El pleito de Cataluña

Crónica histórica del viaje desde la autonomía regional a la soberanía nacional

El País, Santos Juliá, 2 Noviembre 2014

Recogida de firmas por la independencia en Banyoles (Girona), en enero pasado. / CARLES RIBAS

El pleito de Cataluña es la nacionalidad”, afirmó Francesc Cambó en la fiesta de la Unidad Catalana, organizada el 21 de mayo de 1916 en el Palau de la Música de Barcelona para celebrar el triunfo de la Lliga Regionalista en las recientes elecciones legislativas. “Cataluña”, añadió, “sabe lo que es la nacionalidad, tiene conciencia de ella y quiere el derecho a regir su vida. Queremos el régimen de nuestra vida interna, sin odio a nadie, pero con tal intensidad que combatiremos sin tregua todo lo que se oponga a nuestro paso”.

El combate había comenzado alrededor de 30 años antes, cuando una élite de burgueses, profesionales e intelectuales catalanes salió a la palestra negando el supuesto sobre el que los liberales trataron de construir un Estado desde los tiempos de guerra contra el francés: la perfecta adecuación entre Estado unitario y nación española. Y en efecto, ya se mire la prolija Memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya, presentada al rey Alfonso XII en febrero de 1885, ya el más breveMissatje a S. M. Donya Cristina de Hausburg-Lorena, Reina Regent d’ Espanya, Comtessa de Barcelona, lo que aquellos catalanes afirmaban no era tanto que España no fuese una nación como que en el mismo Estado del que España era nación existían regiones con rango de nacionalidades. Entre ellas, Cataluña, por una diferencia de lengua, de derecho civil, de cultura, de historia, que se remontaba a la Edad Media, sustrato sobre el que habría de basarse una autonomía, entendida, según lo expresará en marzo de 1892 las Bases per la constitució regional catalana, como soberanía en su gobierno interior.

En la Monarquía: la autonomía integral

Aquellas demandas de autonomía —alimentadas por una ideología historicista, tardorromántica y corporativa, e impulsadas por la protesta contra la unificación del derecho civil, penal y mercantil, contra la división del Estado en provincias y por la defensa de la lengua y del arancel— procedían de fuera del sistema político, de la rica trama de entidades cívicas, culturales y económicas que poblaban Cataluña. Pero a partir de 1898, y como resultado de la crisis moral y política provocada por el Desastre, la Unió Regionalista y el Centre Nacional Català decidieron dar el salto a la política creando en 1901 la Lliga Regionalista y competir, con singular éxito, en elecciones como partido político.

A partir de ese momento, será la Lliga, con Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó como líderes de sus dos principales corrientes, quien defienda una renovada concepción de la autonomía, sostenida en el “hecho diferencial” que proclama a Cataluña única nación de los catalanes y que proyecta a España como Estado llamado a una misión imperial, único camino para devolverle su perdida grandeza.

Cierto, los hechos diferenciales eran múltiples y los catalanistas estaban dispuestos a reconocerlo. En la primera visita del joven rey Alfonso XIII a Barcelona en abril de 1904, Cambó no perdió la ocasión de recordarle la necesidad de una reorganización del Estado que posibilitara el injerto —“ahora difícil, casi imposible”— de todas las autonomías de los “organismos naturales: la región, el municipio y la familia”. Y Prat de la Riba, al presentar en diciembre de 1911 a José Canalejas un proyecto de bases para la constitución de la Mancomunidad catalana, insistirá en que su sentido descentralizador no era exclusivo de Cataluña, sino “aspiración más o menos manifiesta de todas las regiones y provincias de España”.

Lluís Companys (en el centro, con sombrero blanco), con Francesc Macià a su izquierda, durante la jornada electoral del 12 de abril de 1931.

