La mala fama...

Mala fama

Esas leyes injustas ofrecen recovecos en los que se enredan los modernos leguleyos, sean jueces, fiscales o abogados

El Ñaís, José María Mena29 Julio 2014

    

Siempre tuvieron mala fama los intérpretes y aplicadores de las leyes, los jueces y fiscales, los abogados y procuradores. Sus ancestros, los escribas, eran, como los fariseos, sepulcros blanqueados, según San Mateo. Dante alojó a jueces y letrados en el octavo círculo del infierno, y Quevedo vio en las zahúrdas de Plutón a los letrados, “que era terrible la escuadra de los que iba delante de los jueces”. La razón de la mala fama era que siempre ganaban los pleitos los más poderosos. “Si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro”, decía Sancho Panza. Siempre quebraban los más frágiles.

Los pleitos y procesos tenían y tienen unas reglas que constituyen una sujeción para los Poderes y los jueces, y son una garantía para los implicados, los interesados y sus abogados. La sujeción, naturalmente, siempre incomodó a los poderosos. A Carlos V no le agradaba que le discutieran su voluntad, que era su ley y su sentencia. Por eso ordenó a Hernán Cortés “…que no haya letrados ni procuradores en la Nueva España, por ser los causantes de los pleitos. Si queda alguno, que se le apliquen fuertes castigos cada vez que provoquen un pleito”.

El prólogo de la ley procesal penal de 1882, que aún está en vigor en lo esencial, decía que “los españoles miran con lamentable recelo a magistrados, jueces, escribanos y alguaciles”. Entonces desconfiaban porque era evidente que las leyes se aplicaban favoreciendo a los poderosos. Lo grave es que más de un siglo después no hay motivos para que aquel recelo desaparezca.

Han pasado los años. La Constitución española de 1978 dice que la justicia emana del Pueblo, que todos tienen derecho a la defensa y asistencia de letrado y a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Parece que hoy los pleitos y sus artífices están bendecidos por la democracia constitucional. Pero el mensaje profundo de Mateo, Dante, Cervantes o Quevedo está todavía vivo. Hoy los poderes económicos y sus vehículos jurídicos son más sutiles o taimados que antaño. Los verdaderos poderes, los poderes fácticos, económicos y sociales, esperan y confían que las leyes, sus intérpretes y aplicadores funcionen, por propia iniciativa, según sus intereses. Y con demasiada frecuencia es lo que ocurre.

Hoy los poderes económicos y sus vehículos jurídicos son más sutiles o taimados que antaño

Estos son tiempos de inacabables restricciones y padecimientos sociales, de asfixia de los derechos de los trabajadores y de un desbordante populismo represivo. Son los bochornosos tiempos de la insolidaridad, de las crueles concertinas carniceras. En el horizonte se ven los nubarrones de las nuevas leyes de fanática y ancestral restricción de derechos de las mujeres, y leyes de seguridad dispuestas a acallar la calle, a amedrentar las iniciativas populares, y augurios de correlativas limitaciones a la independencia judicial. Con la piqueta de las leyes ha comenzado la demolición sorda pero sistemática del Estado social y democrático de derecho.

Esas leyes injustas y enrevesadas ofrecen recovecos en los que se enredan o agazapan los ancestrales escribas, los modernos leguleyos, sean jueces, fiscales o abogados. Las reglas nacidas para ordenar los pleitos y procesos, como sujeción de los Poderes y garantía de los ciudadanos intervinientes, se pueden transformar en armas para la obstrucción de los trámites. Así, los intérpretes y aplicadores de las leyes pueden retorcer y distorsionar las reglas, provocar pleitos y procesos, alargar los trámites hasta la exasperación, interrumpirlos o yugularlos, y si se tercia, vapulear y enjuiciar al juez que les juzga, y borrarle del mapa. Con frecuencia se hace inevitable, o directamente se provoca, la impunidad práctica de quienes tienen poder para lograrla. Eso pasó con Naseiro y podría pasar con Blesa, con Urdangarín y señora, con Millet, los Pujol seniors y juniors o con otros aforados o aforadas de otras familias políticas lejanas o próximas.

No obstante, la indignación que produce ese abuso de las garantías legales no puede conducir nunca hacia su mengua o supresión. No se puede volver a Carlos V. Siempre que llega una modificación de leyes o jurisprudencia que limita derechos o garantías, aunque sea por razones excepcionales y temporales, siempre llega para quedarse. Frente a esos usos torcidos de las leyes y las garantías, es imprescindible la implacable denuncia cívica y mediática, espada de Damocles de la corrupción.

Además, y sobre todo, frente al torcimiento de las leyes hay profesionales honradamente empeñados en su leal aplicación, en el trato a los que carecen de poder, realmente democrático, efectivamente igualitario. El suyo es un intenso trabajo cotidiano, callado, con aciertos y desaciertos, pero con independencia, imparcialidad y dignidad. Aunque la dignidad, desdichadamente, no significa siempre el éxito procesal. Es sabido que así como hay triunfos procesales indignos, hay dignísimas derrotas inmerecidas. No todos se han ganado la mala fama.

Josep Maria Mena fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña