El proceso de desinformación realizado por el Ejecutivo y las Empresas de Electricidad en connivencia, es delictivo y, por ser tan burdo, aborrecible para un ser inteligente, o persona. No es aborrecible para los Individuos Humanos de las tres subespecies no personas, poblacionales, o no sociales.
Toda la documentación utilizada por las partes y aquella utilizada en sus comunicaciones, así como la utilizada para difundir los mensajes de desinformación, han de hacerse públicas. Han de hacerse públicas a través del Fiscal General de Estado. Este, por su actitud de connivencia con los agentes delictivos o, cuanto menos, por su actitud negligente, ha de dimitir y ser cesado "de facto", o negado por parte de "los elegidos", que deberán seguir igual suerte, si no lo hacen y, en todo caso, dimitir por su actitud, cuanto menos, negligente. Por parte de la Sociedad de España, se les retira la confianza en ellos depositada mediante su elección.
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