De modo que autonomía de Cataluña y reforma constitucional vinieron a ser la misma cosa. Dos años después de haberse aprobado el Estatuto de la Mancomunidad en marzo de 1914, Francesc Cambó presentaba en el Congreso una nueva propuesta, retomada por la Asamblea de Parlamentarios en 1917 y reiterada un año después, tras su primera experiencia como ministro en un Gobierno presidido por Maura. Era la “autonomía integral” que correspondía a la nacionalidad y que se resumía en la capacidad de los catalanes de regir todo aquello que afectaba a su “vida interna”, o sea, todo lo que no se atribuía expresamente al Estado en el reparto de competencias plebiscitado en las asambleas de los municipios catalanes convocadas por la Mancomunidad. Así reconocida, la autonomía de Cataluña no podía entenderse como separación, sino como acicate a los otros pueblos de España para que siguieran el mismo camino: “Queremos que venga con España, porque sentimos a España como algo nuestro”.

Sin la conmoción mundial de la Gran Guerra, el triunfo de aquellos ideales se presentaba como “tarea larga y pesada”. Pero el momento había llegado y después de atender una llamada de Alfonso XIII —que le prometió la autonomía inmediata a cambio de “provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario”—, Cambó exhortó a los catalanes asegurándoles que había querido Dios “que en nuestra generación esté la suerte de Cataluña”. “La autonomía completa, absoluta, integral” estaba, por fin, al alcance de la mano. De ahí que su frustración fuera profunda cuando Antonio Maura, alarmado ante las nuevas Bases presentadas por la Mancomunidad el 25 de noviembre de 1918 —un Parlamento catalán con dos Cámaras, un Gobierno, un tribunal mixto para dirimir posibles pleitos con otras regiones—, exclamó: “¿Autonomía integral?... No sé lo que es”. “Ustedes”, les dijo, “han delimitado la región amojonando el Estado”. La promesa regia se disolvió aplastada por las ovaciones de los parlamentarios del turno, mientras los diputados y senadores de la minoría catalana abandonaban el Congreso. La autonomía integral moría antes de nacer: “¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!”, exclamará Cambó, mientras el republicano Marcel·lí Domingo, tendiéndole la mano, le prometía que “con la República tendrán todas las regiones la autonomía a que aspiran”.

En la República: la región autónoma

Y la República llegó con el triunfo, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, de la coalición republicano-socialista en España y de Esquerra Republicana, un partido recién creado, en Cataluña. A las dos menos cuarto del día 14, Lluís Companys salió al balcón principal del Ayuntamiento y proclamó la República Federal Española, solo para que una hora después Francesc Macià le corrigiera la plana declarando la instauración de un “Estat català, que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Tal vez alguien advirtió al viejo líder de la imposibilidad de integrar el Estat català en una entidad inexistente, el caso fue que Macià rectificó su propia corrección y proclamó a la caída de la tarde la “Republica catalana com Estat integrant de la Federació Ibérica”.

La inquietud que estas sucesivas, y algo extravagantes, declaraciones despertaron en el Gobierno provisional de la República movió a su presidente, Niceto Alcalá Zamora —que en 1916 había afirmado que Cataluña era “una región vigorosa, pero no una nacionalidad, ni puede serlo”—, a despachar tres ministros (Domingo, Nicolau y De los Ríos) a Barcelona con objeto de negociar una fórmula de avenencia. La encontraron no en el restablecimiento de la Mancomunidad, disuelta por la dictadura de Primo de Rivera (1925), sino más lejos en el tiempo, en el de la Generalitat como gobierno provisional hasta que se promulgara la Constitución y en el compromiso de presentar como ponencia ante las futuras Cortes Constituyentes el proyecto de estatuto de autonomía que el pueblo catalán y la Generalitat presentara al Congreso de Diputados.

Calmados de esta manera los ánimos, la Comisión Jurídica Asesora, encargada por el Gobierno de preparar un anteproyecto de Constitución, no consideró la posibilidad de un Estat català y desechó la idea de una república federal española, pero reconoció el derecho que asistía a todas aquellas provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, a presentar un estatuto de autonomía si así lo decidían. Los miembros de la Comisión pensaban quizá en la demanda de autonomía presentada años antes por la Lliga y reconocían idéntico derecho a todas las provincias que “acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español”. La Constitución de la República vino a reconocer lo que habían repetido todos los catalanistas, monárquicos o republicanos desde hacía 50 años: que la autonomía de Cataluña implicaba proceder a la reestructuración del Estado en regiones autónomas.

