La actitud pueril y mentirosa del Ministro de Justicia del Estado del Reimo de España me hace anotar esta que sigue.
El 9 de Noviembre de 2013 anoto: Recesvinto regula los Poderes del Estado que puede ser consultado.
El dotar de privilegios a quienes no tienen las propiedades que identifican a las Personas, ética y moral, se les protege de ser sometidas a llama leyes por las que las personas regulan sus relaciones. La España Visigoda de Recesvinto supera esta lacra dada en el Derecho Romano.
Estamos en regresión del Estado.
Recesvinto reinó en la segunda mitad del Siglo VII. Sucedió a su padre Chindasvinto y, entre los dos crearon el "tesoro del Reino Visigodo, o Liber Iudiciorum, o Código de Recesvinto. Leyes para los dos pueblos del reino: Prerromano y visigodo. Todo habitante del Reino es igual ante la Ley.
Deseo recordar a Pelayo como quien, tras ser muerto el Rey Rodrigo en el río Guadalete, toma el Tesoro del Reino Visigodo de Toledo y lo deja a buen recaudo, tras dar gracias a Nuestra Señora de Lucus Asturum, en Lughonia.
¿Porque van a tener el privilegio de declarar por escrito los políticos, y ministros en particular?
Así hablaba ayer el ministro Gallardón al proponer retirar tal
privilegio. No hablaba así días atrás al ampliar la lista de aforados, vergonzosa en sí misma, cualitativamente y cuantitativamente.
Este Ministro entiende que los ciudadanos son imbéciles. O, por el contrario, es él el imbécil al hacer tal pregunta y al hacer tal propuesta. No importa el grado de discapacidad que tenga o lo mentiroso que sea.
No necesitan este privilegio ya que se encuentran aforados y por lo tanto no tienen que ser juzgados por un Juzgado Ordinario, sino por un Juzgado Político. Tienen el privilegio de ser juzgados por jueces que han sido nombrados por ellos.
Si se le retira este privilegio, después retire el de poder declarar por escrito. Así, el ministro ha de tener que entrar por la puerta delantera, o pública del Juzgado Ordinario para declarar como imputado o como testigo en la comisión del delito.
Los cargos públicos no podrán declarar por escrito como testigos
Gallardón anuncia una cambio normativo para quitar privilegios a ministros, diputados y senadores
El País, María Fabra Madrid 9 Abril 2014
El presidente y los demás miembros del Gobierno, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, el del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y los presidentes de las Comunidades Autónomas tienen el privilegio de declarar por escrito cuando son interrogados como testigos en un caso judicial. Ese derecho se extinguirá con la aprobación de futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, según anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso y en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez.
Varios han sido los casos en los que ministros y presidentes autonómicos han hecho uso de este privilegio en distintos casos de corrupción. Miguel Arias Cañete, Celia Villalobos y Jesús Posada se acogieron a él cuando tuvieron que testificar en el caso Fabra. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre también respondió por escrito a las preguntas sobre elcaso Gürtel y el expresidente valenciano, Francisco Camps, hizo lo mismo para contestar a las preguntas por el caso Nóos, en el que se investiga el presunto trato de favor de las Administraciones valenciana y balear al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin.
En la futura ley
Esta es una de las medidas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al Ministerio de Justicia para la elaboración del nuevo Código Penal y que se incluirá en el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta planteada por los expertos prevé además extinguir el privilegio de diputados, senadores, magistrados del Constitucional y vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales de Sala del Supremo y Defensor del Pueblo de poder declarar desde su despacho oficial.
Gallardón confirmó además que la futura norma prohibirá también que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral y prometió trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno, con el fin de que en las próximas elecciones las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. “Si esa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra”, dijo.
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