles de víctimas a lo largo de dos dictaduras, gente que fue represaliada solo porque sus maridos, sus padres o hermanos estaban en la cárcel. Muchos lucharon por las libertades antes de que estallara la primavera árabe en 2011, sufrieron la represión del Estado y nunca pudieron reclamar justicia. El bloguero Zouhair Yahyaoui, por ejemplo, fue detenido en un cibercafé en 2002, sufrió prisión y torturas durante un año por “difundir falsas noticias”. Murió de un paro cardiaco en 2005, a los 37; un paro que su familia atribuye a los daños que padeció en la cárcel.
El día de su muerte está declarado en Túnez día de la libertad en Internet. En su barrio han construido un centro cultural con su nombre y un enorme retrato en la fachada. En 2012, tras la huida del dictador Ben Alí, el presidente Moncef Marzouki le otorgó a título póstumo la insignia de gran oficial de la República. Pero sus verdugos siguen impunes. Ni su madre, Khadija Yahyaoui, ni su hermana Leîla, se decidieron nunca a reclamar justicia. Ahora, sin embargo, van a acudir ante la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD) para solicitar una reparación. Este organismo, de financiación estatal y creado en diciembre de 2013, se ha convertido en la última esperanza de justicia para miles de tunecinos.
“Los jueces que hay en Túnez ahora son los mismos que condenaron a mi hermano. ¿Cómo puedo confiar en ellos? El problema de la revolución en Túnez es que hasta ahora no se ha reconocido la culpa de nadie. Nadie ha sido juzgado ni condenado”, explica Leîla Yahyaoui. “Los verdugos no solo no reconocen su culpa, sino que no reconocen a las víctimas su deseo de pedir justicia. Si ahora albergo esperanzas es porque la Instancia de la Verdad y la dignidad la preside una persona que me merece mucho respeto: Sihem Bensedrine”.
Algunos críticos atribuyen el éxito de afluencia que tiene este organismo a que todas las supuestas víctimas creen que van a recibir una reparación económica. Pero la presidenta, Sihem Bensedrine, lo desmiente de forma rotunda. Bensedrine es una periodista de 64 años que destacó por su activismo contra la dictadura de Ben Alí, fue encarcelada dos meses en 2001 y sufrió torturas y exilio. “La gente no quiere vengarse,”, señala, “solo pretende que se sepa qué les ha ocurrido. El saber es una catarsis, es lo que permite pasar la página. Además, los hijos de esas víctimas viven en el odio, son una presa fácil para el terrorismo. Hay que sacar ese odio del pecho. Reparar el daño no es dar dinero, como cree mucha gente. Es algo mucho más profundo. Yo he viajado a Barcelona varias veces y creo que una parte del problema que padece España con el nacionalismo catalán viene de las heridas mal curadas después de la dictadura”.
La Instancia de la Verdad y la Dignidad ha recogido 14.786 testimonios en seis meses. Tiene cinco años de plazo para concluir su trabajo.
Violaciones, torturas, asesinatos de familiares, secuestros, discriminaciones, vejaciones, casos de corrupción… Desde diciembre, todo el que quiera denunciar un caso en el que el Estado tunecino vulneró sus derechos es atendido en la sede de la IVD. Se trata de un edificio de cinco plantas situado en la capital del país. Allí todo se escucha, clasifica y estudia. Los crímenes más graves serán derivados finalmente a la justicia. Bensedrine cree que la mayoría de los casos se van a resolver mediante la reconciliación y el diálogo entre víctima y verdugo. “Pero el perdón pasa por el reconocimiento de la culpa de las personas que cometieron crímenes”, advierte Bensedrine.
La Instancia de la Verdad y la Dignidad abrió el mes pasado delegaciones en las ciudades de Kasserine, Sfax, Sidi Busid y Gafsa. Y en agosto se crearán otras seis oficinas en distintas localidades. En junio, a pesar del inicio del Ramadán, se recogió el testimonio de 1.800 personas. A partir de septiembre habrá sesiones públicas en el que las víctimas más famosas comenzarán a relatar sus casos.
Hay quienes sufren ataques de ansiedad al confrontar su pasado y para ellos se ha preparado una pequeña sala médica con enfermeros y psicólogos. De momento, los casi 15000 expedientes clasificados se encuentran en una pequeña habitación de cinco metros de largo por tres de ancho situada en la cuarta planta de la sede central.
Las mujeres que fueron violadas no vienen a la sede. Pero también se ha pensado en ellas. “Sabemos que hay zonas donde hubo muchas violaciones”, señala Sihem Bensedrine. “Era un castigo colectivo: violándolas a ellas castigaban a toda la familia, que vivía avergonzada a partir de ese momento. Para escuchar a esas mujeres crearemos unidades móviles con coches que se desplazaran a sus hogares”.
El periodo a investigar se inicia el 1 de julio de 1955, cuando Túnez contaba con cierto grado de autonomía, prosigue con la independencia (20 de marzo de 1956), continúa con la dictadura de Habib Burgiba (1957-1987), con la de Zine El Abidine Ben Alí (1987-2011) y termina el 31 de diciembre de 2013, tras los dos primeros años de transición. La Instancia de la Verdad y la Dignidad cuenta con cinco años para concluir su trabajo. Parece poco tiempo para un reto tan grande. Pero nadie creía tampoco hace cuatro años que un organismo así pudiera funcionar en Túnez.
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