La NEGACIÓN del Servicio Público de Asistencia Médica, no es posible hacerla por ningún ciudadano y, menos aún, por parte de aquel en condición de Sanitario.
Éticamente es reprobable. Legalmente es PUNIBLE.
El EJECUTIVO DE ESPAÑA ACTÚA CON IGNORANCIA O CON EL PROPÓSITO DE HACER DAÑO.
La NEGACIÓN DE LA AYUDA Y SOCORRO ESTÀ CONDENADA, CON PENA, O ESPERA DE CONDENA QUE ESTÁ SOMETIDA AL CÓDIGO PENAL Y A LA INTERPRETACIÓN QUE DEL MISMO HAGA EL JUEZ. En ningún caso hay EXENCIÓN DE CONDENA.
La pretendida imposición al CIUDADANO, y al SANITARIO en particular, de la NEGACIÓN DE LA ASISTENCIA, por parte del EJECUTIVO DE ESPAÑA, ha de ser INMEDIATAMENTE TOMADA como UNA ACCIÓN GENOCIDA hacia toda persona que por su condición de no tener condición de NACIONALIDAD ESPAÑOLA, ha de ser ABANDONADA A "SU SUERTE". La cualificación causal de tal disposición es de XENOFOBIA.
La NO ACTUACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES, aunque se vote en su contra, ha de ser considerada como COMPARTIDA.
La NO ACTUACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES SANITARIOS, que disponen expresamente de COMITÉ DE ÉTICA, ha de ser considerada como COMPARTIDA.
La NO ACTUACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, ha de ser considerada como COMPARTIDA.
Por la naturaleza de l cargo, la NO ACTUACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LOS FISCALES, y no digo por Institución, ha de ser considerada como COMPARTIDA.
Por la naturaleza de l cargo, la NO ACTUACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LOS DESFENSORES DEL PUEBLO, y no digo por Institución, ha de ser considerada como COMPARTIDA.
EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO, por su naturaleza, SI NO ACTÚA CONTRA ESTE DICTADO (ACCIÓN PROPIA DEL DICTADOR, nombrado o no nombrado por el "Senado") ha de ser considerada su inacción, como una acción positiva de ACEPTACIÓN de la misma.
¿Esta disposición dictatorial del Ejecutivo no será que, por su ignorancia, se refiera a la negativa de procurar salud a los ciudadanos sin nacionalidad española?. Si en realidad se refiere al cuidado de la Salud, la norma sobra, ya que sería comunicar a los residentes en España sin nacionalidad española que no se les prestará asistencia en salud, como a los residentes en España con nacionalidad española.
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