Sanidad quiere que los sin papeles acrediten que no tienen recursos
El ministerio propone dar asistencia válida únicamente en cada comunidad durante un año
Protesta de ONG y sociedades médicas frente al Ministerio de Sanidad. / Claudio Álvrez
El real decreto que en 2012 dejó fuera de la asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes sin residencia legal en España —solo urgencias, embarazadas y menores— prácticamente no fue respetado en ninguna comunidad autónoma, ni siquiera las del PP. Así lo reconocen en el ministerio que encabeza Alfonso Alonso, aunque eviten decirlo en público. Casi todas las autonomías incluyeron excepciones o crearon programas especiales a través de los servicios sociales. Galicia, gobernada por el popular Alberto Núñez Feijóo, fue de las primeras: en septiembre de 2012 aprobó un programa de salud pública que también exigía acreditar falta de recursos.
Tras el vuelco de las últimas elecciones, con nuevos Gobiernos autonómicos del PSOE, la situación es aún más heterogénea, porque varios han empezado a devolver la asistencia, cada uno a su manera. Una de las razones esgrimidas por los que siempre se negaron a acatar el real decreto era la posibilidad de crear un problema de salud pública.
Sanidad es “consciente de la necesidad de coordinar y armonizar los programas, requisitos y procedimientos”, señala en el borrador. Entre la documentación que deberán aportar los sin papeles figura un “certificado de no disponer de ingresos suficientes”. “Como mínimo una declaración responsable”, añade el texto, que también prevé la posibilidad de que si no se pueden acreditar los requisitos, un trabajador social de la comunidad autónoma emita un informe sobre las circunstancias económicas del solicitante.
De ahí que, frente a los diferentes periodos que se piden en cada autonomía, el borrador proponga que el ciudadano lleve empadronado un año de forma ininterrumpida o tenga “residencia efectiva” en cualquier municipio. Aunque deja la puerta abierta a sumar periodos de empadronamiento en comunidades diferentes. Otros requisitos comunes serían: no tener reconocida la condición de asegurado o beneficiario (la reconoce la Seguridad Social), no tener derecho a la cobertura sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho a la asistencia desde el país de origen y no haber terceros obligados al pago (un seguro, por ejemplo).
Polémico registro
En cuanto al polémico “registro” que anunció el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y que generó protestas de la oposición y de organizaciones humanitarias por “discriminatorio”, el borrador únicamente habla de incluir a los sin papeles en la base de datos del Sistema Nacional de Salud, que es donde figuran todos los asegurados y beneficiarios. Aparecerían como “no asegurados”. El documento —no la tarjeta sanitaria normal— que acreditaría su derecho a sanidad solo tendría validez en la comunidad emisora, durante un año, y luego habría que renovarlo.
Una de las incógnitas era la cobertura farmacéutica. Según el plan del Gobierno, los sin papeles pagarán el 40% del precio al público de los medicamentos, es decir, como los trabajadores en activo (40%, 50% ó 60% en función de su renta). Una portavoz de Sanidad confirmó que este borrador ha sido enviado a las comunidades como “documento de partida para discutir” los detalles. También reconoció que su contenido es prácticamente el mismo que otro texto enviado en junio.
Lo que propone el Gobierno es muy similar a lo que ya hace Valencia, que ha devuelto la asistencia a 2.200 personas, aunque con un periodo de empadronamiento menor (tres meses). Tanto esta comunidad, gobernada por una coalición de izquierdas, como el Ejecutivo de Castilla-La Mancha pidieron este viernes la derogación del real decreto de 2012 e insistieron en volver a la sanidad universal.
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