Quedaba así despejado el camino para que el Estatuto plebiscitado y presentado por la Generalitat comenzara a ser debatido. Manuel Azaña, presidente del Gobierno, pulverizó las barreras que se habían levantado durante su tramitación recordando que en el siglo XIX vientos universales habían depositado sobre el territorio propicio de Cataluña gérmenes que “habían arraigado y fructificado” hasta constituir “hoy el problema político específico catalán”. El pleito de Cataluña se define así como problema político, que exige una solución política que ya no podía proceder del jacobinismo del siglo anterior, sino del reconocimiento de la diferencia en un estatuto para la región catalana. Luego, como escribió Josep Pijoan, “vendrán otros estatutos, y así, de manera natural, biológica, la Península se federará poco a poco, según corresponde a su variedad”.

La política, sin embargo, acabó por desviar el curso de la naturaleza y de la biología. El Estatuto, promulgado como Ley de la República el 15 de septiembre de 1932, quedó suspendido el 6 de octubre de 1934 a consecuencia de la rebelión de la Generalitat, azuzada en primera instancia por la anulación de la ley de contratos de cultivo por el Tribunal de Garantías Constitucionales y, en última y definitiva, por la entrada de la CEDA en el Gobierno.

El presidente Companys proclamó esta vez el Estat Català de la Republica Federal Espanyola para, acto seguido, rendirse ante el general Domingo Batet y ser encarcelado junto a sus compañeros de insurrección. “Todo se ha perdido, incluso el honor”, escribió el periodista Gaziel al comentar el “desastroso final del primer ensayo autonomista realizado en Cataluña”.

Aunque Gaziel no lo pudiera imaginar en 1934, todavía quedaba mucho que perder. Restablecido tras las elecciones de febrero de 1936, el Estatut fue suspendido por el Gobierno de la República en todo lo relacionado con el orden público tras los días de guerra civil en mayo de 1937 en Barcelona, y en la zona rebelde quedó derogado por el general Franco por Ley de 5 de abril de 1938. Companys, un presidente al que el Gobierno siempre se le escurría entre las manos, recuperó el honor en forma de martirio al ser capturado en París por la Gestapo, entregado a Franco y fusilado en 1940.

El presidente de la Generalitat en el exilio Josep Tarradellas pronuncia su discurso de regreso en la plaza Sant Jaume de Barcelona; fue cuando dijo aquel célebre 'Ja sóc aquí', en octubre de 1977. / EFE

En democracia: nacionalidades y regiones

Que la historia no siempre es maestra de la vida quedó bien demostrado en junio de 1962 cuando en el encuentro de fuerzas políticas del interior y del exilio en Múnich, y tras otro acalorado debate, no hubo manera de llegar a un acuerdo sobre si eran pueblos, regiones o nacionalidades las entidades a las que una futura democracia española debería reconocer la autonomía. El duro enfrentamiento entre catalanistas y democratacristianos presentes en el coloquio solo llegó a una tregua cuando Salvador de Madariaga propuso como fórmula de compromiso “el reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales”.

Unas fórmulas —personalidad, comunidad natural— llamadas a corta vida: desde mediados de la década de 1960, los partidos, grupos y asambleas de oposición a la dictadura recuperaron los viejos términos de nacionalidad y región como mejor expresión de un derecho que en ocasiones llamaban de autonomía y en otras de autodeterminación. Pueblos, nacionalidades y regiones eran, las tres en plural, voces bien arraigadas en los léxicos políticos español y catalán cuando se inicia en 1977 el debate constitucional, y no fue casualidad ni capricho, menos aún delirio, que las tres encontraran su camino hasta verse estampadas en la Constitución: los pueblos de España aparecen en el preámbulo, el pueblo español se presenta en el artículo 1 y las nacionalidades y regiones irrumpen, juntas, en el artículo 2.

