«Nos jugamos más que dinero. La OLAF trata a España como a una república bananera»
El Comercio, Gijón, 13.04.14
Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón durante las obras de ampliación de El Musel, Fernando Menéndez Rexach dice que está «absolutamente asombrado» por el informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea que propone la retirada de la subvención a ese proyecto, pero, más que sorpresa, sus palabras y su rostro reflejan la indignación de quien no acaba de comprender por qué algo que considera explicado por activa y por pasiva sigue provocando dudas y sospechas; en Bruselas y también en España.
-¿Qué sabe usted del informe de la OLAF?
-Ni lo tengo ni lo he visto, pero sí hablé con personas que tuvieron acceso a él y no puedo por menos que expresar mi sorpresa. Estoy absolutamente asombrado, porque la OLAF pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones españolas y de nuestro sector de la construcción en todo lo relacionado con la contratación pública. Hay acusaciones que afectan específicamente a la Autoridad Portuaria, pero también otras de ámbito nacional. Por eso, nos jugamos algo más que dinero; la OLAF trata a España como si fuera una república bananera, que funciona sin control alguno.
-Explíquese.
-Toda la contratación, desarrollo y liquidación de la ampliación de El Musel estuvo sometida a la supervisión de la Abogacía del Estado; nuestras actuaciones fueron fiscalizadas, como es natural, por la Intervención General del Estado, además de por Puertos del Estado y una auditoría externa. También ha visto el contrato el Tribunal de Cuentas Europeo, y el 15 de julio de 2010, tras plantear la Comisión Europea una corrección presupuestaria -sanción- de 18,3 millones, celebramos en Bruselas lo que se denomina una Audiencia, con representantes de la Dirección General de Política Regional y de la Dirección General de Mercado Interior, en la que dimos toda serie de explicaciones y redactamos un acta de acuerdo que podía ser impugnada en un plazo de tres meses, pero que no lo fue. Sabíamos que estaba pendiente el informe de la OLAF, que en esas condiciones no deja de ser una bofetada a todas esas instituciones.
Primeras objeciones
-¿Cuáles eran entonces las objeciones y cuáles sus argumentos?
-Bruselas consideraba que ofrecer la cantera de Aboño, cuando el propietario de una parte de la misma formaba parte de la UTE adjudicataria, supuso una ventaja. Pero es justamente lo contrario, porque lo que nosotros hicimos al poner el uso de la cantera de Aboño al alcance de cualquier ofertante, que no es lo mismo que obligar a utilizarla, fue primar la competencia y eliminar la ventaja del propietario de una parte de la cantera más próxima a la obra. La historia demuestra que mientras Constructora Internacional fue propietaria de la cantera de Aboño se adjudicó el 90% de las obras licitadas por El Musel el pasado siglo, porque su ventaja era insalvable para otras empresas. Creo que tanto DG Regio como DG Market lo entendieron, pero, en cualquier caso, la Abogacía del Estado dijo que lo hecho es conforme al derecho español y no contrario a la normativa comunitaria.
-¿Desconoce eso la OLAF?
-Me cuesta creer que lo desconozca, pero el contacto que nosotros tuvimos con la OLAF fue para proporcionar los documentos que pidieron y sólo aportamos explicaciones cuando las solicitaron sobre asuntos concretos. También puede suceder que se hayan molestado porque, al parecer, la UTE no proporcionó los datos que le fueron requeridos, pero he hablado con otros colegas y la propuesta de retirar totalmente una subvención no tiene precedente en ninguna obra.
Acusaciones concretas
-Hablaba antes de acusaciones concretas a El Musel...
-Hay dos llamativas. Según mis noticias, la OLAF dice que la UTE Dique Torres pagó con servicios (apertura de caminos, voladuras, traslado de unos depósitos y otros), los 21 millones de toneladas que extrajo de la cantera de Perecil, servicios que fueron valorados en 7,7 millones de euros, lo que supone un pago de 0,3 euros, aproximadamente, por tonelada. También afirma que nosotros contratamos el suministro a 7,3 euros por metro cúbico, así que concluye que se pagó fraudulentamente mucho más de lo debido.
-¿En qué falla el argumento?
-Por una parte, mezcla toneladas con metros cúbicos, de forma que, como la densidad del pedraplén es aproximadamente de dos, el supuesto pago excesivo se reduciría ya a la mitad. Por otra parte, equiparar el precio de la piedra con lo que nosotros pagamos equivale a considerar que extraer, transportar y colocar la piedra en obra tiene coste cero, cosa que, evidentemente, no es así. Pero aún hay más, y es que lo que la Autoridad Portuaria pagó a 7,3 euros por metros cúbico fue el pedraplén colocado en obra, y de los 21 millones de toneladas extraídos de Perecil sólo entre 12 y 14 millones de toneladas fueron pedraplén. Buena parte de esos materiales procedían de escombreras, con muy baja calidad, que fueron utilizados para relleno y, evidentemente, eso no se pagó a 7,3 euros por metro cúbico, como presupone la OLAF.
-La otra acusación...
-El informe de la OLAF considera que ese supuesto fraude fue posible por falta de control. Es una pena que no se hayan hecho las comprobaciones adecuadas en el momento oportuno, es decir, cuando la obra estaba en ejecución. En el caso de los materiales de Perecil, personal del puerto entregaba a la salida de cada camión un papel con diferente color según se tratara de material de relleno, pedraplén o escollera, para clasificar la calidad desde el origen. Luego, en el puerto, los camiones se pesaban y dirigían al lugar de descarga. Los controles fueron exhaustivos, como no podía ser de otra manera porque éramos conscientes de que pocas obras iban a estar más en los ojos de todo el mundo. Pero diré más: no pagamos la piedra por entrar en El Musel, sino cuando quedaba puesta en obra. Quiere decirse que si algo se llevaba la mar, no se contó. Las liquidaciones se hicieron en función de las batimetrías que se realizaban, es decir, de los materiales depositados en obra.
-¿Está tranquilo?
-Sí, pero lo estaré más cuando pueda leer yo mismo el informe.
-¿Volvería a hacer las cosas igual en una segunda oportunidad o se cometieron fallos?
-El pasado no lo mueve nadie, así que plantearse eso ni tiene sentido ni consuela. Lo que digo es que todo ha sido legal y así lo avalaron los diversos organismos estatales y europeos que intervinieron en el control del proceso. Denuncias por una cosa y por otra tuvimos muchas, y está claro que cuando aparece un informe como el de la OLAF, incluso sin conocer exactamente su contenido, ya te dan por culpable. Pero, hasta ahora, algún acusador tuvo que rectificar.
-¿Cómo acabará todo esto?
-No sé cómo acabará, pero lo que espero es que la respuesta del Reino de España sea proporcional al ataque recibido, porque entiendo que nos jugamos mucho más que 250 millones. La lucha es para evitar que se ponga en entredicho al sector de la construcción y a los controles del Estado. Expresar que España no es un país fiable es un mensaje muy duro que requiere una respuesta contundente.
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