Una propuesta llena de lagunas
Los expertos discrepan sobre la constitucionalidad de la idea del PP
Coinciden en que no se debe cambiar la ley a solo un año de las municipales
El País. Maria FernándezMadrid 21 Agosto 2014
La reforma electoral que decidirá la asignación de votos en los 8.116 Ayuntamientos españoles ha sido escasamente esbozada por el PP, el único partido que la defiende. Los escasos datos que se conocen de su propuesta apuntan a cambios para otorgar la gobernabilidad de un municipio a la lista que logre un 40% de apoyo y saque al menos cinco puntos al segundo partido. De no obtener ese porcentaje, se celebraría una segunda vuelta, en que se enfrentarían los dos candidatos más votados. Pero una reforma de tal calado tiene muchas más aristas que las esbozadas en privado por dirigentes populares.
¿Supone una prioridad social? Barones del PP defienden que se trata de un cambio necesario para evitar que alianzas poselectorales subviertan la decisión de los ciudadanos. Los barómetros que elabora mensualmente el CIS no recogen, entre el medio centenar de problemas que preocupan principalmente a los españoles, ninguno de ellos ligado al sistema electoral. La institución tampoco ha hecho ningún análisis particular sobre ello.
¿A quién beneficia? En un escenario electoral cada vez más fraccionado, la reforma beneficiaría a los dos grandes partidos (PP y PSOE) en detrimento de formaciones con un techo electoral limitado. Ignacio Lago Peñas, profesor de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra, especifica que primaría a los que concentran el voto, como el PP, el PNV en Euskadi o CiU en Cataluña frente a quien queda en tercer o cuarto lugar, como ocurre con IU o UPyD. También tendría efectos colaterales, como ha reconocido el propio PP: en el País Vasco beneficiaría a Bildu. Lago Peñas, sin embargo, cree que desde un punto de vista mecánico, con los resultados de anteriores comicios en la mano, el PP sería el más beneficiado, "pero sin tener en cuenta que un nuevo sistema electoral forzaría nuevas alianzas, impulsaría otros acuerdos. Y eso no se está calibrando bien. Con nuevas reglas de juego los partidos no se quedarían de brazos cruzados", señala.
Elección “directa de alcalde”. “En política, quien define los términos es quien acaba imponiendo las reglas del juego”, escribía ayer en EL PAÍS la profesora de Ciencia Política Máriam Martínez-Bascuñán. Cuando se habla de elección directa, como ocurre en la mayoría de los länderalemanes o en Gran Bretaña, son los partidos los que apoyan a un candidato con cierta reputación en su comunidad. “Este sistema tiene como gran ventaja que permite a cada alcalde electo tener la autonomía política que normalmente le niegan los partidos”, asegura Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. La diferencia es fundamental, y los expertos señalan la trampa lingüística que supone hablar de elección “directa” del regidor. Velasco cree que el debate lanzado por el PP no es ese, sino otro muy distinto, para que ejerza automáticamente el cargo de alcalde el cabeza de la lista más votada. Es decir, que es el partido el que saldría beneficiado, no la persona que sus vecinos elijan.
Gobernabilidad del municipio. Una vez elegido, el alcalde debería contar con una mayoría suficiente para llevar adelante sus políticas. Pero la iniciativa del PP no explica si el designado obtendría directamente una prima de votos, algo que cambiaría el sistema actual hacia otro presidencialista, lo que obligaría a una redistribución distinta del poder. De lo contrario, “siendo el alcalde el candidato de una lista minoritaria, aunque relativamente más votada, se daría una confrontación directa y continua entre el alcalde y el pleno”, considera Velasco, con las consiguientes amenazas de mociones de censura. Victoriano Ramírez, director del grupo de Investigación de Métodos Electorales de la Universidad de Granada, cree que posiblemente el PP opte por otorgar la mitad de los concejales a la lista más votada. Ello forzaría “un cambio de un sistema de representación proporcional a un sistema electoral con menor representatividad que el actual”.
La justificación.¿Qué es lo que justificaría que se modificase la ley electoral para las elecciones municipales y se mantuviesen las reglas para el resto de los comicios? El PP alude a que pactos poselectorales puedan apartar del poder a la lista más votada, pero eso mismo podría seguir ocurriendo en el Congreso o en los Parlamentos autonómicos.
¿Es constitucional? El artículo 140 de la Constitución precisa que los alcaldes serán elegidos “por los concejales o por los vecinos”. Técnicamente, bastaría con una reforma de la ley electoral (Loreg), según los expertos en Derecho Constitucional consultados. “Partiendo de que considero que hacerlo a mitad de partido es un error enorme para beneficiar a uno de los jugadores, no deja de ser una propuesta razonable si se aborda de manera sensata”, apunta Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional la Universidad de Santiago. A falta de más concreción sobre qué plantean los populares, Alberto López Basaguren, catedrático de la misma materia de la Universidad del País Vasco, indica que el cambio a un sistema presidencialista de forma tan precipitada puede ser posible técnicamente, pero rompería con la tradición democrática introduciendo “contradicciones enormes”, en el sistema. “Dar la mayoría absoluta a alguien que ha sacado un porcentaje pequeño de votos rompe la lógica constitucional y solo piensa en inhibir la representación de una parte del electorado”, añade.
El coste. Cambiar la ley electoral a nueve meses de las municipales tiene unos plazos y un coste. El alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación de Municipios, Abel Caballero, del PSOE, calculaba anteayer que, aun cuando el PP la llevase adelante con su mayoría parlamentaria, la reforma estaría aprobada solo dos meses antes de las municipales de mayo de 2015. La posible celebración de una segunda vuelta en algunos municipios añadiría un coste extraordinario que no parece encajar con la austeridad que propugna el PP.
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