El Consejo General del Poder Judicial ha de dar explicación clara de los motivos que han dado lugar a retirar la juez del "Caso UGT"
ESPAÑA
El juez de instrucción 9 de Sevilla ha comenzado este lunes a recibir las diligencias abiertas por las presuntas facturas falsas de la UGT para justificar gastos a cargo de fondos de formación, después de que la Audiencia Provincial ordenara que no sean investigadas por la juez de los ERE, Mercedes Alaya.
Esta investigación sobre los fondos públicos de la Junta destinados a formación, que presuntamente la UGT desvió a pagar pancartas, convites en la Feria de Abril y otros gastos internos, fue asumida en octubre del 2013 por la juez de los ERE por entender que guardaba relación con su propia investigación sobre la financiación irregular de los sindicatos mayoritarios.
El viernes pasado, sin embargo, la Audiencia de Sevilla dictaminó quede momento no existe conexión entre los hechos investigados, por lo que debía ser el juez predeterminado por la ley quien indagase los gastos de la UGT con cargo a los fondos de formación.
La primera denuncia contra los responsables de la UGT-A correspondió al juzgado de instrucción 9 y se refería a las presuntas facturas falsas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de septiembre de 2010 con cargo a formación de parados. Posteriormente el sindicato Manos Limpias presentó hasta ocho ampliaciones de denuncia, que correspondieron a los juzgados números 4, 5, 12, 13 y 19 de Sevilla.
Las normas de reparto de los juzgados sevillanos establecen, según las fuentes, que la investigación debe ser llevada a cabo por el primer juez que reciba la denuncia, en este caso el de instrucción 9, quien desde ayer ha comenzado a recibir de sus compañeros los correspondientes legajos.
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