Ni pueblos de España ni pueblo español crearon mayor problema, pero la llegada por vez primera de nacionalidades a un texto constitucional levantó una tormenta. Cuando se hizo pública su presencia en el anteproyecto, no faltaron voces templadas, como la de Manuel García Pelayo, que mostró su cautela porque nacionalidad introducía gran incertidumbre sobre el futuro del Estado y porque “formaba parte de la dialéctica de las cosas, no de la fatalidad histórica, que del Estado de nacionalidades se pase a su disgregación en varios Estados nacionales”. Por eso, y porque la cúpula militar tampoco se mostraba muy complacida por la novedad, el artículo 2 pagó con la redundante fórmula de la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” la presencia a su vera de nacionalidades y regiones.

En todo caso, nacionalidades y regiones y, con ellas, el principio de generalización de la autonomía y del derecho de cada una a elaborar su propio estatuto, era algo que la oposición lo tenía hablado desde años antes y fue objeto de los acuerdos firmados por Coordinación Democrática con Assemblea de Catalunya y con Consell de Forces Polítiques de Catalunya en sendas reuniones mantenidas en Barcelona el 21 de mayo de 1976. 

De la necesidad urgente de estructurar el Estado en nacionalidades y regiones habló con Adolfo Suárez en enero de 1977 una delegación de la Comisión de los Nueve, formada por Felipe González, Antón Cañellas, Joaquín Satrústegui y Julio Jáuregui. Naturalmente, Jordi Pujol, al hablar de nacionalidad en el pleno del Congreso de 4 de julio de 1978, recordó con orgullo que fue la minoría catalana “la que introdujo en su día ese término [en el proyecto de Constitución] y luego lo ha defendido”. Por todo eso y por la pacífica restauración de la Generalitat de Catalunya, la llegada de los dos términos a la Constitución, tras la frustración de la autonomía integral en 1918 y la liquidación por las armas de la región autónoma 20 años después, se celebró en 1978 como un logro que cerraba un siglo de pleito catalán.

En la crisis: nación soberana

No lo cerró. Al cabo de tres décadas, un programa de construcción nacional, elaborado y ejecutado con recursos públicos desde un poder de Estado como es la Generalitat, ha culminado en la reapertura del pleito de Cataluña sobre otras bases y con otras metas. Al calor del fin de otra guerra, en esta ocasión fría, y del derrumbe del imperio ruso-soviético y la creación de nuevos Estados en Europa, emergió un nuevo proyecto político que podría expresarse como cierre del pleito de nacionalidad, apertura del pleito de nación. Primero fue que la Constitución se había quedado estrecha; luego, que el Estado español no sería plenamente democrático hasta que no se constituyera como plurinacional, siendo cuatro sus naciones: Castilla, Cataluña, Euskadi y Galicia; finalmente, que nación plena exige Estado propio.

El camino a la independencia, soterrado en una semántica plagada de equívocas metáforas, experimentó una formidable aceleración con la última ronda de reformas de estatutos que transformó a regiones en nacionalidades y a nacionalidades en naciones mientras el Tribunal Constitucional sufría el más severo desprestigio de su vida. Culminada la irresponsable ronda poco antes de que se desatara la Gran Depresión, lo ocurrido desde junio de 2011, con el Parlamentcercado, los diputados víctimas de escraches y vapuleos y, casi de inmediato, las campañas “España nos roba” y “Expolio fiscal”, las masivas diadas y, en fin, pero no en último lugar, la revelación de la corrupción sistémica sobre la que la familia Pujol-Ferrusola había construido su poder absoluto, ha impulsado al Gobierno de la Generalitat a abrir, no una nueva etapa de esta larga historia, como afirma su presidente, sino un nuevo pleito, de otra naturaleza. La declaración de soberanía en enero de 2013 y la convocatoria de un referéndum por la independencia un año después no miran a la reestructuración del Estado español, sino a su fragmentación en naciones soberanas, cada cual con su Estado unitario.

Que, como resultado del liderazgo errático y aventurero del presidentMas, y del mudo esperar y ver del presidente Rajoy, la historia aquí contada no pueda terminar sino con un “el tiempo dirá” dice mucho acerca del imprevisible y, ya para todos, ruinoso desenlace de este nuevo pleito de Cataluña.