- Contratar la gestión de un Centro Sanitario Público a una empresa privada.
- Contratar la realización determinadas técnicas diagnósticas y técnicas terapéuticas a una empresa privada.
- Contratar la compra de productos sanitarios fármacos, prótesis, suturas, equipamientos diagnósticos y terapéuticos por parte de sanitarios del Centro Público que, además, són los que me indican su uso.
Todas esta contrataciónes conllevan el riesgo de hacer que ciertos médicos prescriban técnicas diagnósticas y terapéuticas cuando en realidad no están indicadas para el tratamineto de sus pacientes.
Un ejemplo es el contratar prótesis (que como verán se acaba de denunciar en el artículo de el país que comento hoy)pero que viene siendo denunciado desde hace décadas.
No estoy hablando de la contratación de empresas privadas para realizar servicios no sanitarios (cocina, limpieza, ascensores, pintura,etc...) sino de temas muy graves que afectan a la Salud, calidad de vida de los pacientes y, posibilidad de muerte de los mismos.
Todo ello surge por considerar que el personal público no está capacitado para la administración de los servicios públicos y se aprovecha descaradamente la situación para hacer políticas (o no hacerlas) para desvíar todo el propósito de un sistema sanitario hacia enriquecimientos particulares.
- ¿Cómo se evalúa la capacidad de administración de un Centro Sanitario Público? En mi experiencia, no se sigue ninguna evaluación ni criterios bien definidos de gestión y desde luego los gestores son nombrados por su afinidad y no por su competencia y capacidad de gestión.
- ¿Cómo se evalúa la capacidad de administración de un Centro Sanitario Público por una empresa privada que se hace con su control? En mi experiencia, no se sigue ninguna evaluación.
- ¿Cómo se evalúa la eficacia y eficiencia de la realización de una técnica diagnóstica y terapéutica, tanto por parte del Centro Público como por la empresa privada. En mi experiencia, no se sigue ninguna evaluación; lo cual, tal y como se ve en la denuncia de las protesis hace que quien decide la compra y la empresa a la que comprar sea también el medico que las prescribe. Si a su vez estas empresas pagan incentivos al médico, éste aumenta (sino tiene un comportamineto ético ni sigue su juramento hipocrático) artificialmente el número de prescripciones para ese producto prótesis cuando realmente no son indicadas para los pacientes.
Una nota aclaratoria:
Un Diagnóstico y un Tratamiento es un conjunto de técnicas que, secuenciadas en el tiempo, tienen como fin, o propósito, el diagnosticar o tratar una persona con una enfermedad o lesión.
En mi experiencia, en el mismo Centro Sanitario Público son excepcionales los diagnósticos y los tratamientos bien definidos. Igual hecho sucede con las empresas privadas.
Igual sucede con un mismo médico; desagraciadamente es excepcional que un médico, una enfermera y, en general, todo sanitario, tenga bien definido un diagnóstico o un tratamiento. Y, tampoco tienen definida técnica diagnóstica ni terapéutica alguna
Tener bien definido una técnica y un tratamiento es tenerlo "informatizado"; ese es el concepto..
Cuando digo informatizado no estoy diciendo "ofimatizado ni mecanizado" que es lo que hoy día nos venden por millones de euros como sistemas de información llamadas aplicaciones informáticas y luego no funcionan.
CARMEN MONTÓN / CONSEJERA DE SANIDAD
“La gestión privada ha sido una sangría para la sanidad valenciana”
Carmen Montón llega a una consejería en manos del PP dos décadas con la intención de "retornar la sanidad a lo público"
Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana. / MÓNICA TORRES
La Comunidad Valenciana ha sido durante años el laboratorio de la privatización sanitaria del Partido Popular. Allí nació, en 1999, el conocido modelo Alzira, una fórmula que consiste en ceder la gestión integral de un hospital público, o de un departamento de salud entero, a una empresa privada. Allí creció poco a poco la entrega progresiva de la gestión a terceros, que se reprodujo en Madrid con Esperanza Aguirre. Un modelo que ahora, con la llegada de la izquierda a la Comunidad Valenciana, puede tener los días contados. Con ese objetivo llega al cargo de consejera de Sanidad Carmen Montón (Burjassot, 1976). “Vamos a retornar la sanidad a lo público”, repite varias veces durante la entrevista.
Su primera medida al frente del departamento que maneja un tercio del presupuesto valenciano ha sido devolver la sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular. Desafía así un real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, que en 2012 rompió la universalidad de la asistencia. “Esta es la consejería de sanidad universal y salud pública, que es más que un nombre: es una declaración de intenciones. El decreto de Rajoy dejó en la exclusión social al colectivo de inmigrantes sin regularizar, y eso a nosotros nos parece una indecencia”, afirma Montón. Desde ayer, unas 30.000 personas que la habían perdido pueden empezar a tramitar su tarjeta sanitaria. “Tendrán los mismos derechos, sin distinción”. ¿Sin requisitos? “Que lleven empadronados tres meses”.
Tras 20 años de gobierno del PP, la gestión de la sanidad del 20% de la población valenciana está actualmente en manos privadas, concesiones que están en el punto de mira del equipo de Montón. “No se las controlaba en absoluto y se han dado casos de puerta giratoria de libro”, dice en referencia a un comisionado, el encargado por el Gobierno de supervisar las concesiones, que pasó a estar en nómina de la empresa a la que vigilaba. “La gestión privada ha sido una sangría económica para la sanidad valenciana”, añade. Aún no hay cifras --"llevo dos semanas en el cargo", se excusa--, pero Montón cita el escándalo de la privatización de las resonancias magnéticas que destapó el tribunal de cuentas autonómico en 2013. “Ese informe asegura que la gestión privada de las resonancias supone un sobrecoste de 17 millones cada año. Es insostenible y no lo vamos a tolerar”, subraya.
Su equipo está empezando a abrir cajones: “Hemos encontrado facturas de hasta 2.000 euros por atender a niños”, señala. “A personas exentas de pago se les ha estado facturando. Tenemos que encontrar una solución legal, porque no compartimos la idea del PP de que la salud es un negocio”. “Haremos una auditoría de cómo están las concesiones, del nivel de cumplimiento de los contratos”, anuncia. “Y hemos creado una dirección general de alta inspección que las va a controlar”, precisa. “La presunción de que lo privado es más eficiente es, al menos cuestionable”, dice la consejera. A la pregunta de si se podrían revertir las concesiones antes de que acabe el contrato, responde: “Lo primero es exigirles mayor control, después veremos. Si no cumplen, quizá haya una manera de que ellos mismos renuncien”.
Frente común
Unos días después de que Valencia anunciara que devuelve la asistencia a los inmigrantes, Baleares acaba de dar el mismo paso. Los consejeros socialistas han pasado de ser minoría absoluta en el consejo interterritorial —donde comunidades y ministerio acuerdan las decisiones clave para la sanidad— a ser ocho. Y lo van a aprovechar, asegura Montón. “Vamos a hacer frente común para exigir a Alfonso Alonso [ministro de Sanidad] que derogue el decreto de exclusión sanitaria y volvamos a la situación anterior a 2012. Nunca debió ponerse en funcionamiento”.
Con las fuerzas en Sanidad más igualadas, Montón anuncia otro reto al Gobierno: “Nuestro compromiso era devolver derechos arrebatados, y eso incluye eliminar el copago farmacéutico, especialmente injusto, a los pensionistas con rentas inferiores a 1.000 euros”. Y todo ello, ¿cómo se va a pagar? Montón critica la “financiación injusta e insuficiente”, y asegura: “Podemos priorizar, frenar la pérdida de dinero y hacer una gestión más eficiente”.
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