Buscar en este blog

13 feb 2015

Se disuelve el PP y la Legislatura actual por mandato del Jefe del Estado.


Se hace necesaria la disolución del Partido Popular con la imposibilidad de actividad política a toda la dirección, sin que por ello, no sea enjuiciado por los delitos de robo al Estado, que es como se dice de la "financiación ilegal". Robar es hurtar con violencia y su víctima es el Estado del Reino de España.

Como han hecho, no han dimitido y se han puesto a disposición del juez, el resto de los partidos políticos, con y sin representación parlamentaria han de salir de las dos Cámaras de Representación y conformar una Cámara ?Constituyente obligando el Jefe del Estado a la dision del Poder Ejecutivo y convocar elecciones generales sin financiación de ningún tipo para ninguno de los que se presenten sin representar al Partido Popular.

El juez Castro investigará la supuesta financiación ilegal del PP balear

José Castro abre una pieza exclusiva del caso tras las aportaciones del fiscal Horrach

  • Enviar a LinkedIn1
  • Enviar a Google +0
  • Comentarios31

El juez José Castro, en una imagen de archivo. / CATI CLADERA (EFE)

Una nueva pieza del caso Palma Arena, y ya va la número 28, estará dedicada en exclusiva a investigar "la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares", un título "aproximativo" que le ha dado este viernes el juez José Castro al abrir unas diligencias separadas. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha respondido así a lostestimonios, con confesiones y facturas, que le aportó este jueves el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, sobre supuestos hechos ilegales en relación con la compra y obras de reforma de la sede del PP en Palma, en 2003. El juez tiene otras dos piezas relacionadas con una supuesta caja clandestina del partido en la época del expresidente balear Jaume Matas.

Los relatos de excargos del PP, de Rodrigo de Santos (condenado por corrupción) y del extesorero Luis Bárcenas, señalan que al menos un empresario de contratas públicas, Antonio Pinal, de la firma Brues, pagó una parte de la adquisición o reforma de la sede popular. Además, el fiscal ha aportado el relato de Juan Serra Cladera, dueño de la empresa que hizo obras en el PP y que trabajó para el palacete de Matas. En ambas reformas —y también en el velódromo del Palma Arena que da origen a la macrocausa— actuaron los mismos arquitectos, los hermanos Luis y Jaime García Ruiz.

El juez ve indicios de "posible" financiación ilegal por la supuesta ligazón de los pagos al PP con adjudicaciones públicas desde las instituciones gobernadas por el partido conservador. Solo en la compra y obras de la sede de Palma se invirtieron cerca de tres millones de euros, aunque el líder del PP actual, José Ramón Bauzá, afirmó que 1,6 millones eran de un préstamo y casi 900.000 euros de donaciones de afiliados y cargos.

El PP puso 500.000 euros en efectivo al formalizar la compra, según el Diario de Mallorca, y en la escritura obraron con apoderamiento del PP nacional el gerente balear y cuñado del presidente Jaume Matas, Fernando Areal (imputado en la causa madre) y, además, el secretario general, José María Rodríguez, que sigue al frente del PP de Palma pese a estar imputado en otra pieza de supuesta corrupción.

El juez José Castro quiere despejar las dudas sobre las finanzas del PP con prontitud porque ha citado para antes de fin de mes, concretamente el día 24, al testigo de cargo desde las entrañas del partido que aporta el fiscal, Rodrigo de Santos, reo por corrupción, responsable de Urbanismo de Palma, ex número dos de su Ayuntamiento y que coordinó en 2003 la campaña de Jaume Matas, también preso por tráfico de influencias.

En la causa principal del asunto Palma Arena existe una pieza, la número 4, ya cerrada y lista para juicio, sobre supuestas facturas falsas de publicidad y contabilidad b y, además, otra (la número 27) sobre supuestos cohechos y financiación ilegal. Se trata del llamadocaso Over MC, que parte del testimonio del publicista Daniel Mercado, quien contó cómo pactó con Matas recibir contratos públicos y, a cambio, efectuar a bajo precio la publicidad de su campaña electoral. El juez agrega a la nueva pieza el testimonio de las declaraciones del publicista Daniel Mercado y del constructor de la sede y del palacete Juan Serra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario