Competir por un beneficio es un fin social. Competir por gasto, o caja es un fin poblacional.
El beneficio es propio del político, mientras que el gasto es propio del idiota.
Mover 1000 Kg para transportar 70 Kg es propio del idiota.
Mover 70 Kg para transportar 1000 Kg es propio del político.
(propuesta y respuesta a la pregunta que ayer me hizo la compañera: ¿Porqué gastar 1 hora tratando de encontrar un dato y no organizar, indexar con inteligencia los datos, para gastar 5 minutos e invertir 55 minutos en extraer beneficio del tratamiento de los datos?)
La sociedad mueve 70 Kg para transportar 1000 Kg.
La población mueve 1000 Kg para transportar 70 Kg.
La industria del automóvil y carburante es idiota. Favorecer el desarrollo o, al menos mantenerla, es propio de los idiotas vestidos, o camuflados de políticos.
No es cuestión de aumentar la competencia entre idiotas, o repartir entre idiotas, o reducir el gasto social de cada idiota.
El "plan renovar automóviles" es manifestación de la condición idiota de estos ejecutivos idiotas vestidos de políticos.
El "plan de des-incentivacion" del desarrollo de energía procedente de recursos renovables, no contaminantes, o no residuales, es un proceder al aumento del gasto social y al beneficio poblacional.
La producción de energía a partir de la combustión del carbón y nuclear genera un gasto social y aumenta los residuos, o materia no útil. Es precisamente el control de los residuos lo que ha hecho evolucionar el individuo no comunicativo en individuo comunicativo. Y, cuando consiguió el individuo comunicativo controlar los residuos de su comunicación, o cultura, consiguió adaptarse al Medio, poner orden en el caos, beneficiarse del caos.
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SOLEDAD CALÉS
Por más que los reguladores imponen sanciones y proclaman los indicios de anomalías en el mercado de combustibles, los precios de las gasolinas y gasóleos prosiguen impertérritos la curva gravitatoria que les lleva a subir de forma inmediata cuando se encarece el precio del petróleo y abaratarse a cámara lenta cuando el crudo o los mercados de referencia bajan. Es la Ley del Disparo al Aire y la Pluma. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) acaba de imponer una multa de 32 millones a cinco compañías (Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil) para castigar la colusión de precios y “prácticas de coordinación” contrarias a la competencia. Traducido: cuando un número reducido de operadores domina un mercado les es más fácil ponerse de acuerdo (por ejemplo, en los precios de venta al público) que competir para ganar cuota de distribución y beneficiar al consumidor. Algunos de los multados recurrirán; no solo están en su derecho, sino que debería ser una obligación que explicasen a los clientes las causas (naturales o sobrenaturales) de la uniformidad de precios.
Ahora bien, lo que realmente inquieta es la incapacidad político-jurídico-administrativa para embridar los precios en las estaciones de servicio. Durante casi un decenio la Comisión Nacional de la Energía (CNE) primero y su sucesora CNMC han abierto expedientes y denunciado indicios de prácticas anticompetitivas, mientras observaban como los importes reales superaban los precios máximos (referencia de los precios de competencia mediados en Europa), síntoma de que puede haber acuerdos de precios. Bien, pues la presencia de al menos dos reguladores o vigilantes (Industria y la CNMC) no ha modificado un ápice la Ley del Disparo al Aire y la Pluma.
Y es que la competencia en un mercado no se vigila; se incentiva. Con medidas de mercado, claro, nada de intervenciones. Más que multas, los reguladores deberían considerar disposiciones para aumentar el número de suministradores de carburantes. Está demostrado que los precios más bajos se registran en los entornos próximos a los hipermercados que ofrecen gasolina más barata para aumentar sus ventas. Pues esa es la idea que hay que enriquecer y desarrollar.
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