La violencia de género se reducirá con educación para la ciudadanía. Sin embargo, hay que considerar que su origen en la envidia por la "mujer" del "deseado" o por la  envidia hacia el "hombre"de la "deseada", es patología poblacional y patología individual.

Hay que reconocer  como delito la violencia, no sólo física. Hay que detectar la patología psiquiátrica en los Centros de Salud, en los Centros de Trabajo y en los Centros de Recreo. En los bares se siembra el fruto de la envidia por la mujer  "del" otro y el hombre "de la" otra.

Y sigo.

La violencia por envidia del comportamiento ético de aquella Persona por parte de aquel Individuo Humano No Persona, tiene su sembrado en los mismos Centros que la anterior. Detectar la patología psiquiátrica de envidia por la Persona, por quellos Individuos Humanos No Personas, es básico para la tan cacareada por las NomPersonas "REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA",  que no oculta más que el reconocimiento de la existencia de Individuos Himanos de las Subespecies No Persona, de las subespecies que no han evolucionado genéticamente y de aquellas que siendo Individuos evoluciona dos genéticamente como Personas, no han evolucionado Ontogenéticamente como Personas. Son estas últimas las que hay que reconocer que son educables como personas.

El Individuo Humano de las Subespecies que se comunican, o personas, son las únicas susceptibles de ser educables.

Un ejemplo claro es la acción asesina, por envidia, sobre el Dr. Montes. Sin embargo, al no reconocer a los Individuos Humanos No Personas que le atacaron como perros, ha hecho que se les siga considerando como perros educados. Lo serán siempre que lleven puesto un collar con puntas para que cuando su instinto les lleve a atacar a las Personas, se tengan que retener, no porque reconozcan su error, que no pueden hacerlo, sino para que no puedan llevar a término su acción depredadora.

Estos Individuos Humanos No Personas, entran, o los metes en tu casa, cohabitas con ellos y se mimetizan. Hay que tener en cuenta que ellos piensan que tu casa es su casa y que ellos no son los que están en tu casa y a tu cuidado, sino que entienden que esa es su casa y que tu estas en ella de invitado.

Pensar que el perro y el gato te pueden matar al tenerlos dentro de tu casa. Ellos piensan que eres tu el que está en su casa.

La presencia de un objeto por ellos deseado puede ser el desencadenante. Si ellos aprecian que tu hijo  desea estar contigo y no con ellos, actúan matando a tu hijo o matándote a ti.

¿Peligro u oportunidad?

El Estado de derecho no debe ser ambiguo en la regulación de la eutanasia

El País, Luis Montes Mieza 21-03- 2014

El 13 de febrero de 2014 el Parlamento belga aprobó una modificación de la ley de eutanasia de 2002, ampliando este derecho a menores que, con un pronóstico fatal a corto plazo y un sufrimiento físico insoportable, con el acuerdo de sus padres soliciten de forma repetida y consciente una muerte asistida.

El texto ha sido sometido durante dos años a un gran debate social, suscitando tal interés que las comparecencias de los expertos en el Senado fueron televisadas. El 74% de los belgas son partidarios de la eutanasia infantil y la mayoría de partidos han respaldado esta iniciativa legislativa (86 a favor, 44 en contra y 12 abstenciones). Tras 30 años de debate, Bélgica y Holanda muestran el camino que sin duda transitarán todas las sociedades democráticas.

En España la mayoría de los médicos (59,9% en 2002, según la encuesta del CIS 2.451) y de la población general (73% en 2009, CIS 2.803) está a favor de la regulación de la eutanasia. En 2002 la Ley de Autonomía del Paciente reforzó el derecho a rechazar un tratamiento de la Ley General de Sanidad de 1986, al regular las instrucciones previas (testamento vital), por lo que actualmente morir voluntariamente es un derecho cuando la vida depende de una medida de soporte vital (tal y como demostró Inmaculada Echevarría en 2007, tras renunciar al respirador que la mantenía con vida). A raíz de este caso y del escándalo en 2005 por la infamia de la Comunidad de Madrid contra el servicio de urgencias que yo dirigía, en el hospital Severo Ochoa de Leganés, Andalucía reguló en 2010 los derechos de los pacientes y las obligaciones de los profesionales en el proceso de muerte, iniciativa que siguieron Aragón y Navarra en 2011 y que probablemente lleven a cabo otras comunidades sensibles con el sufrimiento al final de la vida.

