Una Ley que prohíba explícitamente que desde directores generales hasta el presidente del Ejecutivo, así como a todos los elegidos y miembros de los actuales y una generación más de todos los Poderes del Estado, puedan formar parte de Empresas Privadas, hasta su muerte, resolvería, probablemente, la destrucción de la estructura social y poblacional que en estos momentos está en curso.
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