No hubo conflicto vasco, sino totalitarismo de ETA
El Gobierno de Euskadi recibe el informe que encargó a un grupo de historiadores
Imagen del atentado de Vic (Barcelona), el 29 de mayo de 1991. / PERE TORDERA
Los historiadores se han hecho cargo de la memoria sobre el terrorismo en el País Vasco (1968-2010), tras la proliferación de aportaciones y testimonios de políticos y periodistas. Un informe encargado hace un año por el Gobierno vasco a reconocidos historiadores profesionales, vinculados a la Universidad del País Vasco y pertenecientes al Instituto Valentín de Foronda, acaba de ver la luz y arroja una conclusión: Euskadi no fue víctima de un conflicto con el Estado sino de un intento de imposición de un proyecto totalitario por parte de ETA.
Esta tesis central se desprende de la extensa información aportada por los historiadores Raúl López Romo, Luis Castells, Antonio Ribera y José Antonio Pérez, sostenida por abundante bibliografía, fondos audiovisuales, una amplia base de datos y un informe de más de un centenar de páginas.
Aunque los historiadores han primado con creces la información sobre la opinión, su informe defiende esa tesis, de gran calado político, que irrumpe, además, en pleno debate en la sociedad vasca de exigencia a la izquierda abertzale de que admita el daño injusto causado por ETA y no se atrinchere en la tesis del “conflicto” para eludir su responsabilidad en el pasado.
Coincide con la declaración institucional del Gobierno vasco en el 15º aniversario del asesinato del exconsejero Fernando Buesa, en la que exigió a la izquierda abertzale esa autocrítica y reconoció que el Gobierno de Juan José Ibarretxe no estuvo a la altura. “No se puede pasar página con el argumento de que hay que mirar para adelante.Antes de olvidar hay que aclarar el porqué del terrorismo y su pretensión totalitaria, pensando en las futuras generaciones”, dice Castells.
Un primer dato relevante avala la tesis del proyecto totalitario de ETA sobre la del conflicto. Durante la dictadura (1968-1975), la etapa de carencia de todo tipo de libertades, el terrorismo asesinó tan solo al 5% de las víctimas mortales de toda su historia (1968-2010). El grueso de la actividad terrorista se concentró en la Transición (1976-1981), con 336 personas asesinadas (37%), y en la etapa de consolidación democrática (1982-1994), 435 personas asesinadas (46%). En la etapa final (1995-2010) descendió al 11% y a 98 personas asesinadas.
Fue en el breve periodo de la Transición en el que se concentró el mayor porcentaje de muertes por año (56%)
Fue en el breve periodo de la Transición en el que se concentró el mayor porcentaje de muertes por año (56%), seguido de la etapa de consolidación democrática (33%) y a mucha distancia de la etapa final (6%) y la dictadura (5,6%). El año con mayor número de muertos fue 1980, con 118, 96 de ellos por ETA y organizaciones afines (y 22 de grupos parapoliciales). Ese año se constituyó el Parlamento vasco. Y el segundo año más cruento fue 1979, con 80 asesinatos de ETA. Ese año se refrendó el Estatuto de Gernika. Lo que demuestra que ETA concentró su principal esfuerzo en tratar de desestabilizar la democracia en España y la autonomía vasca.
Los historiadores precisan que de las 914 víctimas del terrorismo en el periodo estudiado (1968-2010, que coincide con el primer y último atentado de ETA), 845 personas, el 92% lo fueron por esta banda. Otras 62 personas (7%), fueron asesinadas por grupos parapoliciales o de extrema derecha (BVE y GAL, principalmente) y 7 (1%) tienen un origen desconocido. López Romo precisa: “Tras el final de la dictadura, el principal responsable del terrorismo es ETA, cuya actuación ha configurado el marco del proceso histórico del terrorismo en Euskadi. ETA marcó el principio y el final del terrorismo”.
Aclara, también, que, a diferencia de Irlanda del Norte, “en el País Vasco no hubo dos bandas terroristas enfrentadas, con un apoyo social similar. Aquí solo hubo una, ETA, que contó con un importante apoyo en la calle. Los grupos parapoliciales no tenían apoyo social y su actividad, igual de rechazable, fue mucho menor y efímera”. Lo avala el que el 76% de los asesinatos de ETA durante la Transición (1976-1981) y el 82% durante la etapa de consolidación democrática (1982-1995) no generaron movilización social de apoyo, lo que sí sucedía cuando los muertos eran etarras.
Los historiadores constatan cómo la situación cambió a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997
Los historiadores constatan cómo la situación cambió radicalmente a partir del asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco, en 1997, con la multitudinaria respuesta a la “estrategia del sufrimiento” de ETA. No obstante, con el Pacto de Ajuria Enea de 1988 y la irrupción de Gesto por la Paz dos años antes se inició una respuesta social sistemática y el rechazo a la tesis etarra del “conflicto”. El Euskobarómetro, subraya el informe, marcó esta evolución. En la izquierda abertzale el apoyo total a ETA pasó de un 20%, en 1995, a un 3% en 2007.
Lo mismo que los asesinatos, el mayor ritmo de secuestros de ETA se produjo durante la Transición (1976-1981): 48 sobre 80. Le sigue el periodo 1982-2010, con 28 y tan sólo 4 durante la dictadura. La conclusión del estudio es que la mayoría de los secuestrados por razones ideológicas fueron asesinados, como los tres militantes de UCD en 1980, altos directivos de Telefónica y de la Central de Lemóniz. Sin embargo, la mayoría de los empresarios fueron liberados tras pagar el rescate.
El informe aporta novedades en la investigación sobre el terrorismo como el número de personas de las que ETA recabó datos para actuar. Fueron 15.659 entre 1968 y 2001. Los colectivos más perseguidos, según la investigación, fueron: políticos del PP (3.760); empresarios (1.843); políticos del PSOE (1.060). En el apartado “otros” figuran jueces, policías, ertzainas, militares, abogados. Sin embargo, el colectivo que sufrió mayor número de asesinatos de ETA y organizaciones afines fue la Guardia Civil (206), seguido de la Policía Nacional (149). El tercero son las llamadas “víctimas colaterales”: 116. Los políticos asesinados fueron 30 (PP y PSOE, predominantemente) y 14 ertzainas. A su vez, los GAL y BVE asesinaron a 23 etarras. Otra novedad que aporta la investigación es el de heridos por atentado terrorista: 2.533, tres por asesinato; 709 con gran invalidez o permanente y 1.642 indemnizados. Resulta significativo, asimismo, cómo el terrorismo supuso el 9% del gasto por siniestros del Consorcio de Compensación de Seguros entre 1971 y 2001.
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