Ni catequesis en la escuela ni en la familia. En la familia la catequesis es igual que sea el padre quien tenga que decidir sobre el aborto de una mujer sin razón.
Catequesis en la escuela.
Es posible enseñar religión desde la laicidad, sin comprometerse con su doctrina. La asignatura confesional debiera ser una opción voluntaria sin contrapartida obligada para los que no la quieren.
EULOGIA MERLE
La enseñanza de la religión vuelve a ser motivo de debate. Es la señal de que no se ha resuelto bien el paso de la escuela nacionalcatólica a una escuela laica o aconfesional, como la que propicia la Constitución. Que el decreto que fija el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria convierte la clase de religión en catequesis es indiscutible, pese a que explícitamente afirme que huye de “la finalidad catequética o del adoctrinamiento” y que sólo busca “ilustrar a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana”. Mientras la religión sea una materia optativa, dirigida sólo a los padres creyentes, difícilmente estará haciendo algo más que lo que siempre han hecho las catequesis o las clases de catecismo. Tal es, por otra parte, la intención implícita en los contenidos del programa. Y es lógico que sea así. Una clase de religión para católicos ha de enseñar que Dios es el autor de la creación, ha de enseñar a rezar, ha de inculcar la doctrina moral católica, ha de transmitir la idea de que la felicidad no se encuentra en esta vida, pero sí en la otra. Una clase de Religión para creyentes es lo que siempre ha sido: una clase de doctrina cristiana.
Es de justicia al hablar de este tema evocar la figura del estimado Luis Gómez Llorente, que, en sus años de diputado socialista, militó enérgicamente para encontrar un equilibrio satisfactorio entre el derecho de los padres a elegir una formación religiosa para sus hijos y la construcción de una escuela laica consecuente con los principios de la laicidad. Gómez Llorente fue testigo directo de los avatares que llevaron a la redacción del artículo 27.3 de la Constitución, que reconoce “el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, así como a la ratificación del acuerdo de 1979 sobre temas educativos con la Santa Sede. Ahí vio, a su pesar, cómo se colaba el requisito de que la enseñanza de la religión debía gozar de “condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” (artículo 2). Un extremo que había de conducir a la prescripción de la religión como una materia evaluable, equiparable a cualquier otra, y, en consecuencia, a la imposición de una asignatura alternativa para aquellos alumnos que no asisten a clase de Religión.
La indignación de quienes apuestan por una laicidad —o aconfesionalidad— manifiesta en la escuela suscita incomprensión por parte de quienes aducen que se trata, a fin de cuentas, de una materia optativa, a elegir libremente por los padres. Nadie está obligado a cursarla, ¿de dónde viene, pues, el descontento? Es para responder a esta inquietud que convendría repasar las ideas que Gómez Llorente vertió en algunos de sus escritos lamentablemente no publicados. La actitud laica, como se define en todas partes, consta de dos ingredientes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada ciudadano es libre de ser o no religioso y de abrazar la religión que quiera, mientras que el Estado debe abstenerse de preferir una religión a otra y hasta de militar a favor de la ausencia de religión. Desde tal actitud se explica que la enseñanza de la religión sea ofrecida como una opción libre. Incluso puede entenderse que se proponga el ámbito escolar como adecuado para ofrecer ese tipo de formación. Lo que importa es discutir los detalles y la forma de la propuesta.
Hay dos maneras de ofrecer clase de Religión en la escuela: fuera del horario lectivo y del currículum, o incluida en el horario lectivo y equiparable a cualquier otra asignatura. Esta segunda opción, a la que vuelven reiteradamente los grupos conservadores, es la que va acompañada, en nuestros pagos, de la oferta de otra asignatura para los alumnos que no escogen Religión. Pero dicha opción siempre ha sido, en palabras de Gómez Llorente, una “pseudosolución”, por dos razones. La primera, porque la “alternativa” a la religión, sea cual sea, no respeta la “voluntariedad” de los padres que no quieren ni catequesis para sus hijos ni ninguna de las variantes que se proponen obligatoriamente en su lugar. La religión confesional debiera ser una opción voluntaria sin contrapartida obligada para los que no la quieren. Tenemos una red de escuelas concertadas católicas, subvencionadas con fondos públicos, que pueden cubrir la demanda de formación religiosa de los alumnos cuyos padres lo soliciten. Obligar al resto de alumnos a cursar una alternativa a la religión contradice la libertad de conciencia que se atribuye a los ciudadanos de un Estado laico, ya que se suele olvidar que esa libertad no es sólo la de los creyentes, sino también la de los que no lo son, o la de los que profesan religiones minoritarias. Aunque parece que existen decretos similares al de la enseñanza de la religión católica para las otras religiones, es obvio que estas no serán ofrecidas de la misma forma en que lo es la religión católica, que se ampara en el acuerdo con la Santa Sede.
Hay otro elemento que hace de la solución propuesta una pseudo o mala solución al conflicto sobre la enseñanza de la religión. Suscribo la afirmación del decreto cuando dice que “el olvido y la ignorancia de la religión podría tener consecuencias catastróficas para la cultura en general y la memoria colectiva”. Es totalmente cierto. Nuestra cultura incluye el “hecho religioso” e ignorarlo es analfabetismo. Los profesores de Filosofía, Historia del Arte o Literatura comprueban cada día que la falta de cultura religiosa de los estudiantes es un obstáculo para explicar aspectos fundamentales de sus materias. No hace falta saber el Padrenuestro ni recitar el catecismo de corrido; lo que importa es tener referencias bíblicas, de la historia del cristianismo y del culto, que permitan identificar y comprender los símbolos, las imágenes, la arquitectura y el pensamiento cristiano que ha dejado huellas innegables en nuestra cultura, para bien y para mal, pero que deben ser conocidas. Tal es la razón por la que, en distintas ocasiones, se ha abogado por la creación de una asignatura, no alternativa a la doctrina católica, sino imprescindible para la adquisición de la cultura religiosa en general por parte de todos los alumnos. Una asignatura que debería abarcar tanto la historia del cristianismo (la antigua “historia sagrada”), como la de otras religiones, y que profundizara en esa “ética civil” que necesitamos todos, más allá de la moral católica, islámica o evangélica, privativas de cada una de las religiones particulares.
Tras muchos años de conflicto, habíamos llegado a consensuar una Educación para la Ciudadanía para todos los alumnos, que consistía en esa iniciación cívica indispensable para adquirir un sentido de lo que es comportarse como buen ciudadano. No era la solución óptima, a mi juicio, pero era mejor que la elección entre la religión y su “alternativa”. Comparto de nuevo la afirmación que tantas veces le oí a Gómez Llorente de que la cuestión religiosa debe importarnos a todos y que es posible enseñar religión desde la laicidad, sin comprometerse con su doctrina —lo que hace la catequesis—, pero informando de lo que ha significado y sigue significando la religión en el mundo. Ahora que el islamismo irrumpe con violencia en nuestras sociedades, no es absurdo conocer lo que ocurrió antaño con el cristianismo y lo que ha significado para bien de todos el proceso de secularización. Pero también conviene enseñar lo que le debemos a la religión en materia de costumbres y que forma parte de aquellos valores que consideramos universalizables. Valores no tan distantes de los que hoy configuran las llamadas “virtudes cívicas” fundamentales para la regeneración democrática.
Una vez más hay que lamentar que el equilibrio que se logró al redactar la Constitución no haya perdurado. Habría que restablecer el animus negociandi de que hicieron gala las voluntades que acordaron la Constitución, una tarea cada vez más improbable.
Victoria Camps es filósofa.
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