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21 abr 2013

La ley sobre desahucios es inconstitucional.


El incumplimiento de la Ley desliga, desune, separa al Homo del a conjunto Social. Significa la no aceptación de vivir en unión integrado, conformando el grupo social, que rige sus relaciones a través de la Ley.

La ley racional anunciada por el Homo,  por acuerdo entre homos, une, que no obliga, con el fin de obtener la unión entre ellos,  para conseguir la supervivencia como grupo, o adaptación al Medio. 

La Ley emana de la necesidad de convivir para adaptarse al Medio. La Ley es un instrumento  propio de la Evolución.

La Constitución del Estado del Reino de España regula la participación de los ciudadanos en el Poder Legislativo, a través de Los elegidos, o diputados. Y, a través de la Iniciativa Popular.

En ningún momento los elegidos pueden degenerar la iniciativa popular como se ha hecho en estos días por parte del Congreso de los Diputados, activamente por parte del Partido Popular, que no ha racionalizado el concepto de mayoría y por parte del resto de los diputados que lo ha aceptado con pasividad ignorante.

La mayoría en el Congreso de los diputados, o parlamento es el resultado de una discusión o confrontación de opiniones, que no de pareceres o creencias.

La iniciativa Popular ha de ser discutida y resuelta su aceptación o negación mediante Ia mayoría de los partidos políticos como muestras de la Sociedad de España. Ha de ser así por cuanto la Iniciativa Popular es una muestra de la Sociedad de España. 

Es un problema básico de estudio de poblaciones. No es puesto en duda, sería como sumar peras con manzanas. 

Otro ejemplo sería un solo voto por partido y, uno de estos, votar por cada diputado.

Cinco votos, cada uno por diputado más tres votos, uno por partido. El resultado serían ¡ocho votos!.

Estamos mal con los maestros que no aprueban (se puede demostrar a a que suspendieron quienes examinaron y no quienes fuero examinados. Bueno, técnicamente escribiendo, no han sido examinados).


Esto hace nula la ley aprobada. Nula. Nula. Y, obliga a, por lo menos, educarse a los Diputados en conceptos de la ahora ya no llamada Enseñanza General Básica.

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