La vuelta de Cuba a las Américas
La normalización con Washington responde a la tradición anterior a la Guerra Fría
Hasta 1960 o 1961, la ideología nacionalista revolucionaria cubana, de José Martí en adelante, había pensado Cuba como un país ubicado en la frontera entre las dos Américas. Las voces más radicales de esa tradición, por muy celosas que fueran con la soberanía económica o con la autodeterminación política del país, siempre apostaron por una independencia de la isla, que pondría límites al intervencionismo de Estados Unidos, sin llegar a la fractura diplomática o a la confrontación militar. Esta última opción, la de la ruptura bilateral con Washington, carece de antecedentes históricos hasta entonces y se instala, en propiedad, con la Guerra Fría y la alianza de la dirigencia revolucionaria con Moscú.
El inicio de la normalización diplomática entre Estados Unidos y Cuba es, en buena medida, una vuelta a aquella tradición, que nunca entendió la identidad latinoamericana y caribeña del país como negación de los necesarios vínculos económicos y diplomáticos con su vecino desarrollado. Durante el anuncio del restablecimiento de relaciones, el pasado 17 de diciembre, en conferencia simultánea a la del presidente Barack Obama en la Casa Blanca, y en un discurso posterior ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Raúl Castro pareció sostener que la normalización diplomática es posible, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que dividen a ambos Gobiernos.
Sin embargo, en palabras más recientes ante el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en Costa Rica, Castro cambió el tono. Regresó al lenguaje de la Guerra Fría y puso una serie de condiciones para que la “normalización de relaciones bilaterales sea posible”. La normalidad, según La Habana, sólo se alcanzará luego de que la isla sea retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo, de la reanudación de servicios financieros de su Sección de Intereses en Washington, del cierre de la base naval de Guantánamo y del cese de las transmisiones de Radio y TV Martí. A esos cuatro puntos, como en la época de la crisis de los misiles, Castro agregó un quinto: no habrá restablecimiento hasta que Estados Unidos no compense a Cuba por los “daños del bloqueo”.
Luego del discurso de San José, la idea de la normalización perdió fuerza. Las audiencias en el Congreso de Estados Unidos y la postergación de viajes a la isla de varios legisladores norteamericanos han dado a entender que el proceso, aunque no se suspende, se ralentiza. Una manera de interpretar el cambio de tono de Raúl Castro sería entenderlo como parte natural del cruce de declaraciones entre mandatarios, que hace público el diferendo que negocian, a puertas cerradas, sus respectivas delegaciones. Otra, no necesariamente contradictoria, es que Raúl Castro y su Gobierno decidieron exponer abiertamente, ante el foro de la Celac —que no lo haya hecho ante la ciudadanía tal vez sea otro indicio de la popularidad que goza el restablecimiento de vínculos con Estados Unidos en la isla—, las resistencias a un entendimiento con Washington que subsisten en la clase política cubana.
El escenario elegido fue la Celac porque la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos y caribeños sostienen buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá y quieren que Cuba se sume al marco interamericano. Castro intentaba explicar a sus pares en la región por qué hay escepticismo en un sector de su Gobierno. En la práctica, lo que se estaría produciendo con un restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba es el reconocimiento pleno del fin de la lógica de la Guerra Fría y de la aceptación, por parte de La Habana, de las reglas del juego global, luego del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001. La colaboración entre ambos Gobiernos en la lucha contra el narcotráfico y la insistencia de Cuba en ser retirada de la lista de países terroristas son evidencias de esa aceptación.
A lo que se resiste el sector más ortodoxo de la isla es, precisamente, a la alineación con algunas de las premisas básicas de la nueva y acotada hegemonía hemisférica de Estados Unidos, como la “guerra contra el terror” y la suscripción de la forma democrática de gobierno. Un acuerdo sólido entre Washington y La Habana en esas materias es entendido, por los más inmovilistas, como un colapso ideológico que implicaría el ocaso de una política exterior de medio siglo, basada en el mesianismo de un rival de Estados Unidos en el Caribe, resuelto a producir alternativas a Washington en todo el orbe, por medio de la inscripción en el bloque soviético, el apoyo a las guerrillas urbanas y rurales en América Latina y el respaldo a los movimientos de liberación nacional y a los socialismos descolonizadores en África y Asia.
La vuelta de Cuba a las Américas se produce en medio de un evidente giro al pragmatismo en la política exterior de la isla, que arranca con la convalecencia de Hugo Chávez en 2012. Raúl Castro reconoció en San José el papel de la Celac en ese giro. Lo que no pudo admitir es que la política exterior encabezada o alentada por su hermano, hasta ese mismo año, tenía como prioridad hostigar a los foros interamericanos desde el eje bolivariano. En la Celac, lo mismo que en Unasur, actualmente enfrascada en un intento de mediación entre Washington y Caracas, predomina la idea de sostener buenas relaciones con Estados Unidos. La Cuba de Raúl Castro se está acomodando, lentamente y con regresiones, a esa tendencia.
Se verá con claridad en la Cumbre de las Américas, en abril, en Panamá. El discurso oficial de la isla, y sus ecos —o réplicas— en la comunidad internacional, establecen una mecánica continuidad entre la estrategia de la Celac y el sectarismo bolivariano. Pero la posición mayoritaria de la región, a favor de la preservación del foro interamericano y de la inclusión de Cuba en el mismo, suponen una reafirmación, y no un abandono, de las premisas de la integración hemisférica. El dilema al que se enfrenta el Gobierno de Raúl Castro es que la aceptación, o no, de esas premisas, deja de ser un “asunto de orden interno”, como reiteró el mandatario en San José, y se presenta como algo que concierne a toda la comunidad de naciones americanas.
Que Cuba sea el único Estado de la región que no acepta la forma democrática de gobierno no es, por supuesto, un “asunto de orden interno”. Como tampoco lo es la desaparición de los 43 maestros normalistas de Ayotzinapa, la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, el encarcelamiento injustificado de opositores pacíficos en Venezuela, la corrupción y la inseguridad en cualquier país latinoamericano o la violencia racial y juvenil en Estados Unidos. La asimetría entre las dos Américas y los viejos nacionalismos impiden que la actual integración genere formas más eficaces de mejorar la situación de los derechos humanos en el continente, pero la democracia sigue siendo un valor de consenso en la región.
Rafael Rojas es historiador.
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