¿Garantiza la legislación una buena muerte para los ciudadanos? Claramente no. Todavía hace falta mucha pedagogía de la Ley de Autonomía. Por el tabú cultural de la muerte a muchos pacientes no se les informa sobre su enfermedad, ni sobre sus derechos (como el testamento vital), ocultando su proceso de morir tras el espejismo de una supuestamente bondadosa ignorancia. Y los pacientes que, afrontando su muerte, desean ejercer sus derechos a menudo chocan con profesionales que, en lugar de respetar su voluntad, tratan de imponer sus creencias, con la excusa de los paliativos.

La universalización de los paliativos es un subterfugio que rehúye el debate

Pero el dilema paliativos o eutanasia no existe. No se trata de elegir entre lo uno o lo otro, sino de disponer de la opción de morir y de los mejores cuidados (el 95% de los médicos opinan que los paliativos no evitan todas las demandas de eutanasia, CIS 2.451). La universalización de los paliativos es un subterfugio que rehúye el debate de la disponibilidad porque para muchos equipos, en manos de organizaciones confesionales, la voluntad de morir es inaceptable, aunque se ajuste a la legalidad vigente (como la sedación paliativa a demanda de un enfermo terminal publicada el 9-2-14 en EL PAÍS).

El Código Penal vigente de 1995 crea situaciones absurdas. El suicidio no es delito, pero la ley castiga la cooperación necesaria, actos sin los cuales Ramón Sampedro no podía darse la muerte a sí mismo, una imagen vergonzosa grabada en el imaginario colectivo, porque castiga al más vulnerable, arrebatándole la libertad de disponer de su vida. Sin embargo, Inmaculada Echevarría pudo morir porque tuvo la suerte de estar conectada a una máquina. Algunos juristas argumentan que en caso de graves padecimientos la cooperación necesaria (pero no directa) al suicidio es impune, mientras que para otros toda muerte voluntaria es delito, como la renuncia a la alimentación por sonda, llegando a confundir sedación paliativa y eutanasia, o los conceptos de inducción y cooperación, con los de información y acompañamiento al suicidio (que como grupo de ayuda mutua realiza la asociación DMD).

La ambigüedad de la legislación es una carga añadida para los ciudadanos en el peor momento de su vida, provocando desconfianza en los pacientes e inseguridad en los profesionales, con un discurso público, temeroso del fundamentalismo de la sacralidad de la vida, y otro privado (“cuando hace falta, eso lo hacemos todos”). En un Estado de derecho, morir bien no puede seguir dependiendo de las creencias del médico que a uno le toque, sino que debe ser una garantía para todos los ciudadanos.

Como demuestran los hechos, la regulación de la muerte voluntaria no es un peligro, sino una oportunidad, no solo para los que elijan morir (que siempre será una minoría del 1% al 3%), sino para toda la población. Acaba con el tabú, dota al ciudadano de protagonismo y respeta la libertad de los ciudadanos durante el final de su vida. El debate está en la calle, pero los gobernantes, lejos de escuchar el grito de “no nos representan”, limitan cada vez más el ejercicio de derechos fundamentales, demostrando un alarmante déficit democrático. Ante este fracaso, el movimiento ciudadano por una muerte digna, libre de doctrinas confesionales, continuará procurando una buena muerte, libre, responsable y legal para sus miembros.

Dialogar, deliberar sobre las opciones disponibles, no solo es lo más humano, sino lo más democrático. Como decían los pediatras belgas que solicitaban el cambio legislativo: es obvio que los médicos no buscamos este tipo de situaciones, pero ocurren. Y por encima de todo tenemos el deber de ayudar a los pacientes en estas situaciones de la manera más humana y responsable.

Luis Montes Mieza es presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente.