Ayer, el ministro de Interior, abogó por la intercesión de Teresa de Ávila en su quehacer.
Entiendo que viene bien leer y luego reflexionar con el artículo que sigue.
Política con criterios científicos
En investigación, hace tiempo que se han sistematizado fórmulas para evitar conflictos de intereses y actuar con transparencia con métodos que se deberían trasladar a otros campos, como la acción pública
EVA VÁZQUEZ
Los científicos sabemos desde hace tiempo lo que quiere decir un conflicto de interés. En muchas publicaciones científicas es necesario declarar las fuentes de financiación o si alguno de los autores tiene relación con alguna empresa relacionada con el tema del artículo. Algo más difícil es definir conflictos de intereses por pertenecer a alguna organización cuando se participa, por ejemplo, en un proceso de evaluación de personal o proyectos. Sin embargo, es sorprendente que nadie parezca preocuparse de intereses que pueden proceder de cuestiones ideológicas. Una discusión semejante puede darse en otros sectores como los medios de comunicación y, sobre todo, en los profesionales de la política.
Una publicación científica puede valer mucho dinero. Un resultado positivo o negativo sobre los efectos de un medicamento puede ser cuestión de vida o muerte para una empresa farmacéutica. La opinión de un comité científico sobre un aditivo alimentario o un pesticida, por ejemplo, puede representar un mercado de millones que se abre o se cierra. Que alguien que participa en estas tareas tenga un interés personal en el tema puede falsear un resultado o un informe que a los ciudadanos nos interesa que sea lo más objetivo posible. Este tipo de conflicto se trata de resolver con la obligación de efectuar una declaración de conflicto de intereses que puede hacerse pública o implicar la exclusión de algún participante. Lo mismo ocurre en procesos de evaluación de la actividad o de proyectos científicos en que se trata de evitar que participe alguien que tiene interés (positivo o negativo) en un candidato o un proyecto. Por esto hay reglas para que en estos procesos no puedan participar parientes o colaboradores o miembros de una misma institución. Y se permite que el evaluado descarte a alguien que considera puede tener un interés negativo o animadversión contra él.
Este tipo de reglas existen en muchos procesos de la actividad científica y no dejan de presentar problemas. A veces quien más conoce de un tema es justamente aquella persona con más interés en él. Y en el caso de temas corporativos no está claro hasta dónde podemos llevar el parentesco, amistad o pertenencia a una misma institución que, como las grandes instituciones científicas europeas, pueden estar formadas por decenas de miles de miembros. Pero en estos procesos a nadie se le pregunta por sus preferencias ideológicas ni por sus creencias filosóficas y religiosas que sin duda pueden pesar a la hora de formular una opinión. Por ejemplo, si alguien es contrario al aborto puede quizá tender a no aprobar un proyecto dirigido a diagnosticar enfermedades del feto.
La paradoja es que se acabe dando más importancia a los intereses económicos que a los ideológicos que pueden disminuir, quizá en mayor medida, la objetividad de alguien en la toma de decisiones. Es posible que si se planteara eliminar a alguien por sus creencias implicaría entrar en un tipo de discriminación inaceptable, pero la realidad es que solo se examina un aspecto limitado en el conflicto de intereses.
A pesar de todo ello, en ciencia los conflictos de intereses de cualquier tipo se tratan de minimizar de forma sistemática, ya que falsean la base misma de su actividad. Pero quizá deberíamos pensar lo mismo de otras profesiones y los medios de comunicación pueden ser un buen ejemplo. También nos interesa que noticias y opiniones aparezcan sin que estén mediatizadas por intereses económicos o de empresa y para esto los códigos deontológicos definen cómo debe ser el comportamiento de los profesionales para evitar estos conflictos. Pero quizá es en política donde estas consideraciones sean más importantes.
Los gobernantes se eligen para tomar decisiones que nos afectan a todos. Sin llegar a casos de corrupción flagrante, vemos a menudo cómo los intereses económicos personales de algún gobernante pueden mediatizar sus decisiones. Muchos pueden pertenecer a cuerpos de funcionarios o instituciones cuya posición o cuyas reglas pueden estar defendiendo a costa del interés general. Y sin duda pueden pesar en sus decisiones intereses ideológicos personales que a menudo interfieren en el proceso de toma de decisiones. Es algo que ocurre actualmente en los países con una base de religión islámica importante, pero puede estar ocurriendo cada vez más en Estados Unidos con el ejemplo del Tea Party y en Europa. Es de temer que en España se esté dando este tipo de conflictos de forma adaptada al peculiar sistema político del país.
Cada país o cada entorno cultural da una importancia distinta a estas cuestiones. Los países de cultura anglosajona tienen normas que aplican, por ejemplo, para evitar el uso de informaciones privilegiadas. No parece ser lo mismo en países como el nuestro. Muy a menudo quienes tienen una función pública la ven precisamente como una oportunidad para sacar una ventaja económica, para su entorno familiar o de grupo o para imponer su ideología. Lo vemos a veces también en la gestión de la ciencia. Es demasiado frecuente que los tribunales que escogen a nuevos profesores de universidad o investigadores se presenten como una lucha entre intereses de grupo lejanos de una evaluación de la idoneidad de los candidatos.
También, para entender las posiciones de ciertos medios de comunicación tenemos que saber qué empresas o qué tipo de ideología defienden. Pero sobre todo es grave que en política los criterios de la toma de decisiones queden lejos de las consideraciones del interés general. Ello tiene importancia en términos de calidad democrática, pero también de eficiencia en la gestión de los recursos.
Para evitar los conflictos de intereses hay diversas formas de reaccionar. Una de ellas es la formulación de reglas claras como se hace en ciencia, y la más importante es la transparencia. En funciones en las que nos interesa opiniones o resultados científicos lo más veraces posible, es esencial conocer quién las formula y si existe el riesgo de que defienda intereses de algún tipo.
En los casos más graves se trata de apartar de los procesos de decisión a aquellos que se aprovechan de su función para defender intereses personales de índole económica, corporativa o ideológica. Esto es algo que ocurre en la actividad científica, pero quizá nos interesa que suceda algo similar en la política. Llegar al poder mediante sistemas democráticos no autoriza a aprovecharse de la situación para aplicar agendas personales o de colectivos que no son las de la mayoría de la población, que puede sentir que se le imponen criterios minoritarios.
En la práctica científica ya hace tiempo que se tienen en consideración los conflictos de interés cuando se presentan. La misma función de la actividad científica pierde sentido si se pone al servicio de intereses personales. Quizá por esta razón el análisis objetivo que proporciona la ciencia es un elemento esencial en la toma de decisiones públicas. En muchos países la ciencia informa internamente las decisiones políticas en los temas en los que tiene algo que decir, que son muchos. Y quizá por esta razón en países como el nuestro, donde los conflictos de intereses se mueven en un entorno confuso, la función de la ciencia puede verse como algo innecesario o como un obstáculo para los propios intereses. Es quizá una razón más del poco interés de los actuales poderes públicos por una investigación científica fuerte e independiente en España.
Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC.
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