Tasas judiciales

Las tasas judiciales, a revisión

Dos años, 149 millones de euros y un ministro después, Justicia las ajustará

PAtricia Gosálvez. 13/10/2014

Rafael Catalá recibió hace quince días la cartera de Justicia de manos de Alberto Ruiz-Gallardón y, aún con el exministro de cuerpo presente,anunció “el análisis y la mejora” de las tasas judiciales.

En su primera intervención como ministro ante el Congreso, Catalá repitió la promesa: convocará una mesa sectorial para trabajará “con todos” (grupos parlamentarios y profesionales de la Justicia) “para generar consenso”. Un claro guiño a cómo nació la ley de tasas, criticada por jueces, fiscales, abogados y usuarios, ya antes de que entrase en vigor en 2012, en un tramite de urgencia y solo con los votos del PP. Incluso la Defensora del Pueblo pidió que se suavizase, forzando su reforma a los tres meses.

Casi dos años después, ninguna asociación jurídica, progresista ni conservadora, la defiende como está. Todos consideran las tasas (de 200 a 2.000 euros) excesivas. Muchos piden su derogación. Esa no parece la vía que tomará Catalá, que defiende la existencia de las tasas, aunque con “ajustes”.

En 2013 las nuevas tasas recaudaron 149 millones. Se suponía que irían a la justicia gratuita, cuyos beneficiarios se ampliaron. Gallardón siempre quiso vincular ambas medidas —una pagaría la otra—, sin embargo, no ha sido así. Las comunidades autonónomas que la reparten han protestado porque no han visto aún “un solo euro” para este fin, en palabras de Emilio Olabarría, portavoz de Justicia del PNV. También se suponía que la ley de tasas bajaría la litigiosidad que ha caído un 15,5 % en los pleitos contra las administraciones públicas, según los críticos, porque la clase media no puede acceder a la justicia.

A continuación, cuatro historias detrás de los números.

La hormiga y la aseguradora

1.200 EUROS EN TASAS

 “Como una hormiga frente a un muro” se sintió Isabel C. durante sus tres años de litigio contra una gran aseguradora. Tuvo un accidente de tráfico (culpa del otro). Le diagnosticaron contusión, contractura y esguince lumbar, pero 12 días después se quedó paralizada. A partir de entonces, convulsiones, paralisis, dolor… “Pasé año y medio en cama, me hicieron de todo, tomaba 27 pastillas al día”, cuenta esta antigua directiva de hotel.

Tras muchos fisioterapeutas, neurólogos y psiquiatras le diagnosticaron un trastorno conversivo activado por el accidente. “Básicamente hay un cortocircuito entre mi cerebro y mi cuerpo, de pronto se me paraliza un brazo o no me puedo levantar”, resume Isabel a quien la Seguridad Social le dio una incapacidad permanente absoluta. “Pensionista con 26 años”, suspira. Decidió ir contra la aseguradora. El juzgado de primera instancia estimó que su incapacidad era solo parcial y dictó una indemnización de 66.665 euros. “Recurrí porque parecía que me lo estaba inventando”. Pagó una tasa de 1.200 euros que considera un agravio añadido: “La ponen para que abandones, ¿por qué tienes que pagar si eres la víctima?”. La justicia gratuita protege a los accidentados con secuelas permanentes, pero solo si requieren "la ayuda de otras personas para realizar las actividades esenciales de la vida diaria”. “Como yo hablo y camino, no cuento”, se queja Isabel.

La Audiencia Provincial estimó parcialmente su recurso y al final la aseguradora pagó casi el doble: 105.265 euros por una incapacidad total. “Me queda la satisfacción de que reconociesen lo que tengo”, dice Isabel. “Hay gente que no tiene 1.200 euros: se habrían quedado sin una indemnización a la que tienen derecho”

Más el recurso que la deuda

1.800 EUROS EN TASAS

La crisis matrimonial de Ángel Guerras arrancó un poco antes que la otra. “Era el boom y fui generoso en el divorcio, pero a los dos años, mi pequeña empresa de construcción estaba en la ruina”, cuenta. En 2013 presentó una demanda para retirar la pensión de su hija de 24 años (tres trabajando). La juez le dio la razón, pero su exmujer le reclamó una deuda de casi 6.000 euros por pagos del IPC y clases extraescolares. “Con la ley de Gallardón, recurrir era un pastón, 1.800 euros”, explica Ángel, con una nómina de 1.200. “Sumando abogados, litigar salía por unos 4.000, lo comido por lo servido; la probabilidad de ganar era del 60%. Recurrir no compensaba”. Ángel siente que se le ha negado un derecho. Sin tasas, habría recurrido: “Y no por recurrir, sino porque creo que tengo razón. Tendrían que ser cantidades más razonables; es una ley para ricos”.