La Iglesia Cristiana católica ha cometido un error grave al expoliar "bienes públicos" de la Sociedad de España con el consentimiento del Estado, activó por parte de los Poderes Ejecutivos y pasivos del los Poderes Legislativos. Este comportamiento de expoliación por parte del Estado a la Sociedad manifiesta el carácter de latrocinio del mismo, augurando la ya cercana reacción violenta de la Sociedas destruyendo violentamente el Estado y la Iglesia como ya ha sucedido en el año 1936.
El Partido Socialista ha condenado "la apropiación masiva que está haciendo la Iglesia de bienes públicos" y la ha calificado como "el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia". Se refieren a la capacidad que tienen los obispos para poner a su nombre edificios, locales, tierras y templos sin demostrar que son sus legítimos propietarios. A la jerarquía católica le basta con acudir al registro civil y decir que son suyos, gracias a la Ley Hipotecaria de 1946 y a su reglamento, que les ha permitido durante décadas poner a su nombre miles de propiedades de todo tipo. Esta práctica floreció con fuerza a partir de 1998, cuando el entonces presidente, José María Aznar, amplió los privilegios de los prelados para que también pudieran registrar los templos, algo hasta entonces vetado.
El PSOE se reunió ayer con las plataformas ciudadanas que batallan por acabar con esta práctica, la de Navarra y la de Córdoba. Estos ciudadanos quieren que el partido socialista, que tienen capacidad para hacerlo por su número de diputados, recurra al Tribunal Constitucional esta ley, pero más allá de encontrar "buena sintonía" no les han arrancado un sí. Al rato de reunirse, el grupo socialista del Congreso sacó una nota en la que condenaba esta práctica de los obispos y se comprometían a "coordinar con las plataformas las actuaciones políticas y jurídicas que sean necesarias" para lograr la reversión de los bienes inmatriculados [registrados por primera vez]. Ni una palabra menciona la nota emitida sobre el Tribunal Constitucional, a pesar de que el PSOE tiene ya el recurso en sus manos, según fuentes del partido, pero no acaba de decidirse.
Los ciudadanos han tenido que pleitear como han podido, que casi siempre ha sido con poco éxito, por ese patrimonio público sin que ningún juez haya elevado hasta la fecha ninguna cuestión de inconstitucionalidad contra la ley franquista y el reglamento hipotecario que equipara a los obispos con fedatarios públicos. Por eso las plataformas creen que el mejor camino es que el Constitucional se pronuncie al respecto. El recurso es la única vía que, "además de condenar una práctica que no es constitucional puede permitir a los ciudadanos y a los Ayuntamientos recuperar con mayores garantías jurídicas bienes que han sido usurpados".
Esta mañana se han reunido también con el coordinador de IU, Cayo Lara y con Uxue Barcos, del grupo Mixto. Lara considera que las inmatriculaciones de la Iglesia son el mayor "pelotazo de la historia de la democracia, y qué casualidad, han coincidido con el pelotazo inmobiliario general en este país", ha dicho, frente a los leones del Congreso. "Esto no es una cuestión religiosa, sino de patrimonio público, histórico, que pertenece al pueblo y que debe ser gestionado por la Administración pública". IU recurriría al Constitucional pero no tienen los diputados necesarios para ello.
En sintonía con Lara se ha manifestado la portavoz de la plataforma Navarra, Carmen Urriza, quien ha trasladado al socialista Antonio Hernando que "esto no es una cuestión solo jurídica, sino política, es decir, que no se debe dejar solo en manos de los juzgados ordinarios, porque eso dependerá de cada juez y los ciudadanos se quedarán en indefensión. Debe ser una decisión política, debe recurrirse al Constitucional, para que se decida precisamente sobre eso, sobre la inconstitucionalidad de la norma". Ambas plataformas han solicitado que se manifieste el Pleno de Congreso sobre esa inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria. Lara se ha comprometido a promover un pronunciamiento parlamentario sobre la inconstitucionalidad de la ley. Y Uxue Barcos, de grupo mixto, a presentar enmiendas a la reforma de la ley hipotecaria que dejó Gallardón para que el artículo 206 se derogue de forma inmediata, en lugar de que los obispos tengan un año para seguir registrando inmuebles.
El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dejó preparada antes de irse la reforma de esa ley en la que se abolían esos privilegios a los obispos (aunque nada se mencionaba de ello, ni se declaraba anticonstitucional la ley); pero además les concedía todo un año para seguir poniendo a su nombre cuantas propiedades consideraran, hasta la entrada en vigor, sin urgencia, de las modificaciones previstas.
Navarra ha sido la comunidad que más activa se ha mostrado siempre contra las llamadas inmatriculaciones de la Iglesia. Consiguieron que su Parlamento pidiera al Ministerio de Justicia el número total de propiedades inmatriculadas y obtuvieron, oficialmente, una cifra que sobrepasaba el millar desde 1998. Pero los distintos Gobiernos no han proporcionado nunca la cifra total de bienes puestos a nombre de la Iglesia por toda España en estos años.
La mezquita de Córdoba se erigió poco después como el gran símbolo de lo que las plataformas llaman "el mayor expolio inmobiliario", cuando se hizo público que había sido inmatriculada, en 2006. Se le cambió el nombre y se la llamó desde entonces, mezquita-catedral. "Se han apropiado del símbolo, de la memoria y de la historia", critica Antonio Manuel Rodríguez, de la plataforma cordobesa contra las inmatriculaciones. "Pero es que, además, en Córdoba han inmatriculado otras propiedades, como plazas públicas y fuentes, que algunas tenían registro público. Eso, deben saberlo, no solo podría incurrrir en un ilícito civil, sino penal", advierte Rodríguez. No olvida el dinero que se recauda en la mezquita, "alrededor de los 13 millones anuales".
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