Las condiciones del contrato establecidas entre cada trabajador y el Estado, o Señor Esclavista, hay que cumplirlas. No hay opción. Si no se cumple, se ha robado y se sigue robando a los esclavos que, considerarán libres por incumplimiento de contrato y, con ello,les quedan libres las manos ya que no se respeta la Razón del Acuerdo
No me he equivocado, soy reincidente. Esta "reforma" es esclavista e inmoral regulan el robo por parte del Estado, o confiscación, como un "bien social" y lo refieren como necesario y, consideran que es necesario para corregir el pecado que los confiscados, o robados, hemos cometido.
Si consentimos que se implante y legalice la confiscación de bienes, se acabó la construcción de la sociedad española, dejando las manos, la violencia, como único instrumento.
Los expertos piden que las pensiones se completen con otros impuestos
El 'grupo de sabios' plantea financiar las prestaciones de viudedad con la recaudación general
El País, Jesús Sérvulo GonzálezMadrid 15 MAR 2014
Montoro recibe el informe de los expertos el viernes. / CLAUDIO ÁLVAREZ
Plantean que el agujero que se pudiera crear en las cuentas de la Seguridad Social se financie con otros impuestos distintos de las cotizaciones sociales. “No cabe ignorar que una devaluación fiscal en España significa alterar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, pues las prestaciones sociales se financian básicamente con las cotizaciones”, precisa el documento de 444 páginas entregado el viernes por el grupo de sabios al Consejo de Ministros.
El documento señala que “una devaluación fiscal exige revisar el sistema actual de fuentes de financiación de la Seguridad Social, bien para incorporarle otras vías de financiación o bien para sacar del mismo algunas partidas de gasto”. Fuentes próximas al grupo de expertos aseguran que esta es una de las cuestiones que más debate ha generado durante los trabajos.
“La alternativa más sencilla probablemente consistiría en afectar al sistema de financiación de la Seguridad Social el incremento de la imposición indirecta que sustituya a las cotizaciones, es decir, la de transferir de manera automática e irreversible varios puntos de recaudación por IVA a la Seguridad Social”, resalta el informe que admite que esta alternativa podría ser compleja porque la financiación de las pensiones está regulada en el Pacto de Toledo y establece la separación de fuentes de financiación de las pensiones y los otros servicios públicos para garantizar la solvencia financiera del sistema y por su carácter finalista.
Como alternativa a establecer un impuesto indirecto que complete la financiación del sistema de la Seguridad Social, los expertos proponen “sacar del sistema algunas partidas de gasto cuyo componente contributivo sea menor, y en ese caso las pensiones de orfandad o viudedad serían los principales candidatos, para pasar a ser financiadas mediante impuestos ordinarios”. Las pensiones de viudedad y orfandad suponen unos 20.000 millones de las arcas públicas. En este punto los expertos concluyen: “Una devaluación fiscal podría abrir también una oportunidad de gran interés para reconsiderar el sistema de financiación de las prestaciones sociales y sus mecanismos institucionales”.
Los sabios plantean convertir el actual sistema de cotizaciones sociales basado en una serie de bases tarifadas en un auténtico impuesto sobre nóminas, con un funcionamiento similar al IRPF. Este cambio debería ir unido a una reducción de los tipos de gravamen y a un reparto más equilibrado entre trabajadores y empresarios. Dicho de otro modo, el informe de los expertos plantea traspasar parte de las cotizaciones que pagan los empresarios a los trabajadores, lo que se podría comer la bajada del IRPF prevista para los asalariados.
El texto también recomienda ligar el importe de las cotizaciones aportadas a lo largo de la vida laboral de un trabajador con las pensiones, lo que podría conducir a una rebaja de las prestaciones por jubilación.
El informe plantea, además, reunir en una sola administración los organismos de recaudación y gestión de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, como ya propusieron los inspectores fiscales hace unos meses.
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