No estoy de acuerdo con el juez magistrado Don Javier Gómez Bermúdez con crear una figura jurídica nueva, el secretario o presidente del partido político es el capo de la banda de delincuentes que se introdujo en la administración de "lo público" para dilinquir.
El juez que prevarica, que cobra para definir un delito, emitir una condena y establecer una pena, así como para omitir, o cambiar la figura jurídica del delito es un ladrón y, no hay porque andar con términos que pretenden cambiar la figura de ladrón, con o sin violencia física, psicológica individual, familiar, o social.
Todo acto delictivo no prescribe. De igual modo que todo acto no delictivo no prescribe. Es curio ver como se reconoce "a título póstumo" un acto lícito, sin enmbargo, no se reconoce, a "título póstumo" un acto delictivo.
“Hay corrupción institucional, se puentea la norma para nombrar al amigo”
El Juez afirma que “se debe castigar por financiación ilegal al máximo responsable del partido”
JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid 26 AGO 2014
El juez Javier Gómez Bermúdez, en un momento de la entrevista. / GORKA LEJARCEGI
Presidió de 2004 a 2012 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar, entre otras, las grandes causas de corrupción y resolver los recursos que los abogados de los corruptos presentan para escapar del cerco judicial. En 2007 dirigió con mano de hierro el juicio del 11-M y redactó la sentencia que desmontó los numerosos bulos difundidos por algunos para cuestionar la autoría islamista y sugerir la participación de ETA en los atentados. Fue entonces cuando el PP le dio la espalda. Desde hace dos años, Javier Gómez Bermúdez (Álora, 1962) se ocupa de instruir casos de todo tipo, entre ellos, alguno de los últimos escándalos financieros.
Pregunta. ¿España es un país corrupto?
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Respuesta. España tiene problemas estructurales para combatir la corrupción. Las estructuras administrativas, de toma de decisiones, de controles internos y externos, no son las más adecuadas. Y en esa línea me parece que van las reformas. Lo que ocurre es que no basta con hacer leyes sino que hay que cumplirlas. Me refiero a lo que llamo corrupción institucional, sin contraprestación económica, que afecta al entramado del poder, sea judicial, ejecutivo o legislativo, donde se produce a pesar de ser sectores muy regulados. Las normas se obvian, no se cumplen, se puentean y en consecuencia no basta con legislar, sino que hay que ejecutar, hacer que se cumplan.
P. ¿Por ejemplo?
R. Por ejemplo, los nombramientos. La flexibilidad de la administración requiere que haya nombramientos directos en algunos casos. Pero esos nombramientos directos deben estar presididos por determinados criterios: mérito, especialización, cualificación determinada. Sin embargo, esa norma es puenteada en una especie de fraude de Ley para nombrar al amigo, al conocido o a la persona que, con buena fe incluso, se piensa que puede desempeñar bien el cargo, pero no cumple los requisitos objetivamente establecidos o los cumple en menor medida que otros. Ese tipo de corrupción, que no es económica y que puede no ser malintencionada, es lo que yo denomino corrupción institucional.
P. ¿Hay otro modelo para elegir a las cúpulas judiciales que no pase por el Parlamento?
R. Sí, pero con el modelo que yo propongo me pueden echar del país (irónico). Ahora, incumpliendo lo que dice el Tribunal Constitucional, la elección de los vocales del Poder Judicial se hace por cuotas que se asignan los partidos políticos, de manera que en la sociedad se percibe que hay una correlación entre el nombrado y el partido que lo nombra. Lo que propongo es que en las elecciones generales vaya una segunda lista anexa a la de los partidos políticos con los nombres de los jueces que aspiren a ser vocales, o bien una lista única con todos los que aspiren a ese cargo. En el caso de los jueces, esto no supone que sea miembro de ese partido, lo que está prohibido, pero sí dice que tiene una afinidad política determinada y que le va a apoyar un determinado grupo político de su elección. Nada más... Me van a decir que eso sería meter a los jueces en política, pero no es cierto. No más de lo que ya se percibe cuando jueces o fiscales ministros, secretarios de Estado o directores generales vuelven a la judicatura, después de su etapa en política y nadie dice nada. O cuando colaboran activa y continuamente con los partidos a través de sus fundaciones o think tanks. Sostengo que la elección directa es mejor que la indirecta, más transparente, más limpia.
P. ¿La transparencia y una conciencia social crítica bastarían para combatir la corrupción?
R. La transparencia desde luego, pero tiene que ser real, no basta con hacer una declaración de bienes. Habría que dar una especie de autorización para poder ser testado continuamente. El problema de la corrupción es educacional. En España ¿Quién no ha pedido un favor alguna vez? Favores nimios. Desde que te salten el turno para hacerte el carné de conducir hasta que el médico te vea antes porque es amigo tuyo. Eso, que es educacional, está socialmente permitido y hace que se instaure la conciencia de que el favor está permitido, que no es malo. Y si eso no es malo, el salto al siguiente escalón es más fácil de dar. Hay que educar a las siguientes generaciones en que, por ejemplo, saltarse una cola es un comportamiento poco ético y reprobable. El día que consigamos que nuestros niños entiendan eso, será mucho más difícil que luego haya un alto índice de corrupción.
P. ¿Le sorprende la ineficacia o la insuficiencia de controles que permiten a una empresa falsear sus cuentas durante años apoyándose en otras empresas fantasma, como ha ocurrido con Gowex, sin que Hacienda o la CNMV se enteren?
