La convención sobre discapacidad de Naciones Unidas, aprobada en Nueva York en septiembre de 2006, recoge en su artículo 10 que “los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”.
El artículo 25, recuerda el Ministerio de Justicia, establece además que los Estados “exigirán” a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad “atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad”.
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