Ruz exige a Hacienda que responda a su petición sobre el fraude del PP
El juez reitera a la ONIF que calcule la cuota tributaria que defraudó el partido por la caja b
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. / C. ROSILLO
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no está dispuesto a que la jefa antifraude de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas, siga incumpliendo sus requerimientos sobre el fraude fiscal derivado de las donaciones ilegales recibidas por el PP en 2008. El magistrado, tras consultar con la fiscalía, ha redactado un auto –resolución razonada- en el que exige a la máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación sobre el Fraude (ONIF) que en el plazo máximo de cinco días calcule la cuota que supuestamente evadió la formación conservadora por los donativos opacos que excedían los límites de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
Ruz considera “infundado”, “erróneo” e “improcedente” el criterio de García-Valdecasas por el que se negó a prestar el auxilio requerido por el juez de calcular la cuota. El magistrado cree que la inspectora jefa “parte de un deficiente entendimiento” de lo que es la labor de auxilio judicial de la ONIF y ha enviado a un funcionario judicial a su despacho para entregarle en mano la resolución.
El auto, de 11 páginas, no solo obliga a la ONIF, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, a que se calculen las cuotas que el magistrado entiende defraudadas por los donativos irregulares de 2008, sino que da un paso más. El magistrado reclama a los inspectores de Hacienda que actúan en funciones de auxilio a su juzgado que calculen el IVA que el partido del Gobierno se ahorró al pagar en dinero negro 1,7 millones de euros parte de la obra de reforma de su sede central en la calle Génova 13 de Madrid entre 2005 y 2010.
El pasado 3 de marzo, García-Valdecasas envió un escrito al juez Ruz en el que se negaba a atender su providencia del 25 de febrero en el que le solicitaba que calculara la cuota que él entiende defraudada por los donativos irregulares de 2008. En folio y medio, García-Valdecasas recordaba a Ruz que el criterio de los técnicos de Hacienda es que los ingresos en negro de la formación conservadora no están sujetos a tributación de acuerdo con la Ley de Financiación de Partidos. Por ello, le anunciaba que no iba a cumplir su orden y le retaba a que buscara otros expertos para calcular esa cuota.
La providencia del 25 de febrero de Ruz ocupaba apenas un folio. La respuesta de hoy abarca un total de 11. En ella, el magistrado recuerda los artículos legales que obligan a “todas las personas y entidades públicas y privadas” a colaborar con los jueces cuando estos lo requieran y, en especial, los que regulan el auxilio judicial de la Agencia Tributaria y los organismos especializados que dependen de ella. Tras repasar las leyes y la jurisprudencia, que determinan que la actuación de los peritos de Hacienda “debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales”, Ruz desarrolla por qué ve “infundado y contradictorio” el criterio de la inspectora jefa García-Valdecasas.
En su escrito, la inspectora jefa de la ONIF le decía a Ruz que si el criterio de los peritos de Hacienda “no resulta provechoso o convincente (…) podrá prescindirse de él” y no tomarlo en consideración como base o fundamento para sus resoluciones. García-Valdecasas le sugería que si no está de acuerdo con los peritos de la Administración, que recurra “a la opinión técnico-jurídica de otra persona o entidad distinta”. “Lo que no se puede pretender es constreñir al autor de un informe a emitir una opinión distinta de la que ya ha manifestado en ocasiones anteriores”. Sobre esta base, García-Valdecasas le respondía a Ruz que la Agencia Tributaria “no está en disposición de cumplimentar el informe” que le requirió el 25 de febrero.
El magistrado considera que la decisión de la máxima responsable de la ONIF de negarle el cálculo de la cuota revela un “deficiente entendimiento” de la labor de los peritos judiciales que dependen de ella y “una errónea comprensión” de la función investigadora de los jueces. Si se diera por válida la negativa lanzada por García-Valdecasas “se estaría privando al instructor de la dirección de investigación”, expone Ruz. “Es solo desde ese erróneo e improcedente posicionamiento desde donde pueden sostenerse las afirmaciones que se contienen en el escrito, relativas a que el órgano judicial penal carece de competencias revisoras” de la labor de los peritos de la Agencia Tributaria.
Ruz asegura que el cálculo de la cuota tributaria de 2008 que él entiende defraudada es “útil, necesaria, idónea y posible” para la investigación de los papeles de Bárcenas, y recuerda que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha concluido que los donativos irregulares están sujetos a tributación y que “sólo quedan exentas las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado”.
El juez asegura que el cálculo de la cuota tributaria de 2008 es “útil, necesaria, idónea y posible”
El juez reprocha a la ONIF que su criterio de que las donaciones irregulares están libres del Impuesto de sociedades, es “contradictorio” con lo expuesto en otros informes de la Agencia Tributaria en el caso Gürtel de corrupción en el PP. En febrero de 2013, los peritos dejaban en manos del juez instructor la decisión sobre levantar el velo sobre las sociedades del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. También recuerda que en marzo de 2014, los peritos accedieron a prorratear las cuotas fiscales defraudadas por Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias entre 2000 y 2011, que los propios peritos habían presentado de forma conjunta.
Ruz incorpora a su auto la orden a los peritos de la ONIF de que calculen, también en cinco días, el IVA que se ahorró el PP al pagar con cargo a su caja b las obras de reforma de Génova 13. La tributación del IVA corresponde a la empresa Unifica Servicios Integrales, del arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó la sede, pero la doctrina tributaria convierte en responsable solidario a la parte que se beneficia de no pagar este impuesto indirecto en primera instancia, en este caso el PP. La diligencia pedida ahora por Ruz abre la vía a una posible responsabilidad civil del PP en la pieza separada sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del partido.
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