R. Se trata de eficacia en los controles más que de insuficiencia. La lentitud y la falta de flexibilidad en los instrumentos pueden facilitar esa situación. El tema no es sólo legislar sino dar instrumentos para que esa legislación se aplique eficazmente. Por ejemplo, equipos de investigación autónomos dependientes de los jueces, no de la fiscalía que, al fin y al cabo, por mucha alta institución que sea, no deja de ser una parte procesal. ¿Por qué no tenemos unos cuerpos de peritos adscritos en determinados órganos, dependientes de nosotros, que nos permitan investigar eficazmente?
P. ¿Qué le parece la idea de pasar la instrucción de los jueces a los fiscales?
R. Tiene sus pros y sus contras. No tengo ninguna duda sobre el ministerio fiscal, está bien regulado y no hay porque tener recelos. Que investigue el ministerio fiscal no supone ninguna merma democrática ni riesgo de parcialidad como algunos sostienen. Problema distinto es que estamos en un estado donde existe la acusación popular, donde la acción civil se ejercita conjuntamente con la acción penal, lo que hace que el perjudicado sea especialmente activo, donde todo medio de investigación tiene que ser autorizado por un juez —un registro, unas escuchas telefónicas…— y sobre todo en un país donde no existe el principio de oportunidad en sentido amplio que permitiría al fiscal valorar si un determinado hecho merece la pena judicializarlo o no. Si no tenemos principio de oportunidad y tenemos acusación popular, si cualquier ciudadano puede judicializar un asunto ejerciendo la acción en solitario, suprimiendo de hecho la acusación popular sin decirlo explícitamente, pues el ciudadano sería un mero denunciante hasta que se ejerciera la acción penal por el fiscal. Otro problema de la instrucción a cargo del ministerio fiscal es que al final su investigación la controla un juez de garantías ante el que, según los borradores que se han hecho, caben tantos recursos que se duplica la instrucción. No se puede instaurar el ministerio fiscal como investigador y luego establecer tales mecanismos que en realidad sea un fiscal investigador tutelado.
P. ¿El aforamiento es un privilegio?
R. En ocasiones sí, y me explico. El aforamiento territorial [de diputados y gobiernos autonómicos] es un privilegio, porque no te suprime una segunda instancia y sin embargo permite determinados saltos en la distribución natural de los asuntos. Y además provoca que cuando aparecen dos aforados de dos territorios distintos, la consecuencia es la dispersión del procedimiento. Tiene bastantes inconvenientes. Yo suprimiría muchísimos aforamientos, empezando por los jueces y fiscales. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es restaurar el antejuicio, que cualquier ciudadano no te pueda denunciar sin causa y sin un filtro previo al proceso, porque eso provocaría automáticamente una causa de abstención o recusación y una forma de elegir juez, bastaría con ir denunciando jueces para elegir al que quieres.
P. Durante 38 años de democracia en España no se ha regulado el delito de financiación ilegal…
R. No tengo ninguna duda de que hay que introducirlo, porque una de las fuentes de corrupción, o mejor dicho una de las excusas para la corrupción es la financiación ilegal de partidos y sindicatos. Porque el corrupto, una parte se lo pasa al partido y otra parte se lo queda. Hay que combatir el problema de raíz. Y habría que regular la responsabilidad organizativa. No entiendo por qué en los delitos societarios y de corrupción entre privados son responsables el administrador de hecho y de derecho, en definitiva el directivo que tiene la dirección efectiva de una empresa, y no pueden ser responsables determinados directivos de organizaciones institucionales por los hechos cometidos por sus subordinados por falta de control o por otras cuestiones cuando benefician a la organización política.
P. ¿Está proponiendo que el responsable penal no sea tanto el tesorero de un partido como el presidente o el secretario general?
R. La solución es que el responsable sea el máximo responsable. Entre particulares y privados existe ya. En el momento en que fijas la responsabilidad del dirigente, éste, por la cuenta que le trae, porque es honrado, procurará que sean honrados los demás. No se trata tanto de culpabilizar al dirigente, sino que el dirigente que es honrado se tenga que preocupar de que su organización se estructure de forma que impida la comisión del delito. Algo así como las políticas de compliance(cumplimiento de normas) en las empresas.
P. ¿El indulto hay que retocarlo o derogarlo?
R. Es un desastre. El indulto tiene un tufo profundamente antidemocrático, porque supone en la práctica la derogación por el Poder Ejecutivo de una resolución judicial. ¿Debe existir? Yo creo que sí, pero profundamente democrático. Donde se trate de corregir la injusticia material que a veces provoca la aplicación rígida de la Ley. Porque determinadas sanciones son desproporcionadas en relación con la trayectoria vital de una persona, por ejemplo. Una persona puede cometer un error grave, puede ser sancionada pero luego si esa persona tiene una trayectoria vital importante para su país, donde se ha demostrado que ha prestado continuos servicios públicos, que ha sacrificado su vida por su país, parece razonable que alguien, en este caso del Ejecutivo, pudiera perdonarle la pena. Por tanto, el indulto puede existir pero de otra forma, para corregir ese efecto. En segundo lugar, habría que introducir factores de control, tiene que ser motivado, debería oírse a más partes de lo que ahora se hace, y habría que prohibirlo cundo se opongan el tribunal sentenciador y del fiscal.
P. El perfil que ha dibujado sobre quién sería merecedor de un indulto sugiere personas como un ex compañero suyo, Baltasar Garzón, al que han denegado la gracia junto a políticos corruptos o conductores temerarios...
R. No hago crítica política de las decisiones del Gobierno. A mí no me ha gustado porque conozco a esa persona afectada y no tiene nada que ver con otras personas a las que se incluyó en ese grupo de indultos, para bien y para mal. Creo que Garzón si cumple esas condiciones de las que he hablado para la concesión de indultos, pero mi opinión no es relevante.
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