El Ejecutivo No Parlamentario, No Democrático. ¿Consecuencias?
La nombrada "Oposición" ha de responder abandonando el Congreso de los Diputados dado que no existe posibilidad de gobierno parlamentario.
La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada solo con los votos del PP
La normativa introduce la 'tasa Google' y multas de hasta 600.000 euros contra web piratas
Tommaso Koch 30-10-014
El Congreso ha aprobado este jueves el trámite definitivo de la Ley de Propiedad Intelectual, que entrará en vigor en enero de 2015. La votación, que contó solo con el sí del PP, pone un punto y aparte en un proceso que sigue abierto: el Gobierno reconoció que la reforma es parcial y prometió una modificación más profunda dentro de un año. Aún así, la ley introduce novedades, como la tasa Google o sanciones de hasta 600.000 euros para las páginas que enlacen a contenidos piratas. Y relevantes también han sido las críticas que el texto ha recibido: del Consejo de Estado a los peros del Supremo, de las entidades de gestión, que ayer volvieron a expresar su rechazo,a la oposición.
El PP necesitó su mayoría absoluta para aprobar la ley: 172 votos a favor, 144 en contra y tres abstenciones. Así ocurrió también en el anterior paso del texto por el Congreso, en la Comisión de Cultura, donde los populares votaron sí en solitario. La misma escena, en el Senado: el PP a favor, y los demás en contra. De hecho, las únicas enmiendas aprobadas fueron las del partido mayoritario. No obstante, el PP siempre defendió que buscaría un consenso amplio y que la puerta para negociar estaba abierta.
En el debate de este jueves, la ley ha sido tachada de “chapuza” por la oposición. José Andrés Torre Mora, del PSOE, recurrió a Séneca: “Ningún barco tiene buenos vientos cuando no sabe a qué puerto se dirige”. Con una referencia a Chaves Nogales le contestó Juan de Dios Ruano Gómez, del PP: “A las persona se las juzga o bien por sus palabras o bien por sus hechos. El grupo popular puede decir alto y claro: ‘Dicho y hecho”.
Ante todo, la ley amplía la caza contra los piratas: además de las páginas de descargas (las que proporcionan contenidos que violan elcopyright), se castigan las de enlaces, “las que facilitan la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización”, según el texto. La ley considera la audiencia y la cantidad de obras no autorizadas al actuar contra una web; simplifica el proceso de notificación —con haber recibido un correo electrónico el responsable de la página se considera avisado— y eleva las multas para las páginas reincidentes: oscilarán de 150.000 a 600.000 euros. El texto incluye la posibilidad de pedir a anunciantes y servicios de pago onlineque dejen de colaborar con la página considerada pirata.
La reforma también lanza la tasa Google o canon AEDE, caballo de batalla de la Asociación de Editores de Diarios. En realidad, la medida no afecta a buscadores como Google, que expresó ayer en un comunicado su “decepción”. Se refiere a los agregadores de noticias, como Google News, que tendrán que pagar una “compensación equitativa” a los editores por reproducir “fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”. Esta normativa ha suscitado quejas desde la oposición hasta las asociaciones de internautas, pasando por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entre otras razones por su ambigüedad: ¿qué se considera un fragmento no significativo? ¿Y una web con finalidad informativa?
Finalmente, la ley ratifica la compensación por copia privada, el sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que enterró el canon digital. Acota el concepto de copia privada —queda excluido, por ejemplo, elstreaming—, así como la recaudación para las entidades: de 115 millones a cinco. Queda pendiente la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE al Supremo, que preguntó si la normativa es coherente con las directivas europeas.
La ley aumenta la transparencia de las entidades de gestión y establece mayores controles sobre sus tarifas, que los usuarios de derechos (radios, televisiones, bares, etcétera) ven abusivas.
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